No hay un metro sobre el que se haya escrito más que sobre el de Bogotá. Un transporte que ni siquiera existe pero que lleva en los planes de la ciudad desde hace ocho décadas. El suburbano es como un puñalada al orgullo de los bogotanos, que sienten como una deshonra ser de las pocas grandes urbes del mundo que no cuentan con un transporte público masivo. Ni siquiera ahora, que las obras ya están en marcha, el tema ha dejado de ser polémico. El Gobierno nacional y las sucesivas alcaldías de la capital llevan años enzarzadas en un pulso continuo sobre la gran obra de infraestructura de Bogotá para la próxima década, un sistema que podría cambiar la movilidad de una urbe de ocho millones de habitantes que cada año gana el primer puesto como la ciudad con peor tráfico del mundo.

A Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá desde el 1 de enero, se le ha acabado ya el tiempo de gracia. El Gobierno de Gustavo Petro ha empezado a presionar sobre unas obras que el actual regidor ha prometido continuar como inició su antecesora, Claudia López. Las broncas entre la exalcaldesa y el presidente a cuenta del metro durante la pasada legislatura fueron memorables y, a pesar de que Galán aún mantiene su tono conciliador, amenazan con volver a repetirse. El del metro es un hueso que Petro no está dispuesto a soltar, obsesionado con que el proyecto sea subterráneo y no elevado, como se está construyendo.

El domingo pasado, los ministros de Transporte y Hacienda hicieron un sobrevuelo, debidamente retransmitido por redes sociales, sobre las obras de la capital para verificar su estado. En Twitter, el encargado de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó caer la advertencia: “El Congreso aprueba partidas globales, y dentro de esas partidas, se discute cuáles son las prioridades, evaluando la ejecución real de los proyectos”. Vino a decir que el dinero del proyecto —que el Estado nacional asume en un 70%— no estaba asegurado. Galán reaccionó con templanza y reconoció un “leve” retraso, pero recordó que “los aportes de la Nación no están vinculados a los avances de obra”.

El tira y afloja lo continuó el lunes el perfil de Twitter de la empresa del Metro de Bogotá —que aún sin existir todavía en la vida real, cuenta en el mundo virtual con más de 153.000 seguidores—. En un mensaje celebró con orgullo la construcción de las primeras dos columnas de las obras con su respectiva imagen, sin mencionar que aún quedan otras 700 por hacer. Hubo ciudadanos que se tomaron el anuncio con humor, que dio para memes y hasta alguna propuesta para declarar el día festivo ante semejante hito. Galán insistió horas después: “¡El metro avanza!”, una frase que ya hizo famosa su antecesora.

Detrás del transporte que aún no tienen los bogotanos se esconde un problema político por la paternidad de un proyecto que todos quieren asumir. Hace una década que el plan empezó a tomar forma. Entonces era alcalde el hoy presidente Petro. El líder de la izquierda logró avanzar mucho en la planificación de un metro subterráneo e incluso acordó con el entonces presidente Juan Manuel Santos una aportación nacional del 70% del presupuesto. Pero su mandato acabó antes de que se volviera realidad. Su sucesor, Enrique Peñalosa, diseñó en su lugar un metro elevado y sacó el proyecto a licitación, un concurso que ganó Apca Transmimetro, un consorcio chino. Cuando López llegó a la alcaldía en 2020, continuó el contrato y empezaron las obras. Dos años después, Petro asumió la Presidencia y puso sobre la mesa recuperar su plan inicial: un metro subterráneo. López se opuso tajantemente a paralizar un proyecto que ya estaba en marcha y la guerra con el presidente desde entonces fue feroz.

Petro nunca dio su brazo a torcer y hace meses solicitó un estudio, que tuvo un coste de 8.000 millones de pesos, para evaluar todas las opciones. El resultado del informe no se conoció hasta este lunes, aunque de manera difusa, ya que aún no se ha hecho público íntegro, a pesar de que fue entregado al Gobierno hace dos meses. La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) -encargada del estudio- compareció ante el Senado y las palabras de su vocero sonaron a evasivas: “No fuimos contratados para dar una recomendación sobre qué clase de metro se debe hacer”. Esa era supuestamente la baza del presidente para frenar el proyecto actual y soterrar una parte de la primera línea, que es la que está en marcha, pero parece que los resultados no avalan lo suficiente su tesis. Los ingenieros echaron balones fuera: “Hicimos ejercicios académicos, con eso no se puede tomar una decisión”.

El debate, sin embargo, promete continuar y ahora la presión se ha trasladado al tema económico, en el que el Gobierno tiene el poder. La megaobra tiene un coste de 22,3 billones de pesos (5.400 millones de dólares) y se espera que el metro entre en funcionamiento en 2028. En el presupuesto nacional de este año se deberían destinar 776.139 millones de pesos a las obras, pero el rubro aún no está cerrado y los ministros juegan a la ambigüedad sobre el montante final. El presidente, que no pierde la oportunidad de entrarle al tema, no se refirió al metro este lunes. Se limitó a retuitear un mensaje de otro usuario tan contundente que acaba con un: “Qué robo tan descarado le hicieron a Bogotá Peñalosa, Claudia y Galán”. El alcalde recién llegado, convaleciente de una operación de apendicitis, ya forma parte de esta batalla eterna.