El expresidente brasileño se arriesga a ocho años de inhabilitación por supuesto abuso de poder tras cuestionar el sistema electoral ante decenas de embajadores extranjeros en julio de 2023
El caso más maduro entre las 16 investigaciones que Jair Bolsonaro, el anterior presidente de Brasil, tiene abiertas entra este jueves en la fase crucial. Siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) han empezado a juzgarle por abuso de poder. La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación, lo que le apartaría de las elecciones hasta 2030. La acusación sostiene que el ultraderechista usó su cargo como jefe del Estado para convocar a decenas de embajadores extranjeros a una reunión en Brasilia a tres meses de los comicios. Ante ellos, cuestionó el sistema electoral.
El expresidente también será juzgado por uso indebido de los medios de comunicación porque aquel encuentro, celebrado en julio de 2022, fue retransmitido en directo por la televisión pública. En su discurso ante buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Brasilia, el entonces presidente atacó a los jueces de la corte electoral además de aventar todo tipo de falsedades para cuestionar, sin pruebas, el sistema de votación. Deslegitimar las elecciones fue, como en el caso de Donald Trump, su estrategia ante una posible derrota, que el electorado confirmó en octubre.
Bolsonaro ha declarado al diario Folha de S.Paulo horas antes del juicio que, si es inhabilitado, será “una afrenta” que le “quitará un poco de fuelle” político, pero ha añadido que pretende seguir 100% activo. El anterior presidente no asiste a la vista, sino que ha viajado este jueves a Porto Alegre.
La previsión es que el juicio en el Tribunal Superior Electoral dure varias sesiones y concluya la semana que viene. Casi todos en Brasil, incluidos Bolsonaro y el Partido Liberal, en el que milita, apuestan a que la vista concluirá con una condena. Si eso se confirma, el ultraderechista sólo podrá concurrir a unas elecciones a partir de 2030, tendrá entonces 75 años.
Entre los magistrados que le van a juzgar, está Alexandre de Moraes, al que Bolsonaro acusa de perseguirle y que en los últimos tiempos desde su atalaya como presidente del Tribunal Supremo ha emprendido una cruzada en defensa de la democracia con algunos movimientos calificados de excesos.
Bolsonaro, cuya derrota le dejo sin inmunidad por primera vez en 30 años, afronta otra quincena de casos incluidas acusaciones gravísimas como la de alentar los ataques golpistas perpetrados por miles de sus seguidores en enero pasado. Y las sospechas cada vez le salpican más de cerca. El militar que durante estos años ha sido su ayudante más cercano, el coronel Mauro Cid, fue encarcelado hace varias semanas y durante las pesquisas los investigadores han encontrado en su teléfono móvil borradores de minutas para perpetrar un golpe de Estado, según la policía.
El expresidente también está en la mira de los jueces por su gestión de la pandemia del coronavirus, que mató a más de 700.000 brasileños, está acusado de manipular su cartilla de vacunación y de quedarse con unas valiosísimas joyas que regaladas por Arabia Saudí.
Bolsonaro, al que la derrota electoral sumió en una depresión, se marchó después a Florida (Estados Unidos). Desde que regresó a su patria, el cerco judicial en torno a él se ha ido estrechando con revelaciones múltiples, la apertura de nuevas investigaciones e interrogatorios policiales. También ha tenido tiempo de participar en algunos mitines en los que ha desplegado un discurso más comedido que el que le dio la fama y le alzó a la Presidenncia porque siente auténtico pavor a acabar en prisión. Reiteradamente ha proclamado que jamás será encarcelado.
Aunque las apuestas digan que Bolsonaro será inhabilitado por los jueces, conviene no olvidar los inesperados giros de 180 grados que tan a menudo da la política en Brasil.
Este mismo miércoles, Cristiano Zanin, el abogado de Luiz Inácio Lula da Silva cuando este estuvo preso, el que construyó los argumentos legales que consiguieron la anulación de los casos contra él y, por tanto, abrió la puerta a su regreso a la Presidencia, se sometía a una audiencia ante el Senado porque su antiguo cliente lo quiere colocar de juez en el Tribunal Supremo.
Entre los que han interrogado al candidato a la máxima corte, el ahora senador Sérgio Moro, que cuando era juez encarceló a Lula, el mismo que dejó la judicatura para ser ministro de Bolsonaro y soñó con jubilarse como juez del Supremo. En paralelo al cierre de los casos contra Lula, Moro fue condenado por no ser imparcial con el antiguo y actual presidente de Brasil.
Los senadores han bendecido la designación del abogado de Lula como juez del Supremo, donde estará 27 años, hasta que cumpla los 75 años. Poco antes, Bolsonaro, que ya no es parlamentario, se dejaba ver por el Senado.
