A pesar de las recientes especulaciones de un acercamiento entre EE.UU. y Venezuela, el mandatario demócrata firmó el miércoles la renovación del documento, denominado orden ejecutiva 13692, que tilda al país bolivariano como una “amenaza para la seguridad nacional y la política de exteriores” de Washington.
Para justificar el trámite se fundamenta en argumentos como supuestas violaciones de los derechos humanos por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, perseguir a la oposición, exacerbar la corrupción y el abuso del poder.
El decreto que entró en vigor el 8 de marzo de 2015, bajo el expresidente Barack Obama, viene renovándose todos los años, conforme al cual, el Gobierno de EE.UU. puede aplicar medidas punitivas contra Venezuela, principalmente en lo que respecta a las restricciones de visados.
Caracas ve las sanciones de Washington como una “verdadera guerra” y cree que a través de tales sanciones ilegales, Occidente busca destruir la economía venezolana para crear descontento entre la población y así facilitar un golpe contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
A pesar de un leve acercamiento a través de suavizar los embargos que, según conocedores ocurrió a favor de los intereses propios de EE.UU., Caracas informa que todavía siguen vigentes 927 sanciones por parte de Washington y sus socios contra la nación bolivariana.
