Los operativos contra las bandas de policía y ejército quedan empañados por el asesinato a plena luz del día de uno de los investigadores anticorrupción más relevantes del país
El Gobierno de Daniel Noboa había logrado en los últimos tres días apaciguar momentáneamente Ecuador, al menos en su forma más visible. Es verdad que las morgues continúan llenas de cadáveres con disparos en la cabeza, descuartizados y decapitados, pero también que el ejército ha logrado pacificar Guayaquil, la ciudad más golpeada por la violencia. La gente ha regresado a las calles, los coches vuelven a circular por las carreteras. Los negocios han vuelto a subir las persianas, aunque sea hasta las 11 de la noche, la hora del toque de queda. Las autoridades han retomado el control de las cárceles sin que se convierta en un derramamiento de sangre. Sin embargo, el asesinato de uno de los principales fiscales del país a plena luz del día, sin ningún escolta a su lado, ha desconcertado al Gobierno, que ve cómo las bandas golpean sin miedo a las principales estructuras del Estado. Noboa, que estaba en Miami por el nacimiento de su tercer hijo, no se ha referido al asesinato.
El crimen organizado asesinó en agosto del año pasado a Fernando Villavicencio, candidato presidencial conocido por investigar los nexos entre las bandas y la política. Nadie pensaba que los criminales se atrevieran a llegar tan lejos. En el camino han acabado con la vida de alcaldes y concejales. Ahora, la mafia ha redoblado su apuesta al poner en su mira a César Suárez, conocido fiscal anticorrupción. Su último trabajo, pocos días antes del asesinato, consistió en entrevistar a los 13 jóvenes detenidos por asaltar en directo TC Televisión, una acción que supuso hace ocho días el desencadenante de una ola de violencia. El mensaje mafioso es claro: nadie es intocable.
Ni siquiera el presidente. El edificio en el que vive en Guayaquil —le pertenece ese y el de al lado, su padre es el hombre más rico del país— permanece resguardado por dos docenas de militares apostados frente al malecón, donde corre suave la brisa del mar. Suárez no contaba con esa suerte. Su última investigación trataba de revelar quién estaba detrás del secuestro de los periodistas del canal de televisión, que se ha adjudicado a la banda de Los Tiguerones, una de las más relevantes. Pero hay quien duda de que ese sea el caso que le ha costado la vida. El fiscal puso contra la pared a importantes delincuentes de cuello blanco con el caso Metástasis, que bucea en la corrupción de la judicatura, muy presente en el día a día de los ecuatorianos. A su vez, persiguió a los empresarios corruptos que hicieron dinero de manera ilegal con la venta de material a los hospitales durante la pandemia.
Muchos son los sospechosos, pero solo uno ha debido ordenar el crimen. Suárez recibió más de 20 balazos cuando conducía un coche blanco por el norte de Guayaquil. Acababa de salir de su oficina, en unas dependencias judiciales, y se dirigía a un juzgado a celebrar una vista. Se le conocía por ser incansable, incorruptible. Su asesinato recuerda a los que llevaba a cabo la mafia italiana en los años noventa o a los que ocurren actualmente en México, donde el narco lleva enquistado varias décadas. La muerte del fiscal revela el poder de las pandillas ecuatorianas, infiltradas en el corazón del sistema. Golpearon a la política con el crimen de Villavicencio y retan ahora a la justicia con la muerte de un fiscal de peso. No es el primero. Al menos otros dos fiscales fueron asesinados el año pasado en el mismo sitio, Guayaquil.
Las autoridades se han mostrado enérgicas en la condena. De forma contundente, la fiscal general de la nación, Diana Salazar, dijo que los trabajadores de la justicia, en vez de detenerse, redoblarán sus esfuerzos a la hora de combatir el crimen. Ella misma ha sido objeto de amenazas. El año pasado recibió llamadas telefónicas amenazantes provenientes de números extranjeros. La intimidación y el clima de terror también se impusieron durante las elecciones regionales que se celebraron en 2022, de la que fueron víctimas candidatos, alcaldes y concejales.
El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, rechazó “toda forma de violencia” y dijo ratificar el compromiso del Gobierno nacional “en apoyar a las instancias de la administración de justicia”. Vinculó el crimen a los operativos que los militares y la policía despliegan en todo el país después de que Noboa decretara la conmoción interna, la asunción de que va a librar una guerra dentro de sus fronteras contra el crimen organizado, que ya controla jueces, fiscales, policías y generales. En tres años, en los que las pandillas se han aliado con los carteles de la droga mexicanos, a la mafia le ha llovido dinero al convertir Ecuador en el principal exportador de cocaína del mundo.
El Gobierno ha tratado de transmitir la sensación de que su ofensiva está siendo un éxito. Este miércoles ha dado a conocer, como cada día, los resultados de la operación: 1.975 detenidos por “terrorismo”, 55 operaciones contra “grupos terroristas (como han sido denominadas las pandillas), 5 “terroristas” abatidos, 32 secuestrados liberados. Informó además sobre la detención de un tal Chelo, líder de una banda, y de un tal Leo, un sicario. Ese informe se hizo público por la mañana, cuando todavía el fiscal Suárez se encontraba entre los vivos. Su muerte, aunque solo sea una, emborrona el despliegue en armas del Gobierno.
