La explosión, que dejó cinco muertos y una veintena de heridos, está relacionada con el crimen organizado, según la tesis oficialista
La primera respuesta del Gobierno al ataque de madrugada en el Cristo del Consuelo, un barrio del suburbio guayaquileño, ha sido decretar el estado de excepción en toda la ciudad. Es la tercera vez que ocurre en el último año. Es un “acto terrorista”, ha declarado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una primera reacción a media mañana del domingo. El titular de Interior, Patricio Carrillo, lo ha calificado como una “declaración de guerra al Estado”. La medida permanecerá vigente durante los próximos 30 días.
En lo que va de año, Ecuador suma ya 2.116 muertes violentas, cuando en todo el 2021 los homicidios registrados fueron 2.496. En la provincia de Guayas, a la que pertenece Guayaquil, el ritmo de asesinatos es casi el doble que el año pasado. ”Se castigará a quienes pretenden generar caos en la ciudad por vía de actos terroristas”, ha justificado en la misma rueda de prensa Diego Ordónez, el nuevo secretario de Seguridad Pública, nombrado a inicios de agosto. Pese a lo anunciado, el decreto que debe recoger los detalles de las restricciones no se ha hecho público en el momento de publicación de este artículo, a última hora del domingo.
De los cinco fallecidos que ha dejado la explosión en un barrio de bajos recursos, al sur de la ciudad, tres murieron en el acto y dos lo hicieron en el hospital a causa de las heridas. El ministro de Interior aseguró que se utilizaron explosivos de fabricación casera con químicos “de altísima letalidad” que, además, contenían esquirlas y elementos metálicos para aumentar el impacto. La onda expansiva alcanzó los 50 o 70 metros, según Carrillo, y dejó una marca de un metro y medio y 40 centímetros de profundidad.
Los primeros testimonios aseguran que varios sujetos en moto irrumpieron de madrugada en la zona del ataque y, tras disparar varias veces, lanzaron un saco que después estalló y convirtió la conocida como Calle 8 en un escenario de escombros, cables caídos y polvo. La investigación oficial apunta a que el atentado estaba dirigido contra dos personas relacionadas con la organización criminal de Los Tiguerones, vinculada al narcotráfico en Ecuador: alias Cucaracha, residente de ese barrio, y alias Junior.
No obstante, el ministro de Interior ha lamentado que la mayoría de los heridos atendidos en centro de salud ―y ya dados de alta― ha preferido guardar silencio y no declarar sobre lo sucedido. “Tras 10 horas del evento y seis horas de anunciada la recompensa de 10.000 dólares, no encontramos una sola llamada”, admitió también el responsable de la cartera de Seguridad. Su ministerio sigue sin tener autonomía formal y de recursos, pese a que el presidente Guillermo Lasso decidió en marzo pasado separar las funciones de Interior de las del ministerio de Gobierno para reforzar la estrategia de seguridad nacional, precisamente en medio de una crisis política y de inseguridad por los enfrentamientos recurrentes en las cárceles.
No es el primer ataque con explosivos en Ecuador en los últimos años, que ha registrado atentados contra cuarteles policiales o destacamentos militares, pero sí la primera amenaza de tal envergadura contra zonas residenciales. “Lo que estamos viviendo no es un problema que ha generado este Gobierno. Hace mucho tiempo que lo vemos con una tendencia en crecimiento”, declaró Carrillo, en referencia a la cifra de asesinatos que no para de crecer en el país y que el Gobierno atribuye a las peleas territoriales entre bandas rivales y a una respuesta contra el Estado por su lucha contra el narcotráfico. Este fin de semana, el mismo del atentado, fueron decomisadas tres toneladas de droga.
