El organismo atribuye al Ejecutivo de Mauricio Macri parte de la responsabilidad por el fracaso de los objetivos del programa ‘Stand by’ de 57.000 millones de dólares pactado en 2018
El crédito de 57.000 millones de dólares que el FMI concedió al Gobierno argentino en 2018 —de los que se desembolsaron 44.000— no cumplió con sus principales objetivos, como restaurar la confianza del mercado y reducir los desequilibrios fiscales. Lo admite el organismo internacional en el informe de evaluación técnica sobre el programa Stand by publicado este miércoles.
“La estrategia y condiciones del programa no fueron lo suficientemente sólidas para corregir los problemas estructurales de Argentina, como finanzas públicas frágiles, dolarización, alta inflación, políticas monetarias débiles, un limitado sector financiero y una base exportadora reducida”, destaca el informe.
Los evaluadores afirman que el Fondo debería haberse involucrado más en la aplicación del programa, pero atribuyen también al Ejecutivo de Mauricio Macri parte de la responsabilidad por el fracaso en los objetivos buscados. A su parecer, la ausencia de medidas respecto a las operaciones de deuda y de controles al movimiento de capitales fueron perjudiciales, aunque creen que su aplicación era compleja porque se buscaba restaurar la confianza del mercado. El FMI critica también la existencia de problemas de comunicación y un exceso de optimismo en las expectativas económicas. Entre ellas está la inflación: el Ejecutivo macrista preveía un aumento de precios del 15% para 2018, pero ese año el IPC trepó al 47,6%, el más alto de los últimos 27 años.
El organismo destaca que el crédito otorgado al país sudamericano no logró la disminución progresiva de las tensiones en la balanza de pagos de Argentina ni la protección de los sectores más vulnerables de la población. Aunque el FMI, en ese momento presidido por Christine Lagarde, reiteró la importancia de este último punto, la crisis económica argentina que comenzó en 2018 y se agravó en los dos años posteriores castigó con especial dureza a aquellos con menos recursos. Entre 2018 y finales de 2020, la pobreza creció diez puntos porcentuales en Argentina: del 32% al 42%.
El informe se da a conocer el mismo día en el que el Gobierno argentino ha realizado el último desembolso del año al FMI vinculado al crédito de 2018, 1.890 millones de dólares por el vencimiento de capital. Los fondos salieron del remanente de los 4.334 millones en derechos especiales de giro enviados en agosto por el Fondo.
El Ejecutivo del peronista Alberto Fernández usará la dura evaluación realizada por el FMI como una carta a su favor para negociar la reestructuración de la deuda con el Fondo y para obtener el apoyo de la oposición al acuerdo que finalmente se alcance. Según el cronograma actual, Argentina debe pagar 19.000 millones de dólares en 2022, una cifra a la que no puede hacer frente. Por ese motivo, el programa de Facilidades Extendidas que pretende acordar el Gobierno con el FMI aplaza la devolución del préstamo hasta 2026.
El diálogo con el organismo internacional se ha convertido en el detonante de numerosas peleas en el seno de la coalición gobernante, el Frente de Todos, y también puertas afuera, con la oposición. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza el sector más reacio a aceptar cualquier condición del Fondo que implique un ajuste. Su hijo, el hoy diputado Máximo Kirchner, criticó con dureza en la Cámara Baja a aquellos legisladores que formaron parte de la administración macrista durante la sesión parlamentaria por el Presupuesto 2022.
“El presidente se comprometió a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso. Ojalá que en el pasado tamaño endeudamiento hubiese pasado por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Quizás fue la cobardía que no hayan mandado el proyecto acá”, dijo Kirchner el pasado viernes. Su encendido discurso unió a la oposición y decantó la votación sobre el presupuesto, rechazado con 132 legisladores en contra, 121 a favor y una abstención. La derrota del peronismo en la Cámara de Diputados torció además los planes del Gobierno de exhibir cierto consenso político respecto al programa económico de los próximos años.
Una vez que el Gobierno pacte un nuevo programa con el Fondo, el acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso. La nueva configuración de las dos cámaras surgida tras el triunfo opositor en las legislativas del 14 de noviembre dejó al Gobierno sin el control que ostentaba en el Senado —pese a conservar la mayoría— y con solo dos legisladores más que el opositor Juntos por el Cambio en Diputados.
