Es periodista colombiana en Cerosetenta que cubre temas de derechos humanos, salud mental, género y minorías.
A Esteban Mosquera lo despidieron multitudes en Popayán hace casi un mes. Mientras cargaban su féretro, sus compañeros repetían arengas que oímos en las calles unos meses atrás, durante el más reciente paro nacional: “¿por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?”. Esteban es uno de los más de 1200 líderes sociales asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
Lo asesinaron el 23 de agosto, cerca de su casa. A pesar de que tres personas ya fueron capturadas, no hay una hipótesis sobre el móvil de su asesinato y la incredulidad respecto a la velocidad de las capturas, en un país donde la impunidad ha sido el común denominador en los asesinatos de líderes sociales, no permite tener plena confianza en la justicia.
Cuando la propuesta de reforma de impuestos desató el paro en abril, Esteban era estudiante de música y uno más de los jóvenes que salió a las calles a pedir garantías para una vida digna. La represión no era nueva para él. Durante las protestas de 2018 contra el entonces nuevo gobierno de Iván Duque, sufrió una mutilación ocular por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). A pesar de eso continuó manifestándose, para pedir la gratuidad de las universidades públicas.
La generación joven de colombianos vive descontenta por la falta de oportunidades para estudiar y para trabajar, y a la sombra de décadas de una guerra interna. En 2018, casi el 60 por ciento de graduados de bachillerato no pudo acceder a educación superior de forma inmediata. Y más del 14 por ciento de los colombianos está sin empleo. Además, la crisis económica mantiene a más de 21 millones de personas sumidas en la pobreza y a 7,4 millones en la pobreza extrema.
Sin embargo, la respuesta del gobierno nacional a las demandas de reivindicaciones ha sido la brutalidad y la represión. En el punto más álgido del paro, entre el 28 de abril y fines de junio, hubo 44 homicidios a manos de integrantes de la fuerza pública, de acuerdo con la oenegé Temblores. Y se habían abierto al menos 78 procesos disciplinarios contra algunos de sus integrantes por excesos. Pero no se han presentado esos resultados.
Las demandas de los manifestantes —que primero exigieron cancelar una reforma tributaria que podría haber ahondado la crisis económica—se han expandido con el tiempo para incluir garantías de un salario mínimo, medidas para prevenir la brutalidad policial, la gratuidad universal de la educación superior. Recientemente, las negociaciones entre el gobierno y los líderes del paro se estancaron por agotamiento sin producir los resultados esperados.
Hoy, aunque estamos viviendo una incómoda calma entre los bandos, hay un temor a lo que puede suceder. Hemos sido víctimas de amenazas y ataques provenientes de fuerzas desconocidas contra quienes han sido protagonistas del paro. Tememos que Esteban no sea el último asesinado en un país sin memoria colectiva de sus heridas.
Durante los días y noches del paro reinó el terror, pero los manifestantes también vivimos el nacimiento de una nueva Colombia basada en la solidaridad y la protección mutua.
Vimos jóvenes corriendo para refugiarse del Esmad, pero también vimos a mujeres abriendo las puertas de sus casas para que esos jóvenes pudieran refugiarse. Vimos a miembros de la policía disparando contra los manifestantes, pero también vivimos la unión alrededor de las ollas comunitarias en las que se alimentaron cientos de personas, que de otra manera habrían pasado hambre. Vimos a civiles armados disparando con armas de fuego y traumáticas —o armas de fogueo que pueden ser letales— a la minga indígena, un colectivo de organizaciones que fue a proteger a las primeras líneas en los puntos de resistencia.
Voces diversas y con reclamos distintos rechazan vivir ante la mirada fría e indiferente de las élites políticas, que mientras afuera del país pretenden mostrarse como guardianes de los derechos humanos, hacia dentro no dan respuesta cabal al asesinato de quienes los defienden. Es importante seguir esos ejemplos y no olvidar su lucha.
El liderazgo político y las instituciones estatales deben empezar por investigar y castigar los abusos policiales y demás crímenes ocurridos durante las protestas del último paro y en eventos anteriores. Es esencial honrar la lucha y la memoria de las víctimas de la violencia como Esteban, demandando que el gobierno establezca un proceso de reparación para los afectados. Hay que crear espacios de reconciliación y cuidado mutuos que no existen actualmente en Colombia. Todo esto debe estar apoyado en capacitación en derechos humanos para las fuerzas armadas estatales, tal y como lo recomendó en su informe la CIDH.
La ciudadanía en Colombia enfrenta a diario el exterminio político y social. La violencia contra sus líderes sociales es el resultado de esta larga historia. Para romper el ciclo, será necesario promover la representación política de los liderazgos jóvenes del país. Todas estas acciones deben ser la piedra angular para sanar las heridas.
La tarea más importante del gobierno es garantizar la vida. Los jóvenes colombianos queremos un futuro digno y no queremos enterrar a un Esteban Mosquera más.
