Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha capitalizado la frustración popular con la violencia para fortalecer su propia posición. Aunque su enfoque para aplastar la violencia de las pandillas ha suscitado gran inquietud en el ámbito de los defensores de los derechos humanos —a febrero de 2024, su campaña contra la violencia había incluido cerca de 78 mil detenciones y 235 muertes en custodia del estado—, ha demostrado su popularidad entre los votantes. Acaba de ser reelecto con un aplastante 82.66% de la votación, mientras que la izquierda, representada por su anterior partido, el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, sufrió los peores resultados de su historia, con apenas un 6.4%.
En contraste, Gabriel Boric, el joven presidente izquierdista de Chile, se las ha visto en problemas para combatir tanto la delincuencia común como el crimen organizado, y su posición política se ha visto afectada. Fue electo con el 56% de los votos en 2022, pero hoy más del 60% de los chilenos desaprueban su liderazgo.
Mientras que la derecha y la centroderecha se sienten cómodas beneficiándose de la ansiedad del electorado acerca de su seguridad personal, a menudo la izquierda y la centroizquierda centran el debate en buenas intenciones más que en soluciones viables. Por ejemplo, la idea de que los pobres “roban porque tienen hambre” todavía está muy arraigada entre los progresistas. Así que, en lugar de impulsar medidas represivas que pudieran asociarse con violaciones a los derechos humanos, suelen poner énfasis en la prevención y la rehabilitación.
El problema de este enfoque es que, en las actuales condiciones, la delincuencia a veces está motivada más por la búsqueda de estatus que por el hambre, por el deseo de acceder rápido a la riqueza y al lujo sin tener que trabajar para lograrlo. Los delincuentes representan una perversión del sistema, de modo muy similar al de los mercados ilícitos —piénsese en las drogas, el tráfico de seres humanos, la prostitución, la piratería y la tala forestal y la minería ilegales— son una perversión de la libertad del capital y los mercados laborales.
A menos que deseen seguir estando arrinconadas por la derecha, las fuerzas del progresismo deben cambiar su acercamiento a la violencia de manera fundamental, lo que implica reformular conceptos básicos y reconocer que, si bien es necesaria su propuesta más emblemática —fortalecer el estado de bienestar—, es una respuesta insuficiente a las amenazas que platean la violencia y el crimen organizado.
El estado de bienestar moderno es una construcción compleja, forjada mediante luchas sociales, innovaciones intelectuales (como el keynesianismo) y políticas públicas (como varias de las establecidas después de la Segunda Guerra Mundial). Tiene distintas dimensiones: salud, pensiones, desempleo, vivienda, educación y, de manera más reciente, la “economía de los cuidados”. Pero la seguridad no es una de ellas, y la incapacidad de la izquierda en este frente es una razón clave de sus derrotas recientes. Si bien puede que el problema no sea tan urgente para los ricos, que pueden comprar la seguridad faltante a proveedores privados, una mayoría sustancial de los habitantes de la mayor parte de los países de América Latina necesitan una solución pública.
La violencia acecha en casi todas las grandes ciudades de América Latina. Incluso capitales tradicionalmente consideradas pacíficas han llegado a asemejarse a lugares tan conflictivos como Reinosa, Tijuana, Port-au-Prince, Río de Janeiro y Cali.
De hecho, si bien América Latina tiene más de 180 millones de habitantes viviendo en la pobreza y la reputación de ser la región más desigual del planeta, la violencia se ha convertido en la principal preocupación de sus países. Un determinante clave para el apoyo popular a sus gobiernos ha pasado a ser el hecho de si son capaces de controlarla o no.
La seguridad debe verse como un componente esencial de la protección social. Como ha señalado el ex Ministro de Justicia brasileño Tarso Genro, resulta esencial para asegurar el funcionamiento normal de las instituciones y proteger los derechos de los ciudadanos. Abordar este tema es crucial, porque obstruye el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos.
Teniendo esto en mente, la visión de un “Estado seguro” en el que la seguridad se considere como un bien público fundamental debería convertirse en el nuevo paradigma. Este es el objetivo del proyecto “Hacia la reconstrucción de estados de bienestar social en las Américas”, que yo y mis colegas hemos desarrollado a lo largo de estos últimos dos años a través de reuniones presenciales en Santo Domingo, Guadalajara, Santiago, Sao Paulo y Bogotá, y que tiene el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las Fundaciones Open Society y, más recientemente, la Fundación Friedrich Ebert. Reconocer la importancia de la violencia y la delincuencia como un problema político central es apenas el primer paso. Los progresistas de América Latina (y de los países ricos) además deben diseñar una postura programática efectiva y viable que no deje de abordar la precariedad como causa de los delitos y la delincuencia, como tienden a hacer hoy, ni imite el enfoque de mano dura de la derecha.
Por último, la seguridad cuesta dinero. No es ninguna coincidencia de que América Latina tenga menos policías, jueces, cárceles y fiscales que la mayoría de los países “seguros” (que tienden a ser ricos). Por sí solo, el aumento el gasto no va a solucionar el problema de violencia que se vive en la región, pero deberá ser un pilar de toda agenda progresista.
Diseñar una estrategia y garantizar la seguridad que anhelan tantos latinoamericanos tal vez sea el reto más difícil al que se enfrentan muchos de los gobiernos de la región, pero también es el más importante.
