El político catalán que convocó el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 desde su posición de presidente de la Generalitat acudió a Cerdeña para participar en un evento de promoción de la cultura catalana.
Este extremo posibilitaría su entrega a España para su enjuiciamiento.
Una de las primeras reacciones a la detención de Puigdemont llegó del que fuera su vicepresidente en aquella legislatura, Oriol Junqueras, y que permaneció tres años y medio encarcelado por aquellos sucesos.
“Sólo hay una fórmula para detener la represión incesante del Estado: amnistía, autodeterminación e independencia; todo el apoyo, presidente”, escribió Junqueras en Twitter, que pertenece a la otra formación independentista catalana Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El líder de la oposición, Pablo Casado, del conservador Partido Popular (PP), reclamó su entrega a España para ser juzgado “por su golpe a la legalidad constitucional”, según escribió en Twitter.
El Gobierno español reclama que Puigdemont se someta a la Justicia
La comunicación manifiesta textualmente que el arresto “obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea”.
Esta afirmación alude a la controversia generada tras el arresto del político catalán, ya que por una parte su abogado dijo en Twitter que la euroorden en virtud de la cual se produjo la detención está suspendida.
Sin embargo, fuentes del Tribunal Supremo consultadas por medios españoles aseguraron que la orden europea de detención estaría vigente.
La orden de detención parte del Tribunal Supremo español por una acusación de sedición y malversación de caudales públicos, en relación con el proceso soberanista catalán.
No obstante, el Gobierno español mostró “su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, al igual que siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan al Sr. Puigdemont”, dice el comunicado de Moncloa.
La nota del Ejecutivo español finaliza diciendo que el político catalán “debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano”, concluye.