Las imágenes que llegan desde Colombia, y más concretamente de la ciudad de Cali, son muy preocupantes. Las autoridades locales han perdido el control de la situación. Los saqueos nocturnos en comercios y gasolineras se han convertido en habituales. La furia se ha extendido por esta ciudad de 2,5 millones de habitantes, bloqueada en muchos puntos. Los retenes y las barricadas han reducido los movimientos de mercancías, lo que ha ocasionado el aumento de los precios de los productos y el desabastecimiento. El caos es evidente y ya se empieza a ver a civiles armados disparar contra manifestantes, lo que aviva el fantasma del paramilitarismo, un fenómeno tristemente conocido entre los colombianos.

El paro nacional empezó el 28 de abril, pero en Cali los ánimos ya estaban caldeados un poco antes, primero por una manifestación universitaria reprimida por la policía y después por el derribo de la estatua del fundador de la ciudad, el español Sebastián Belalcázar.

El catalizador de la respuesta ciudadana fue la propuesta de una reforma tributaria que iba a gravar el IVA y a crear un impuesto a los servicios funerarios, entre otras medidas, perjudicando a las clases medias y altas para que subsidiaran a las más bajas. Porque la pobreza se ha instalado en el país. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 3,5 millones de colombianos se convirtieron en pobres a lo largo de 2020. Eso implica que ya son 21 millones los que no tienen suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas, lo que representa el 42% de la población colombiana.

Las protestas han sido mayoritariamente pacíficas, pero por la noche se fueron extendiendo los saqueos a comercios y gasolineras, así como los ataques perpetrados por vándalos a estaciones de policía —los CAI o Comandos de Asistencia Inmediata—, acciones que solo buscan el caos y la confrontación. Los pillajes son selectivos y probablemente están siendo instrumentalizados porque se enfocaron en los puntos estratégicos de la economía, ya debilitada de por sí.

Las fuerzas policiales intervinieron sin contemplaciones, cometiendo excesos que no se veían desde los años 70 y 80. Eso exacerbó el tono de las manifestaciones y la espiral de violencia. Eso y la denuncia del Gobierno del presidente Iván Duque de que detrás de estos actos está la disidencia de las FARC y el ELN, cuando lo cierto es que las marchas han congregado a diferentes sectores sociales y a personas de todos los estratos. Hasta el 6 de mayo se habían reportado 26 muertos y 90 desaparecidos, además de cientos de heridos y detenidos. Por no hablar del balance millonario de daños causados.

El tres de mayo, cinco días después de arrancar el paro nacional, el presidente Duque reculó, retiró del Parlamento la controvertida reforma tributaria y aceptó la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pero esas concesiones no frenaron los bloqueos de carreteras ni las protestas multitudinarias.

¿Por qué se levantaron las calles de Cali, convertida en la capital de la resistencia? Por la combinación tóxica de las tres P:

El alcalde caleño, Jorge Iván Ospina, hijo de Iván Marino Ospina, fundador de la guerrilla M-19, aduce cinco razones para explicar el estallido:

Según declaró la politóloga Sandra Borda, entrevistada por El Hilo, el podcast de Radio Ambulante Estudios, la gente asoció la reforma tributaria con la crisis económica. Otro motivo, en su opinión, es “el deterioro de la confianza” de la ciudadanía en sus dirigentes por la “ineptitud” del Gobierno. También hubo un problema de comunicación porque la reforma contenía verdaderas medidas progresistas, pero no fue explicada al pueblo en sus justos y claros términos.

Borda, profesora en la Universidad de Los Andes y columnista en el diario bogotano El Tiempo, considera que el arreglo de la crisis no pasa por una reforma constitucional, como ha sido el caso de Chile —”nuestra Constitución es una de las más garantistas de la región”, asegura ella—, pero sí parece necesario que se aborde un rediseño del actual contrato social, que puede derivar en importantes reformas institucionales.

Las protestas de ahora no se entienden sin las de 2019, porque estas le revelaron a la sociedad civil colombiana la fuerza que tienen las movilizaciones colectivas, sobre todo en un país donde, como explicó Borda, no habían sido sistemáticas y, además, habían estado siempre vinculadas a las guerrillas y eran poco legítimas y minoritarias. Eso cambió.

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, pues se celebrarán dentro de un año, a Duque le toca ahora negociar, no sólo dialogar, para sacar a la nación del borde del abismo. El país se juega su porvenir. El jefe de Estado más joven de la historia reciente de Colombia está contra las cuerdas, cuestionado, debilitado. Borda es muy crítica con él, y le tilda de vacío, indiferente e indolente. Y aunque sea de derechas, los sectores conservadores tampoco están satisfechos con su gestión.

Las autoridades son “endebles, casi que invisibles, temerosas de actuar por miedo a la crítica y a la comunidad internacional, e incapaces de prever y plantear con profesionalidad cómo afrontar acontecimientos que estaban cantados. Muchos ciudadanos se sienten abandonados por ellos”. Así se expresa la columnista de la revista colombiana Semana Salud Hernández-Mora, quien no simpatiza con las opciones de izquierda y califica el paro nacional de “irracional”.