Las comunidades indígenas ecuatorianas encabezan este 26 de octubre varias protestas antigubernamentales que se suman a las manifestaciones convocadas por sindicatos y estudiantes contra el presidente Guillermo Lasso para rechazar la eliminación de subsidios al combustible y las propuestas de reformas laborales y tributarias.
El poderoso sector indígena ecuatoriano y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el sindicato más grande del país, salen a las calles este 26 de octubre en rechazo a intentos de reformas y para exigir el congelamiento en los precios del combustible, que ha registrado alzas mensuales desde 2020.
Se registran bloqueos en las vías de al menos cinco de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, a la que pertenece Quito, la capital, tras la instalación de barricadas y la quema de neumáticos.
Mientras que las carreteras de otras regiones como Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Manabí se mantienen habilitadas, según un reporte preliminar de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).
Las movilizaciones tienen lugar en medio del estado de excepción declarado por el mandatario ecuatoriano el pasado 18 de octubre para mitigar la violencia a causa del narcotráfico.
Con la medida, el Gobierno mantiene el despliegue de policías y militares en las calles, pero no hay ninguna prohibición para las protestas, un eventual veto que está permitido bajo esa figura de emergencia.
No obstante, Lasso advirtió que no permitiría desmanes. “Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías para que impere la ley porque el cierre de vías y el obstáculo al libre tránsito de personas y mercaderías está prohibido en la ley”, advirtió en la víspera.
Por su parte, las organizaciones civiles sugirieron que esta podría tratarse solo de la primera de varias jornadas más de protesta si el mandatario no escucha sus demandas.
“No se descarta bloqueos hacia la ciudad de Quito si el Gobierno nacional no entiende que debe retroceder en sus políticas que han golpeado a la mayoría del pueblo ecuatoriano (…) No descartamos nuevas acciones en el transcurso del mes y en lo que va en los primeros días de noviembre”, sostenía horas antes Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que aglutina a diversos sectores sociales.
El detonante de las protestas contra Lasso
El descontento social se profundizó luego de que el pasado 22 de octubre el jefe de Estado ecuatoriano aumentara hasta el 12% el costo de los combustibles.
Un día después el país amanecía con el precio de la gasolina extra en 2,55 dólares por galón, después de costar 2,50, y el diésel pasó de 1,69 a 1,90 dólares.
El jefe de Estado señaló que esos precios se mantendrían congelados por un tiempo indeterminado, pero ese no es el primer aumento a estos recursos en los últimos meses, lo que avivó la ira de indígenas, trabajadores y otros grupos sociales, que ya han venido participando en algunas manifestaciones en la última semana.
Paralelamente, Lasso suspendió los incrementos mensuales que se aplicaban con base a la cotización del petróleo en el mercado internacional desde 2020, cuando el diésel costaba un dólar, con miras a eliminar de manera gradual los subsidios que para este año le representaban al Estado ecuatoriano alrededor de 1.900 millones de dólares.
Además, para los próximos días, el presidente tiene previsto enviar al Congreso una serie de reformas tributarias y laborales. Agrupadas bajo la denominada Ley de Creación de Oportunidades, unas medidas apuntan a aliviar la crisis económica del país agravada por la pandemia del Covid-19, asegura Lasso.
Pero Lasso reconoció que su propuesta demandará de esfuerzo por parte de la población y ya es blanco del rechazo de cientos de ciudadanos.
Tras los anuncios del presidente, las comunidades indígenas protagonistas de la política ecuatoriana con marchas que incluso llegaron a derrocar a tres presidentes entre 1997 y 2005, esta vez se han declarado “en resistencia”. Mientras, Lasso ha tildado de “golpistas” y “conspiradores” a los organizadores de las protestas.
