WASHINGTON — La pelea entre el expresidente Donald Trump y los Archivos Nacionales que salió a la luz cuando los agentes del FBI registraron la propiedad de Trump en Palm Beach no tiene precedentes en la historia presidencial estadounidense.

También fue una apuesta arriesgada por parte del fiscal general Merrick Garland de que la operación de las fuerzas de seguridad en Mar-a-Lago, la enorme casa del expresidente en Florida, resistirá las acusaciones de que el Departamento de Justicia tiene una venganza política contra el oponente del presidente Joe Biden en 2020, y un probable rival en 2024.

La demonización del FBI y del Departamento de Justicia por parte de Trump durante sus cuatro años de mandato, diseñada para socavar la legitimidad de las instituciones policiales del país incluso cuando perseguían cargos contra él, ha hecho aún más difícil que Garland investigue a Trump sin una reacción de los partidarios del expresidente.

La decisión de ordenar el cateo puso en juego la credibilidad del Departamento de Justicia meses antes de las elecciones al Congreso de este otoño y sucede cuando el país sigue profundamente polarizado. Para Garland, la presión para justificar las acciones del FBI será intensa. Y si la búsqueda de documentos clasificados no acaba produciendo pruebas significativas de un delito, el suceso podría quedar relegado por la historia para servir como otro ejemplo de una jugada contra Trump que salió mal.

Trump enfrenta sus propios riesgos al apresurarse a criticar a Garland y al FBI, como hizo durante el registro del lunes, cuando calificó la operación como “un asalto que solo podría tener lugar en países rotos y tercermundistas”. Trump ya no cuenta con las protecciones que proporciona la presidencia, y sería mucho más vulnerable si se descubre que ha manejado mal información altamente clasificada que amenaza la seguridad nacional del país.

Varios historiadores dijeron que el registro, aunque extraordinario, parecía apropiado para un presidente que burló flagrantemente la ley, que se niega a conceder la derrota y ayudó a orquestar un esfuerzo para anular las elecciones de 2020.

“En una atmósfera como esta, hay que asumir que el fiscal general no hizo esto de forma casual”, dijo Michael Beschloss, un veterano historiador presidencial. “Y, por lo tanto, las sospechas criminales —todavía no sabemos exactamente cuáles son— tienen que ser bastante serias”.

En el caso de Trump, los documentalistas de los Archivos Nacionales descubrieron a principios de este año que el expresidente se había llevado documentos clasificados de la Casa Blanca tras su derrota, lo que condujo a las autoridades federales a iniciar una investigación. Finalmente, solicitaron una orden de cateo a un juez para determinar qué permanecía bajo la custodia del expresidente.

Los detalles clave siguen siendo secretos, incluyendo lo que el FBI estaba buscando y por qué las autoridades sintieron la necesidad de realizar un registro sorpresa después de meses de disputas legales entre el gobierno y los abogados de Trump.

El registro se produjo cuando las voces airadas de la extrema derecha de la política estadounidense hablan de otra Guerra Civil, y mientras los republicanos más convencionales amenazan con represalias si toman el poder en el Congreso en otoño. El representante Kevin McCarthy de California, líder republicano en la Cámara de Representantes, advirtió a Garland que conservara los documentos y despejara su agenda.

“Esto pone a nuestra cultura política en una especie de modo de alerta de emergencia”, dijo Douglas Brinkley, un historiador presidencial de la Universidad de Rice. “Es como desbaratar la política estadounidense”.

Los críticos de Trump dijeron que no era una sorpresa que un presidente que destrozó las normas legales y procedimentales cuando estuvo en la Oficina Oval se encuentre ahora en el centro de una disputa de documentos clasificados.

Durante casi 35 años, el tira y afloja en torno a los registros presidenciales —y quién los controla— ha sido en gran medida burocrático y se ha librado en los pasillos de los Archivos Nacionales y se ha debatido entre abogados en los tribunales.

