Más de 127.000 personas han ingresado desde el 2018 en forma irregular a Chile y más de 460.000 solicitudes de regularización se encuentran retrasadas. Sputnik conversó sobre esta problemática humanitaria con el doctor en Migraciones Internalcionales Rodrigo Sandoval, exjefe de Extranjería y Migración en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
En Chile viven cerca de 1,5 millones de extranjeros, que representan el 7% de la población que habita el país. De acuerdo a registros de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desde 2018 hasta la fecha existen 127.000 migrantes en condición irregular.
Solo entre marzo y mayo de este año la PDI habría realizado 20.291 denuncias administrativas de personas que ingresaron al territorio por un paso no habilitado, cifras que superan en creces lo registrado en el mismo periodo del año pasado y las 16.848 que hubo en todo el 2020. Este aumento demostraría, según los especialistas, que el país sudamericano atraviesa una crisis migratoria.
Los pasos fronterizos del país se han visto sobrepasados por este ingreso irregular de migrantes. En la localidad nortina de Colchane, de acuerdo a las autoridades locales, ingresan un promedio de 120 personas al día, cifra que no ha disminuido en este invierno a pesar de las bajas temperaturas que bordean los -7 °C.
Para Rodrigo Sandoval, exjefe de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y académico de la Universidad Central, “los Estados todavía no son capaces de asumir políticamente que no están frente a una situación que pueda ser abordada del punto de vista administrativo o a partir de gestiones migratorias, sino que deben entender que están frente a una crisis humanitaria”.
Una crisis se ve acrecentada debido a los actuales mecanismos de regularización de los migrantes que ingresan a Chile, que mantienen a muchas de estas personas por años en situación irregular, especialmente a quienes entran y solicitan refugio.
Una investigación de la revista Doble Espacio constató que durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) , en la Corte de Apelaciones de Santiago se interpusieron un total de 191 recursos judiciales contra el ahora llamado Servicio Nacional de Migraciones (SNM) y su entonces director, Álvaro Bellolio. Todos esos recursos, de amparo o de protección, fueron interpuestos, según la publicación, para reclamar la existencia de estas trabas adicionales para la solicitud de refugio.
Situación a la se suma al enorme “atasco” de solicitudes de visa pendientes que mantiene el SNM. De acuerdo a su director, Luis Eduardo Thayer, hay 460.914 solicitudes retrasadas.
Para la antropóloga Nanette Liberona, fundadora de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (norte de Chile), los actuales mecanismos de regularización son deficientes, porque la documentación que se les exige a las personas no la pueden obtener “debido a que las instituciones de sus países de origen son disfuncionales o están en crisis”, señaló en una entrevista otorgada al Diario Uchile.
Según Liberona, “el problema que tenemos actualmente de este alto número de población irregularizada es que está en una situación de extrema vulnerabilidad y, además, que una vez que pueden acceder a una regularización muy fácilmente pueden caer nuevamente en una irregularidad. Pueden acceder tal vez por períodos muy cortos, de un año, en el que cumplen ciertos requisitos, pero que los pueden volver a perder y caen en un proceso que se llama irregularidad cíclica”.
Trabas para las peticiones de refugio
El 9 de junio el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) entregó su último Informe Migración en Chile. Lecciones y desafíos para los próximos años: Balance de la Movilidad Humana en Chile 2018 – 2022.
En el documento sobre el estado de la regularidad migratoria se reconoce como avance que entre 2018 y 2021 se otorgaron más de un millón de visas temporales y la permanencia definitiva (PD) a casi 300.000 personas, lo que corresponde a la mitad de los visados otorgados desde 2012. No obstante, también se pone atención a la demora de los trámites virtuales debido a que un 49% de las PD solicitadas entre 2018 y 2021 aún están pendientes.
Respecto del acceso a visas y al otorgamiento de refugio, Pablo Roessler, jefe de Estudios de SJM, señaló en lanzamiento del Anuario 2022, que “si entre 2012 y 2021 de cada 100 solicitudes realizadas, se reconoció a solamente 2,9 personas como refugiadas, en el período 2018-2021 esto fue aún más bajo, llegando a 1,9.”
Frente estas estadísticas Rodrigo Sandoval advierte que “en la medida que aumenta la migración, aumenta la movilidad de Chile, también aumenta la cantidad de solicitantes de refugio. Eso significa una incapacidad del sistema para poder procesar oportuna, adecuada y pertinentemente cada una de esas solicitudes. Hay una razón ahí en términos de que el sistema va más lento que la demanda de solicitudes de refugio y por tanto disminuye la cantidad de personas que habiendo solicitado refugio finalmente se les concede”.
Sin embargo, para el exdirector también existe una explicación más coyuntural y que daría cuenta “del énfasis que le puso la administración del presidente Piñera en su segundo mandato (2018-2022) en donde hubo una clara intencionalidad respecto a hacer más restrictiva la concesión del refugio a las personas que lo solicitaban (…) o a un prejuicio en términos de que existe una mayor sospecha respecto de la verdadera procedencia del beneficio del refugio para aquellas personas que lo solicitaban”.
De hecho y acuerdo a datos disponibles en la página web del SNM, en los dos últimos años de Gobierno de Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) se recibieron un total de 8.020 solicitudes de refugio. Cifras que contrastan con lo sucedido durante los dos primeros años de Gobierno de Piñera (2018 y 2019), cuando el número de solicitudes bajó a 6.507.
