Asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, infiltración de agentes y de civiles armados, se ciernen sobre la Fuerza Pública y las autoridades colombianas, en el marco de las protestas contra el Gobierno Uribista de Iván Duque.
Las protestas que se realizan en el marco del paro nacional que Colombia vive desde hace más de dos semanas, se enfrentan a la dura represión policial. Las fuerzas policiales usan gases lacrimógenos, un arma química prohibida en 1993 en la Convención de Ginebra, pero que sigue siendo usada por policía colombiana contra los manifestantes.
Mientras aumenta el rechazo público, el Gobierno Uribista de Duque, negando las solicitudes de los colombianos, no ha hecho nada para calmar la situación, sino aumentar el despliegue policial para poder sofocar las protestas.
El presidente ultraderechista de Colombia es denunciado en la Corte Penal Internacional y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad durante las protestas.
Los informes de las organizaciones pro derechos humanos, han indicado que solo entre el 28 de abril hasta el 12 de mayo, se registraron más de 2000 casos de violencia policial contra los manifestantes colombianos y más de 40 homicidios.