El expresidente Richard Nixon pasó casi cuatro años después de Watergate luchando por el control de millones de páginas de registros presidenciales y cientos de horas de cintas de audio que ayudaron a forzar su dimisión. Beschloss dijo que Nixon llegó inicialmente a un acuerdo con el presidente Gerald Ford que le habría dado el control sobre sus papeles, así como la capacidad de destruirlos. Pero una ley aprobada por el Congreso después de que Nixon dejó el cargo en agosto de 1974, lo obligó a llevar su lucha a los tribunales. Finalmente, perdió en la Corte Suprema, en una decisión de siete votos contra dos.

La disputa condujo a la aprobación en 1978 de la Ley de Registros Presidenciales, que por primera vez dejó claro que los registros de la Casa Blanca son propiedad del gobierno federal, no del presidente que los creó. Desde entonces, los presidentes de ambos partidos han intentado negociar sobre cómo y cuándo pueden hacerse públicos esos documentos.

Los presidentes y sus asesores también han sido objeto de otras leyes relativas al manejo de información clasificada. A lo largo de los años, un puñado de altos funcionarios federales han sido acusados de manejar ilegalmente información clasificada.

David Petraeus, el general del Ejército que fue director de la CIA bajo el mandato del expresidente Barack Obama, admitió en 2015 que proporcionó sus diarios altamente clasificados a su amante, y se declaró culpable de un cargo de retirada y retención no autorizada de material clasificado, un delito menor.

Sandy Berger, que fue asesor de seguridad nacional del expresidente Bill Clinton, pagó una multa de 50.000 dólares tras declararse culpable de retirar documentos clasificados de los Archivos Nacionales en 2003 para preparar su testimonio ante la Comisión del 11-S.

Pero nunca se había producido un enfrentamiento entre un expresidente y el gobierno como el que culminó en el registro del lunes, dijo Lee White, director ejecutivo de la Coalición Nacional para la Historia.

White, que se ha reunido con frecuencia a lo largo de los años con funcionarios de los Archivos Nacionales, dijo que estos suelen esforzarse por resolver los desacuerdos en torno a los documentos con los expresidentes y sus asesores.

“Tienden a ser deferentes con la Casa Blanca”, dijo White sobre los abogados de los Archivos Nacionales. “Ya sabes, surgen estas dudas sobre los registros presidenciales y son como, ‘Mira, nuestro trabajo es asesorar a la Casa Blanca’. Pero no son, por naturaleza, un grupo agresivo de abogados”.

Tanto Beschloss como Brinkley dijeron que el registro de la casa de Trump tenía el potencial de convertirse en un punto álgido en la lucha entre quienes investigan las acciones del expresidente y las fuerzas que apoyaron los frenéticos esfuerzos de Trump para mantenerse en el cargo.

Pero dijeron que también había riesgos para Trump y sus aliados en el Capitolio, que el lunes se apresuraron a atacar a Garland y al FBI en las horas posteriores al cateo.

“Ahora tienes a Kevin McCarthy —algo más que nunca hemos visto en la historia— haciendo feas amenazas a un fiscal general, obviamente tratando de intimidarlo”, dijo Beschloss.

Los defensores de Trump no esperaron a saber qué pruebas encontró o incluso buscó el FBI antes de utilizar el registro para revivir antiguos agravios que el expresidente albergó durante su mandato. El senador Marco Rubio, republicano de Florida, distribuyó rápidamente un breve video en Twitter en el que acusaba al gobierno de Biden de actuar como el régimen de un dictador en un país del tercer mundo.

“Esto es lo que ocurre en lugares como Nicaragua”, dijo Rubio en el video. “Donde el año pasado cada persona que se presentó contra Daniel Ortega para presidente, cada persona que puso su nombre en la papeleta, fue arrestada y sigue en la cárcel”.

“Pueden tratar de minimizarlo, pero eso es exactamente lo que sucedió esta noche”, dijo Rubio.

Los historiadores dijeron que los sucesos ponen a prueba la resistencia de la democracia estadounidense cuando está bajo asalto.

“Estamos en medio de una neo guerra civil en este país”, dijo Brinkley. “Se trata de un momento sin precedentes en la historia de Estados Unidos”.

Fuente: The New York Times