En el verano de 2022, 70 bebés y niños gambianos murieron por insuficiencia renal tras ingerir jarabe para la tos ilegal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta mundial informando que cuatro productos sanitarios infantiles procedentes de la India estaban contaminadas.
Desde gel desinfectante defectuoso hasta píldoras falsas contra la malaria, la ONU y los países aliados de la región africana del Sahel combaten meticulosamente un comercio ilícito que creció durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), los medicamentos de calidad deficiente o falsos, como el jarabe infantil para la tos de contrabando, matan anualmente a cerca de medio millón de subsaharianos.
El informe explica cómo las naciones del Sahel, una franja de 6000 kilómetros de ancho que se extiende desde el Mar Rojo hasta el Atlántico y en la que viven 300 millones de personas, están aunando fuerzas para detener los medicamentos falsos en sus fronteras y exigir responsabilidades a los autores.
Mientras se produce esta lucha, los habitantes del Sahel se enfrentan en una contienda sin precedentes: el conflicto y la violencia han desplazado a más de 2,9 millones de personas y los ataques de los grupos armados provocaron el cierre de 11.000 escuelas y 7000 centros de salud.
A este violento escenario se le une la escasa atención sanitaria regional que cuenta con una de las incidencias de malaria más altas del mundo, todo ello en una región donde las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de muerte.
“La disparidad entre la oferta y la demanda de atención médica se cubre, al menos en parte, con medicamentos obtenidos ilegalmente”, señala el informe, que explica que los mercados callejeros y los vendedores no autorizados, especialmente en zonas rurales o afectadas por conflictos, son a veces las únicas fuentes de medicamentos y productos farmacéuticos.
El estudio muestra el elevado coste del comercio ilegal de medicamentos, en términos de atención sanitaria y vidas humanas.
Los falsos medicamentos contra la malaria matan anualmente a 267.000 personas en el Sahel, mientras que unos 170.000 niños mueren cada año por antibióticos no autorizados utilizados para tratar neumonías graves.
El tratamiento de las personas que han utilizado productos médicos falsificados o de baja calidad para el tratamiento de la malaria en el África subsahariana cuesta hasta 44,7 millones de dólares al año, según estima la Organización Mundial de la Salud.
La corrupción es una de las principales razones por las que se permite que florezca este comercio.
Se calcula que cerca del 40% de estos productos, denunciados en los países del Sahel entre 2013 y 2021, aterrizan en las cadenas legales de suministros, revela el estudio. Estos medicamentos suelen proceder de países exportadores como Bélgica, China, Francia e India y algunos llegan a las estanterías de las farmacias.
Los implicados en estas tramas son trabajadores de empresas farmacéuticas, funcionarios públicos, agentes de la ley, trabajadores de agencias sanitarias y vendedores ambulantes, todos ellos motivados por un posible beneficio económico.
Aunque se suele asociar el tráfico de medicinas en el Sahel a los grupos terroristas y a los grupos armados no estatales, éste gira principalmente en torno al consumo de medicamentos o a la extorsión, camuflados como supuestos “impuestos”, sobre los envíos en las zonas bajo su control.
