Causa extrañeza que los signatarios del Pacto de Lima aterrorizan a la gente amenazando que el modelo socialista de Venezuela llegará a nuestros países con hambre, represión, pobreza y medidas dictatoriales, sin comprender mínimamente que todas sus naciones pecan de eso y muchísimo más ahora y no en lo que podría venir presuntamente.
Parece que Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay, entre otros, tienen una pobreza extrema-no causada por la pandemia-, corrupción en altos niveles, cinco o seis familias que son dueñas de casi todo el país, destrucción del campo por importación de productos, exoneración a los más ricos de sus impuestos, propiedad privada de las riquezas básicas, represión brutal, control de cerca del 97% de los Medios Masivos de Desinformación, lo que muestra un modelo fracasado que no se debiera seguir después de 200 años de subordinación.
Hoy día Colombia se despierta con una nación movilizada, una juventud que parece no tener nada que perder excepto su vida por la grave situación de deterioro laboral y social, un campesinado arruinado por la inexistencia de una política agraria de equidad y desfinanciada por la corrupción en el programa AgroSeguro (¡¡), con un Paro nacional que convoca a marchas multitudinarias libres reclamando una sociedad en dignidad.
Así, la respuesta del presidente Iván Duque al proceso masivo de voz popular ha sido categorizado de violencia brutal por la comunidad internacional, condenando el asesinato de más de 60 personas, la detención de aproximadamente 1500, la desaparición de 300 (etiquetadas eufemísticamente como ‘personas no localizadas’), con heridos superiores a 1000, sin contar agresiones sexuales y otros agravantes como maltrato a los representantes de los Derechos Humanos.
El Gobierno ha culpado de esta situación a narcotraficantes, guerrilla y crimen organizado, de haber hecho una alianza violenta dirigida por Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, y señalando a dirigentes políticos nacionales como instigadores, posición ratificada por el ex presidente de ultraderecha Andrés Pastrana. Desde su perspectiva la única respuesta es aplicar con mano dura las fuerzas del orden y sin trepidar, tal como lo ha manifestado el mandatario. Proteger a la gente que desea trabajar y ser resguardada en su propiedad se convierte en la justificación, acusando al vandalismo de agudizar la enorme crisis que detenta la nación.
El resultado es que la consigna: “El pueblo unido jamás será vencido’, parece estar en la conciencia del pueblo que se ha organizado para decir con voz de gigante que el cambio debe llegar, logrando algunas reivindicaciones como la renuncia de ministros, menos el de Defensa (que fue apoyado por todos los partidos de derecha que cobijan al gobierno), y el retiro del proyecto tributario principalmente que dejaba nuevamente bajo la bota del impuesto a los sectores más desfavorecidos y exoneraba a las grandes familias macro ricas. La caída de la reforma de salud ya privatizada se demostró como un avance inmediato.
Al respecto, hay que señalar dos análisis necesarios:
1, EL Comité Nacional de Paro sostiene que se han presentado propuestas desde hace tres años al gobierno Duque y la última, para concertar un equilibrio y el no a la militarización, ha sido dilatado por más de un mes para desgastar el movimiento e intentar ‘marchas de camisas blancas’ con escasa asistencia de ‘gente de bien’ (mucha de ella pagada para gritar), o provocar conflictos entre comerciantes y marchantes.
El Gobierno tiene en sus manos la solución; lo difícil es que cambie su concepción elitista vinculada a las macro riquezas familiares. Esto indica que la agudización puede enervarse llevando a un virtual auto golpe de estado para emplear la fuerza pública como único recurso, que es justamente aquella que ha sido acusada de una agresión brutal.
2. Colombia ostenta algunos récords que nadie debería imitarlo: considerado el quinto país más desigual del mundo, el primer productor de coca y tráfico organizado, con el mayor número de asesinatos a líderes sociales, comunitarios y de defensa de los Derechos Humanos, los que no son causados por el Paro, sino que están en la esencia de la gobernanza colombiana. Los descubrimientos de avionetas con coca ligados a dirigentes del partido de gobierno, han causado serios reparos éticos.
Lo anterior convoca a una reflexión profunda: sostener el caos o no llegar a acuerdos siempre favorece a los sectores dominantes de una sociedad y engañar a la gente con la polarización o búsqueda del ‘centro’ prepara una estrategia electorera. Atemorizar con lo que puede venir, aunque nunca ha llegado: el comunismo, ‘olvida’ que aquí si existe un régimen neoliberal real, macabro, que no ofrece justicia ni equidad y si pobreza y represión, mecanismo usado por los grupos en el poder para que nada cambie, excepto el rostro de los mismos con grasa diferente. La denominada ‘Toma de Bogotá’ puede otorgar situaciones ojalá proactivas para la paz tan ansiada o, en su defecto, acentuar la domesticación mortal.
Da la impresión que este año será de agitación permanente debido a la justeza social exigida y al uso desmedido de la fuerza como instrumento estatal fuerte por la incapacidad de responder con valentía y generosidad a los reclamos legítimos de toda una comunidad. No obstante, las revocatorias de mandato de alcaldes este año, las marchas y acciones artísticas, pedagógicas, comunitarias, permitirán ver las fuerzas en contienda cuando el 2022 se elijan representantes populares o congresales corruptos en el parlamento, guiando hacia la elección de presidente donde existe por primera vez, efectivamente, la esperanza de transformación de la sociedad por medio del voto de la juventud preferentemente y de los adultos que no supieron dar a la niñez un presente de prosperidad.