No hay que olvidar que para lograr el estatus de refugiado es necesario cumplir con ciertas condiciones, que deberán ser corroboradas por las autoridades locales, de acuerdo con la ley 20.430.
La normativa regula la protección de refugiados en Chile, con un especial énfasis para aquellos migrantes que tengan fundados temores de ser perseguidos, o para aquellos que han huido de sus países porque su vida está amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, o la violación masiva de los derechos humanos.
Sandoval explica que “una vez que se solicita al refugio este da lugar a un procedimiento en el cual principalmente se verifican los supuestos que justifican el refugio en otras palabras que concurran en un determinado caso las causales que la ley considera para la concesión del refugio“.
Lo cierto que este procedimiento ha afectado tanto la solicitud como las resoluciones de otorgamiento de refugio, “porque según la forma en la cual se aplica este procedimiento —esto es si se hace más restrictiva o más extensivo el acceso a distintas instancias del mismo—, puede aumentarse o disminuirse la cantidad solicitantes, por ejemplo, como sucedió en el Gobierno anterior [de Sebastián Piñera]”, sostiene el académico.
Cuando se hace más difícil el acceso a la solicitud del refugio, evidentemente van a bajar las cifras. “Si en el análisis se interpretan y aplican criterios más restrictivos también se hace más difícil que esas personas finalmente terminen siendo reconocidas como refugiados”, explica Sandoval.
“Y por último si en la composición de la comisión intervienen personas con un sesgo político ideológico vinculado al refugio más restrictivo, obviamente también va a ser inferior la cantidad de personas a las cuales finalmente se les otorga el refugio”, agrega.
Otra traba para el otorgamiento de refugio impuesta durante el Gobierno anterior fueron las entrevistas de preadmisibilidad, un trámite “que originalmente no estaba previsto por la ley, que significa una instancia más previa a la concesión del refugio, [lo que] significa necesariamente un menor acceso a la misma”.
“Se trata de una instancia en la cual interviene mucho el criterio del funcionario. Este funcionario no solamente se va a limitar a hacer preguntas, muchas de ellas incorrectas en términos de la competencia que tiene propio funcionario, sino que también en la forma en la cual se hacen esas entrevistas, en la forma en la cual se hacen esas preguntas también puede haber desincentivos implícitos a que esa persona avance en el procedimiento del refugio”, advierte el exdirector de Extranjería y Migración.
“Por un lado ya la existencia de una preformalización de una preadmisibilidad significa una traba, un paso adicional en el camino a la concesión del refugio, pero por otro lado también en la forma en la cual se realiza esa preadmisibilidad. Existe también un margen para que sean los sesgos y los prejuicios del propio funcionario lo que terminen desincentivando que esa persona avance un poco más en su camino al reconocimiento del refugio”.
Una ley de extranjería ideológica
Consultado sobre las razones que habrían motivado a las dos administraciones de Sebastián Piñera a poner trabas adicionales a las solicitudes de refugio, Sandoval señala que si bien no existe ningún instructivo que dé cuenta de esto, sí hay un comportamiento, que se podría explicar en primer lugar, porque “a mayor recelo respecto a la migración, en particular existe también un mayor margen para la desconfianza, para criterios más restrictivos en la aplicación del refugio”.
En segundo lugar, detalla el académico, y a partir de declaraciones en quienes formaron parte de ese Gobierno, “existía un prejuicio, una forma de ver lo que se había hecho en anteriores administraciones, respecto de una especie de relajo en la forma en la cual se tramitaba y se concedían esta solicitud de refugio, así que también había una mirada en tal sentido”.
Para Rodrigo Sandoval, si bien es posible atribuir a las administraciones de Sebastián Piñera una mayor restricción en la aplicación del refugio, lo cierto es que la ley de extranjería, que data de 1975, en los primeros años de la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990), es ideológica.
“Es una ley que establece una especie de sesgo ideológico o de matriz ideológica, o paradigma migratorio muy receloso de la migración en general. Es de mucha desconfianza. Recordemos que el artículo 15, numeral uno de la ley de extranjería incluso establecía la prohibición de ingreso de ciertas personas por sus ideas políticas, y por lo tanto se trata de una legislación concebida al amparo de lo que era la doctrina de seguridad nacional”.
Para el exdirector, “esta recoge una mirada muy restrictiva, muy de recelo, de mucha desconfianza con lo que un enemigo potencial, un enemigo externo que viene del exterior, y por lo tanto establece una mayor discrecionalidad”. Además, atribuye esta discrecionalidad en el órgano contralor “que es la policía investigaciones y eso significa que en todo lo que es la aplicación de la ley de extranjería había un sesgo más restrictivo”.
Una legislación que llegó a tener más de 40 años de vigencia y que, en palabras del académico, “permea las instituciones, permea las culturas institucionales, permea finalmente la mentalidad de los funcionarios que las aplican, y estos terminan en el ámbito de su competencia aplicando, a veces con más vehemencia que lo que la propia norma establece, estos criterios más restrictivos. Y por lo tanto hay un antecedente que venían de antes de las administraciones de Piñera”, sentencia.
