Su exasesor estrella, Dominic Cummings, asegura que hay fotos del primer ministro británico en eventos prohibidos. Los diputados conservadores que piden su dimisión suman ya doce
El informe sobre las fiestas de Downing Street que publicó el lunes la funcionaria Sue Gray ha resultado ser un campo de minas que revientan a cada paso que Boris Johnson intenta dar para escapar de este embrollo político. Aunque era un documento muy reducido en sus acusaciones, para respetar la petición expresa de la Policía Metropolitana de no hacer más que “mínimas referencias” a las fiestas que estaba investigando aún, las fechas y reuniones que señala han dado a los medios múltiples pistas comprometedoras para el primer ministro. De los 16 eventos de los que Gray recabó información, señalados con fecha y localización en su texto, 12 están siendo analizados por Scotland Yard. Es decir, presentan indicios de infracción penal. Y de todos ellos, al menos en dos se ha detectado, a través de testigos, la presencia de Johnson. El diario The Guardian sitúa al primer ministro en una fiesta de despedida a un asesor político que trabaja en la actualidad en el Ministerio de Cultura y entonces lo hacía para el Gabinete de Johnson. Fue el 14 de enero de 2021, cuando el Reino Unido apenas salía de otras Navidades canceladas y sometidas a duras medidas de restricción social, que seguían en vigor en esa fecha. Corría el prosecco (vino espumoso italiano muy popular en Inglaterra) entre el personal que asistió a la despedida, y el mandatario se dejó ver allí al menos cinco minutos para soltar un discurso de despedida.
Pero la fiesta que reviste más gravedad y potencial amenaza para el político conservador es la del 13 de noviembre de 2020. Aquel día se vio salir de Downing Street a su entonces asesor estrella e ideólogo del Brexit, Dominic Cummings. Era la imagen de la derrota, al cargar una caja de cartón con sus enseres personales. Pillado él mismo en su momento cuando se saltaba el confinamiento, para llevar a su esposa e hijo a una residencia campestre fuera de Londres, la verdadera razón de su caída en desgracia fue que perdió el enfrentamiento con la esposa de Johnson, Carrie Symonds. Esa noche se oyó bullicio en el número 11 de Downing Street. Había ganas de fiesta y sonaba la música de Abba: The winner takes it all (El ganador se lo lleva todo).
El equipo del primer ministro ha sido incapaz de negar las informaciones del The Daily Telegraph, que señalan que se vio a Johnson subir al apartamento cuando sonaba aún la música. “He hablado con gente que estaba allí esa noche y escuchó la fiesta mientras yo me iba. La oficina de prensa está justo debajo del apartamento privado [de los Johnson]”, señaló Cummings en un chat abierto el martes en su blog personal para responder a las preguntas de los lectores. El exasesor afirma que hay fotos del primer ministro en eventos prohibidos. “Esto podría ser un golpe mortal para él si miente a la policía, pero acabará diciendo que no se acuerda de nada, que es su respuesta habitual cuando huele el peligro”, acusó Cummings a su exjefe.
Más peticiones de dimisión
La agresividad con que Johnson está defendiéndose de las acusaciones, que ha repetido este miércoles durante la sesión de control en la Cámara de los Comunes, ha provocado el desagrado de muchos diputados conservadores. Especialmente la supuesta calumnia que no ha dudado en lanzar hasta dos veces, y que se niega a rectificar, contra el líder de la oposición laborista, Keir Starmer. En su desesperación, el primer ministro ha acusado a su rival de negarse a abrir instrucción penal, durante su tiempo como fiscal general del Estado (2008-2013), contra el presentador pedófilo de la BBC, Jimmy Savile, que falleció en 2011 sin que se hiciera justicia por los más de 500 abusos sexuales contra menores y mujeres que cometió. Circulan por las redes sociales comentarios de trols que atribuyen falsamente a Starmer una actitud pasiva respecto al caso Savile. “El Partido Conservador era el partido de Winston Churchill. Ahora su líder se dedica a repetir como un loro teorías conspirativas de fascistas violentos”, ha dicho Starmer en la Cámara de los Comunes. Poco después, los diputados conservadores Anthony Mangnall y Gary Streeter se sumaban a la lista de miembros de su partido -ya son doce- en reclamar la dimisión de Johnson. Antes lo había hecho alguien aún más relevante: Tobias Ellwood, el presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento. Horas después de la visita relámpago del primer ministro a Ucrania, Ellwood anunciaba que también él había enviado su “carta de retirada de confianza” a la dirección del grupo parlamentario. “Atacar a Starmer con Jimmy Savile. ¿Quién ha asesorado al primer ministro para hacer esto? Somos mejores que todo eso”, decía Ellwood en SkyNews.
“Después de mucha reflexión, he llegado a la conclusión de que el primer ministro debería dimitir”, escribió el martes en su cuenta de Twitter el diputado conservador Peter Aldous. Era la primera voz en volver a reclamar que Johnson se fuera después de conocer el informe de Sue Gray. El mérito o la importancia de su petición residía en el hecho de que Aldous era hasta ahora un perfecto desconocido que no tenía ninguna necesidad de hacerse notar con un ataque frontal al jefe. “Soy consciente de que otros colegas no estarán de acuerdo conmigo, pero creo que es lo mejor para los intereses del país, del Gobierno y del Partido Conservador”, afirmó Aldous.
La respuesta vacilante, ambigua, agresiva, desafiante y esquiva que ofreció Johnson el lunes en la Cámara de los Comunes contribuyó a aumentar la irritación de muchos diputados conservadores. Empezando por su predecesora en el cargo, Theresa May, quien arremetió contra el político conservador por saltarse las estrictas normas que su Gobierno había impuesto al resto de ciudadanos. Más de 40 veces, durante su comparecencia, se escudó el primer ministro en una investigación policial que aún no ha concluido y debe ser respetada para no responder a las preguntas de los diputados. Se negó a confirmar si publicaría o no el informe completo sobre las fiestas, cuando estuviera listo, o incluso a informar a los ciudadanos en el caso de que la policía le acabara imponiendo una multa por asistir a las fiestas.
Horas después, ante la indignación de políticos y medios, el equipo de comunicación de Johnson se veía obligado a rectificar y prometer mayor transparencia. Un 63% de los británicos sigue pensando que Johnson debería dimitir, una vez publicado el informe de Gray.
