A poco más de 40 días del referéndum del 17 de diciembre, el bloque del mandatario considera que el texto “no promueve en ningún sentido la unidad de nuestro país”
El Frente Amplio (FA), la coalición del presidente chileno de izquierdas Gabriel Boric, ha anunciado que rechazará, en el plebiscito del 17 de diciembre, la propuesta de nueva Constitución que el lunes fue aprobada por el Consejo Constitucional con 33 votos de la oposición y 17 en contra del oficialismo, un resultado que refleja la ausencia de consenso entre ambos sectores. La postura del bloque se suma a la del Partido Socialista, principal sostén político de la Administración del mandatario, que el miércoles también hizo público su rechazo, al igual que el PPD, de la centroizquierda oficialista.
“Con decepción hemos visto cómo este segundo proceso ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas, redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país”, señaló el bloque oficialista en un comunicado difundido este jueves.
La posición del FA, del que forman parte los partidos Convergencia Social —en el que milita Boric —, Revolución Democrática y Comunes, está lejos de ser una sorpresa, pues hace semanas que las izquierdas habían evidenciado sus críticas a un proyecto que han tildado de conservador, identitario y regresivo en derechos sociales. Y si bien el Gobierno ha asumido un papel administrativo en el proceso y ha resuelto no transparentar su opinión por ahora, el llamado a la opción En contra de su bloque hace aún más obvia su postura: su coalición calificó a la nueva Constitución como “un texto extremo que no promueve en ningún sentido la unidad de nuestro país”.
El conglomerado, aunque ha perdido poder en el Gabinete de Boric con respecto al Socialismo Democrático, tiene como representantes a figuras muy cercanas a presidente. Entre ellas la ministra de la Mujer Antonia Orellana, quien es parte del comité político de La Moneda y milita en el mismo partido del mandatario, al igual que sus ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Energía Diego Pardow. Además de Javiera Toro (Comunes) en Desarrollo Social y Marcela Sandoval (Revolución Democrática) en Bienes Nacionales.
Hace unos días, previo a que se aprobara la propuesta, la pareja de Boric, Irina Karamanos, también de Convergencia Social, criticó el texto según consingó el medio digital estadounidense Axios. “Parece preocupante que partes de un borrador constitucional reduzcan oportunidades o cierren aún más puertas que la Constitución de Pinochet”, dijo la especialista en educación para la no discriminación de la Universidad de Heidelberg.
El bloque, además, ha anunciado, en la misma línea que en marzo lo hizo el mandatario de izquierdas, que en caso de que se rechace el proyecto en el referéndum, “como partidos y movimiento del Frente Amplio descartamos un tercer proceso constitucional durante el mandato del presidente Boric, al no existir las condiciones para ello” y que “los esfuerzos de la política deben estar orientados a resolver las deudas con la ciudadanía en materias de pensiones, salud y educación”.
A poco más de 40 días del plebiscito, falta que el viernes haga formal su postura el Partido Comunista, que también rechazará el texto, y que tiene a tres ministros en puestos clave de la Administración de Boric: la portavoz Camila Vallejo; Jeannete Jara en Trabajo y Nicolás Cataldo en Educación.
Las contradicciones y el fantasma de Pinochet
El Consejo Constitucional está conformado por 50 delegados electos. De ellos seis son socialistas, dos comunistas, cuatro de Convergencia Social y cuatro de Revolución Democrática (RD). Se sumó como independiente a la bancada RD Alihuén Atileo, el único representante del pueblo mapuche. Fue uno de los primeros en llamar a votar en contra.
Pero la mayoría, y es lo que explica los votos con los que se aprobó la propuesta, son de la oposición: 33. De ellos 22 del Partido Republicano, de la extrema derecha que lidera el excandidato presidencial José Antonio Kast, que impulsó una nueva Constitución que el oficialismo ha dicho que es un retroceso, incluso, con respecto a la Carta Fundamental actual, la misma que han querido cambiar durante años.
El texto será entregado formalmente el 7 de noviembre a Boric para que llame al referéndum de diciembre. Pese que el Gobierno ha tomado una postura de prescindencia frente a este proceso, se sabe que no les gusta el texto. El mandatario, por ejemplo, ha dicho dos veces que está “preocupado” por la propuesta. Y, una vez que fue aprobada, señaló que “se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y que, en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado”.
Ese proceso anterior al que se refiere Boric, y al que Frente Amplio y los partidos Socialista y Comunista apoyaron, es la propuesta de Constitución que presentó una convención compuesta por convencionales de la izquierda radical y cuya mayoría provenía de movimientos sociales contrarios a los partidos políticos. Fue un texto que la ciudadanía rechazó por un 62% en un plebiscito en septiembre de 2022 y que proponía cambios profundos a la institucionalidad chilena y al que la derecha tildó, en ese entonces, también como identitario y extremo, pero también refundacional.
Este segundo intento de Chile en casi cuatro años de cambiar la Constitución ha tenido una serie de complejidades y contradicciones. Por un lado, el Partido Republicano, que ha llamado a votar a favor, nunca quiso cambiar la Carta Magna actual. Pero, al arrasar en las elecciones de convencionales en mayo y al ver que sus emniendas se aprobaron con facilidad con los votos de la derecha tradicional, ha señalado que esta propuesta es “mejor” que la Carta Magna vigente.
Por otro lado, las izquierdas, que históricamente han impulsado el reemplazo de la Constitución pues, aunque haya sido reformada más de 60 veces en democracia y que desde 2005 lleva la firma del exmandatario socialista Ricardo Lagos (2000-2006), le asignan un pecado de origen pues nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Sin embargo, luego que la propuesta solo contara con los votos de las derechas, hoy el oficialismo enfrenta un escenario inédito al optar por quedarse con la Carta Magna que tanto han criticado.
Una de las frases que refleja ese dilema la pronunció María Pardo, consejera por Convergencia Social, poco antes de la votación final: “Nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet”, dijo en una entrevista al portal de noticias Emol.
El oficialismo ha coincidido en bloque en las críticas a la propuesta. Por ejemplo, si bien se consagró el Estado social, que era la aspiración de las izquierdas, asegura que ha quedado debilitado pues las derechas incluyeron el mismo modelo que tiene la Carta Fundamental vigente: un Estado subsidiario que, aunque no está escrito en el papel, implica que los privados también tengan protagonismo en las prestaciones sociales, como la salud y las pensiones.
Además, el cambio de una palabra en una norma, según las izquierdas, podría tener consecuencias en la aplicación de la ley de aborto tres causales que fue aprobada en 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. Esto, pues el Partido Republicano impulsó el reemplazo de la frese de la Carta vigente actual, “la ley protege la vida del que está por nacer” por “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
