Las fuerzas israelíes han allanado la madrugada de este jueves (hora local) sedes de seis oenegés palestinas en Ramalá, en la Cisjordania ocupada, declaradas terroristas por Israel en octubre del año pasado, y ratificado el miércoles por el ministro de asuntos militares, Benny Gantz, argumentando que las instituciones estaban afiliadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

En un mensaje emitido en Twitter, la ONG palestina Al-Haq, que se dedica a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en los territorios ocupados, ha informado que las tropas de ocupación de Israel allanaron la oficina de la organización, “confiscaron artículos y cerraron la entrada principal con una placa de hierro, dejando tras de sí una orden militar que declaraba ilegal a la organización”.

El Ejército israelí, además ha clausurado las oficinas del Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, Defensa Internacional de la Infancia, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer, por su acrónimo en árabe). Addameer, entre otras, ha denunciado la acción israelí como un “ataque asombroso” a su necesario trabajo de derechos humanos e informado de que la orden militar de allanamiento “quedó clavada en la puerta de su oficina”.

El régimen de Tel Aviv ha anunciado la misma jornada el cierre de las oficinas de los Comités de Trabajo para la Salud, organización designada como entidad terrorista poco antes que las otras seis.

ANP condena clausura israelí de ONG palestinas

La oficina del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, ha condenado esta misma jornada el allanamiento y el cierre de las instalaciones de las ONG palestinas, calificando la decisión de un delito y un ataque flagrante contra las organizaciones de la sociedad civil de Palestina, organismos de derechos humanos, así como las organizaciones internacionales de DDHH.

Por lo tanto, ha exigido a la comunidad internacional una reacción “urgente” para proteger al pueblo palestino y poner fin a los continuos actos de agresión de Israel. Además, se ha comprometido a tomar medidas en todos los niveles para contrarrestar la decisión israelí de cerrar las organizaciones.

El primer ministro palestino, Mohamad Shtayyeh, a su vez, ha acudido a las instalaciones de Al-Haq, instando a las organizaciones a “seguir trabajando”. “La mayoría de estas organizaciones, si no es que todas, están trabajando dentro de los límites de la jurisdicción palestina, y por ello las autorizamos. Las acusaciones de Israel no tienen fundamento”, ha resaltado Shtayyeh, al tiempo que ha llamado a la comunidad internacional a condenar y rechazar las acciones israelíes.

El canciller palestino, Riad Al-Maliki, también ha advertido con represalias, diciendo que el Gobierno se está preparando para anunciar una lista de organizaciones israelíes que se incluirán en las listas de terroristas para exigir a la comunidad internacional no tratar con ellas. Asimismo, ha dicho que los allanamientos israelíes en las organizaciones palestinas serán denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.