“Criminalizar es la forma en la que Guatemala persigue a los pueblos indígenas”

Cuatro años y dos meses, un total de 1.520 días encerrado en una cárcel que no cumple ni de lejos con unas condiciones mínimas. Jornada tras jornada de encierro, consciente de que el único objetivo de los tribunales ha sido callarle. Sin embargo, el guatemalteco Bernardo Caal Xol no ha cesado ni un momento de denunciar el expolio del agua de su pueblo maya. El líder indigenista del pueblo q’eqchí acaba de salir de un centro penitenciario en Cobán (Alta Verapaz) tras cuatro años. Ha cumplido la mitad de una condena de siete años y cuatro meses de cárcel que se dictó con pruebas tan endebles que su juicio fue denunciado públicamente por sus irregularidades por un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahora su salida se debe a una reducción de la pena obligada por ley, no porque haya sido invalidada.

Maestro de profesión y activista contra las hidroeléctricas por vocación, su nombre ha salido de entre las cuatro paredes donde estuvo encerrado para alcanzar los grandes medios del mundo, desde la BBC a The Washington Post, entre otros. Caal acusa de “corrupto” al sistema judicial en Guatemala, pues denuncia que está demasiado cerca del poder político y empresarial.

Caal había denunciado judicialmente a la hidroeléctrica Oxec (en Alta Verapaz) por sus planes de explotación del río de ese mismo nombre que es afluente del Cahabón, con lo que logró parar la obra proyectada allí por un tiempo. Más adelante, también se opuso públicamente al mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala, de la hidroeléctrica Renace, junto a un tramo del río Cahabón en el que viven aproximadamente 30.000 personas. La obra había sido encargada al español Grupo Cobra.

Tras una campaña de acoso y derribo en redes sociales y medios de comunicación, llegó la criminalización, denuncian sus abogados. En enero de 2018, el líder indígena fue detenido, acusado de un robo de material y de la retención de varios trabajadores de una empresa subsidiaria de Oxec, hechos que habían ocurrido tres años antes. La acusación se fundamentó en los testimonios de aquellos obreros y, finalmente, Bernardo Caal fue condenado a finales de 2018 a siete años y cuatro meses de prisión.

Ningún recurso logró en estos años su puesta en libertad. Hasta 69 magistrados se fueron pasando los recursos que planteó su defensa, sin éxito y pese al creciente apoyo de organizaciones internacionales, desde grandes ONG como Amnistía Internacional o Greenpeace, hasta las Naciones Unidas: la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por esta condena tras visitarle en la cárcel.

En los cuatro años y dos meses que ha pasado encerrado, la familia del activista ha recogido reconocimientos en Europa y sus abogados han batallado para invalidar una sentencia que ahora sigue pendiente de un recurso ante la Corte Constitucional guatemalteca. Nada más salir, Caal se dirigió hacia su pueblo, en la comunidad de Santa María de Cahabón, acompañado de su familia. En el trayecto fue parando para saludar a quienes habitan las orillas del río homónimo, asentamiento humano desde tiempos remotos y de gran valor ambiental. Uno de los 15 ríos más hermosos del mundo, según publicó la CNN en 2013. Hoy, el líder q’eqchí sigue denunciando que sus aguas han sido “secuestradas” por las dos hidroeléctricas para producir una energía eléctrica que no se queda en el territorio donde se produce, precisamente en una de las zonas con más pobreza del país.

Caal responde, ahora desde su libertad, por teléfono. Una tos oscura y rasposa interrumpe de cuando en cuando sus respuestas…

Pregunta: ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Muy contento, pero aún estoy adaptándome a tanto espacio en libertad. Los cuatro años se hicieron largos. Estoy pendiente de hacer un chequeo médico y psicológico para tratar los impactos que he sufrido. Afortunadamente, me llegaban mensajes de que muchas personas pedían mi libertad.

Lo que han hecho conmigo es criminalizarme, que es la forma de actuar del Estado de Guatemala para perseguir a los pueblos originarios de mi país. Me acusaron de robar unos materiales de la obra. A ver: ¿para qué iba yo a robar unos cables, si soy maestro? Es totalmente absurdo. Durante este tiempo sí que estuve informado, por las visitas, de lo que ocurría fuera, de las movilizaciones nacionales y fuera del país. Yo contestaba con cartas manuscritas que se hacían públicas. Ahora tengo que superar las secuelas físicas y psicológicas, porque las hay. Lo mejor desde que he salido ha sido el recibimiento en las comunidades q’eqchíes que visité de camino desde Cobán hasta mi comunidad.

P: ¿Cómo son las condiciones en la cárcel?

R: En realidad, me han tenido más de cuatro años en un centro penitenciario de preventivos, que es para cuando no hay una condena y, por tanto, sin espacio y sin recursos de ningún tipo. Compartí mi celda con otras 150 personas, hacinados. Como comenzó la pandemia, durante ocho meses nos tuvieron encerrados, sin salir ni siquiera al patio a dar una vuelta o a ver el sol. Fue muy duro. Tampoco se recibían visitas. De hecho, ya no las hubo hasta mi salida. En una cárcel no preventiva habría tenido más espacio. Pero era un lugar superpoblado, insalubre, con pésimas condiciones para hacer sufrir a las personas. Además, tenía que convivir con delincuentes que sí que habían cometido crímenes.

P: ¿Qué sintió al salir?

R: Alegría y mucha emoción, pero no olvido que no salí porque el Estado de Guatemala rectificara y reconociera mi inocencia, sino porque la ley obliga a la reducción de la pena. Aún sigo a la espera del recurso que plantearon mis abogados ante la Corte Constitucional y, si se rechaza, acudiremos a la Corte Interamericana y a otras instancias internacionales.

P: ¿Había más compañeros defensores de derechos con usted en prisión?

R: Sí, había otros cinco donde yo estaba, en Cobán. También fueron acusados de delitos falsos por defender sus territorios. Ellos prefieren mantenerse en el anonimato, pero están ahí y me pidieron que también luche por su libertad.

P: ¿Cómo se ha encontrado el río Cahabón?

R: Con las siete hidroeléctricas –cuatro fases de Renace y dos de Oxec– funcionando. Y hay más en otros ríos de mi país, todas concedidas de forma corrupta y sin realizar una consulta a los pueblos indígenas, como marca el Convenio 169 de la OIT. En el río Oxec, la empresa pagó a 11 comunidades para tener su permiso, que es otra manera de corromper.

En cuatro años, nada cambió a mejor, si acaso a peor, porque los jueces independientes se han ido del país. Da la sensación de que al Estado ya ni le preocupa su imagen internacional, tras la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en 2019. Y luego está la responsabilidad de las empresas, algunas extranjeras y muy poderosas, como la española ACS, que hacen negocios en este ambiente corrupto.

P: ¿Qué planes tiene?

R: Ya no puedo seguir ejerciendo de maestro, pero sí luchando por los derechos de mi pueblo q’qechí. Ahora, descansaré con mi familia un tiempo y me recuperaré físicamente, pero luego quiero dar a conocer mi experiencia de criminalización en las comunidades, que se sepa cómo funciona este Gobierno y denunciar los atropellos a los derechos humanos. Me llena de energía ver tanta injusticia y también pensar en los compañeros que siguen encarcelados con sentencias de hasta 30 años. No me puedo quedar callado. Y quiero aprovechar para agradecer a todo el mundo que me ha apoyado, que firmó por mi libertad, que se movilizó y no se olvidó de que estaba preso, que compartieron mis cartas manuscritas. Todos me han acompañado mucho en esos años. Gracias.