Yuri Malashko gestiona una región controlada en un 67% por los rusos y en cuya línea del frente siguen viviendo unas 800 familias
Avisa con antelación de que llega 15 minutos tarde a la entrevista y así es. Máxima puntualidad. Antes de empezar a responder en una sala con las ventanas cubiertas con tablones, el gobernador se disculpa por atender una última llamada de teléfono con uno de sus dos móviles. El coronel Yuri Malashko, de 48 años, accede a la sede del gobierno regional de Zaporiyia procedente del frente de Huliaipole, uno de los puntos calientes de la actual contraofensiva de Ucrania. Su pronóstico no oculta que se encuentran ante un reto complicado. “Recuperar terreno hasta el mar va a ser muy difícil porque los rusos llevan cavando defensas más de un año”, admite.
Se refiere el gobernador de Zaporiyia a una de las máximas aspiraciones del ejército local en su actual ofensiva, que es llegar a la costa del mar de Azov y cortar un pasillo esencial para las comunicaciones y la infraestructura de la ocupación rusa. Ese corredor permite a Moscú conectar la península de Crimea, en sus manos desde 2014, con la región ucrania de Donbás y la rusa de Rostov. Las tropas locales, que avanzan muy poco a poco, se encuentran todavía a una distancia de entre 80 y 100 kilómetros de ese objetivo. “La gente allí nos está esperando. Es verdad que algunos cooperan con la Federación Rusa, pero otros están esperando la desocupación y la liberación de nuestros territorios”, comenta Malashko durante la conversación, el pasado miércoles.
Como jefe de la Administración Militar (gobernador), es la máxima autoridad de una región que tiene ocupado por los soldados invasores el 67% de su territorio, es decir, dos tercios de sus 27.100 kilómetros cuadrados (unos 5.000 más que la mayor provincia de España, que es Badajoz). Además de ese corredor estratégico, los rusos mantienen también bajo su control a orillas del río Dniéper la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa.
Entre el mar de dificultades que Malashko ha de afrontar está la evacuación de personas salpicadas por el conflicto y su acomodo fuera de su lugar de residencia habitual, bien sea en la región de Zaporiyia o en otras del país. Además, ha de lidiar con la presencia de población civil que vive en el entorno de la línea de combate y la necesidad de que sean atendidos con ayuda humanitaria. En este sentido, destaca la creación de un punto de información en la capital regional donde se centralizan las necesidades urgentes de la población y el trabajo de las organizaciones humanitarias.
Calcula que en la franja de 30 kilómetros en torno a la zona de hostilidades quedan unas 800 familias, aunque es una cifra, dice, que varía cada día. Unos viven en pueblos más metidos que otros en las áreas donde más se combate. Las dos jornadas en que EL PAÍS ha visitado Mala Tokmachka, una de las puntas de lanza del avance ucranio, apenas ha visto rastro de civiles y casi todo lo que se observa son militares asentados en viviendas de vecinos que han dejado el pueblo.
Pero entre esos cientos de familias que permanecen hay unos 1.300 menores, pese a que, por ley, el Gobierno obliga a que sean evacuados. “Prestamos especial atención a los niños, que tratamos de sacar de allí. Gracias a Dios no hay muchos”, pero “no podemos quitárselos por la fuerza”, reconoce Malashko. Detrás de la presencia de esos irreductibles hay personas que se niegan a ser evacuadas. “A veces, la gente se queda y espera nuestra victoria”, trata de justificar el gobernador.
De la misma forma, las autoridades rusas que detentan el poder en zonas ocupadas organizan en ocasiones movimientos de población para retirar a civiles de localidades en las que la distancia con el enemigo se estrecha. Así ocurrió el mes pasado en 18 municipios de la región con los niños acompañados de sus padres, los ancianos, las personas discapacitadas y los heridos por orden del gobernador que Rusia ha nombrado en la parte de la región ocupada, Yevgeni Balitski. Zaporiyia es, junto a Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro regiones que, desde el año pasado, Moscú considera unilateralmente, de forma ilegal y sin ningún reconocimiento externo, como parte de su territorio.
El papel de Malashko oscila entre lo civil y lo militar, aunque oficialmente en su actual cargo no forma parte del ejército. “Nuestra tarea principal es proteger la región tanto como sea posible del avance del enemigo. La segunda es la desocupación y todas las cuestiones que deberán resolverse después. Estas cuestiones afectan tanto a la población civil como a los militares”, detalla. Si bien ambas partes, ejército y gobernador, tienen una “estrecha cooperación”, cuenta que él no tiene que ver con la llegada y movimiento de armamento o el abastecimiento de combustible, que es “prerrogativa del Ministerio de Defensa”. Sí, en cambio, colaboran con los militares en el suministro y mantenimiento de drones o facilitando las redes de camuflaje para los vehículos, así como otras necesidades que prefiere no especificar.
Aunque rehúye adentrarse en la parcela militar y estratégica, el gobernador destaca la dificultad que va a suponer para las tropas superar las extensas defensas establecidas en los últimos meses a lo largo de cientos de kilómetros por los rusos y que han llegado a ser calificadas tras su análisis vía satélite como de las más férreas desde la II Guerra Mundial.
Malashko lleva tres décadas ejerciendo de militar. Ocupa desde febrero su actual cargo en Zaporiyia procedente de la vecina región de Donetsk, donde la guerra comenzó en 2014. Allí era uno de los responsables de los Servicios de Inteligencia (SBU). Su nombramiento vino directamente de la mano del presidente Volodímir Zelenski, que comenzó 2023 con una intensa purga en la Administración ante la sospecha de corrupción, malversación o traición por colaborar con el enemigo.
En los últimos meses, han salido de sus puestos, además del de Zaporiyia, los responsables de la región de Kiev, Odesa, Jersón, Dnipró, Lugansk, Sumi y Jmelnitski. También ha habido limpia a nivel de ministerios y agencias estatales, en alguno de cuyos despachos llegaron a aparecer grandes cantidades de dinero procedentes de sobornos o de hinchar precios de material básico necesario para afrontar la guerra. En julio del año pasado, el presidente destituyó al máximo jefe del SBU, considerado hasta entonces de su entorno más cercano, y a la fiscal general, acusados junto a más de 600 personas de facilitar información al enemigo.
“Cualquier problema interno que obstaculice al Estado se está eliminando y se seguirá eliminando. Es justo, es necesario para nuestra defensa y ayuda a nuestro acercamiento a las instituciones europeas”, dijo Zelenski en su alocución del pasado 24 de enero. “Necesitamos un Estado fuerte, y Ucrania será precisamente eso”. En medio de la lluvia de millones que Kiev recibe para poder hacer frente a la invasión, afloran las preocupaciones por el lastre que supone el alto nivel de corrupción, que situaba a este país en el 122 de 180 en el año 2021, según el baremo de Transparencia Internacional.
