El oficialismo, en minoría en ambas cámaras, dice que el contenido de la iniciativa “no se negocia” y espera un tratamiento exprés en las comisiones
El Congreso argentino ha empezado a debatir el proyecto de ley con el que el Gobierno del ultraderechista Javier Milei busca reformar el Estado. La Cámara de Diputados inició este martes en comisiones el tratamiento de la iniciativa, que plantea en más de 600 artículos un giro radical al sistema político, económico y social argentino. El oficialismo, en minoría parlamentaria, tiene que reunir el apoyo de legisladores de otras fuerzas políticas para que la iniciativa salga adelante. El Gobierno ha dicho que está “abierto al diálogo”, pero que el contenido de la iniciativa “no se negocia”, mientras desde la oposición algunos se muestran dispuestos a discutir el contenido y otros, directamente, creen que la ley es “un mamarracho”. La Libertad Avanza, el partido de Milei, espera que las comisiones emitan un dictamen exprés para llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes.
El proyecto de ley que el ultraderechista remitió al Congreso declara en “emergencia pública” y le transfiere al Ejecutivo amplias facultades en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales por dos años —prorrogables a cuatro—. La iniciativa tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. El primer paso para que el proyecto de ley sea aprobado será obtener el dictamen en comisiones. Las exposiciones que iniciaron este martes se extenderán, en principio, durante esta semana.
Si La Libertad Avanza obtiene el dictamen favorable, que es esperable, el partido apunta a que la ley sea votada en el Congreso la tercera semana de enero, durante el periodo de sesiones extraordinarias. Después, pasaría al Senado. El Gobierno se muestra en público seguro de que la ley se aprobará. El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, aseguró el lunes en una entrevista radial que el oficialismo trabajará “para sacar el 100 por 100″ de la ley “antes de fin de mes”. Pero los legisladores libertarios tienen delante una realidad que dificulta ese objetivo si el texto no es modificado: el partido de Milei cuenta en la Cámara de Diputados con 38 de 257 bancas y en el Senado con siete de 72 escaños. Para obtener consensos, necesariamente, deberá negociar.
Diputados del PRO, que responden al expresidente conservador Mauricio Macri (37 escaños); de la Unión Cívica Radical (34), contrapeso histórico del peronismo; de Hacemos Coalición Federal, un bloque recientemente creado con legisladores del peronismo y del centroderecha (23), y de espacios provinciales se han mostrado dispuestos a apoyar el proyecto de ley, aunque algunas bancadas creen que hay puntos que deben ser modificados, como la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo o la suba de algunos impuestos. La coalición peronista Unión por la Patria (102) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (cinco), en cambio, han sido más críticos y han rechazado el proyecto y su tratamiento apresurado.
El diputado Rodrigo de Loredo, líder de la bancada de la Unión Cívica Radical, se mostró este martes dispuesto a apoyar la iniciativa, pero advirtió de que a su bloque lo “desconcierta” que el proyecto de ley no aborde “las urgencias más inmediatas” de Argentina. “¿Estamos siendo usados para una estrategia que nada tiene que ver con el futuro del país?”, apuntó el radical. En su turno, la legisladora María Eugenia Vidal, del PRO, pidió que se fijen “prioridades” y el diputado Oscar Agost Carreño, compañero de bancada, reclamó: “Déjense ayudar”. La legisladora de izquierda Myriam Bregman criticó la forma del proyecto —“pusieron enero como plazo para discutir”— y el contenido —“ataca conquistas que hemos peleado mucho”—. El diputado Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, consideró directamente que la ley es “un mamarracho”: “Esto parece un asalto al Congreso”.
El proyecto de ley ómnibus, llamado así por su extensión y por la amplitud de los temas tratados, será debatido en un plenario de tres comisiones: Legislación general, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos constitucionales. Aunque algunos diputados de la oposición han reclamado que deberían ser “más de 20″ las comisiones por la dimensión del proyecto. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, han participado en el primer día de exposiciones para dar explicaciones sobre el texto y se espera que en los próximos días concurran la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Guillermo Francos; el titular de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello. Uno de los grandes ausentes en las previsiones, reclamado por algunos legisladores, es el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Gobierno ha insistido este martes, horas antes de que comience el debate, en su presión al Congreso, después de que días atrás Milei acusara de corruptos a los legisladores que quieren debatir el contenido de la propuesta. “Necesitamos que la política haga su parte. (…) Que se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso nacional y la política que representa”, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien responsabilizó al Parlamento por la suba del valor del dólar, cuya cotización ha fluctuado en estas últimas semanas. Adorni dijo que esa es una “muestra gratis” de “cómo el mercado puede pasar factura” si no se aprueba la ley tal cual cree el Gobierno. “Las consecuencias son impredecibles”, especuló.
Una parte del Gabinete se muestra intransigente a que haya modificaciones al proyecto de ley. Pero otros integrantes, como el ministro del Interior, Guillermo Francos, encarnan el ala más dialoguista del Gobierno. Francos, un político tradicional y moderado, se ha estado reuniendo con gobernadores y alcaldes para escuchar sus reclamos ante algunas de las modificaciones que plantea la ley. Tras la primera de esas reuniones, que se hizo la semana pasada ante el cuestionamiento de un grupo de gobernadores de la Patagonia de diferentes partidos, el Gobierno se comprometió a “clarificar algunos puntos” de la ley. Este martes, en el plenario de comisiones, Rodríguez Chirillo también hizo algunas aclaraciones y aseguró que la ley “no es un cheque en blanco” para el Ejecutivo. Esas fueron las primeras señales de flexibilidad desde el Gobierno, habrá que ver si hay más.
Fuente: El país
