En un anuncio de La Moncloa, el palacio del gobierno, Sánchez ofreció un tono de conciliación que marcó un cambio de otras posturas de confrontación del gobierno contra los prisioneros. Dijo que indultarlos era de interés público.

“El gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España”, dijo

Sin embargo, el gobierno no ofreció indultos completos a los prisioneros, y se mantiene la prohibición de que varios de ellos —que se habían dedicado a la política— ocupen cargos políticos

Entre quienes recibirán clemencia están Oriol Junqueras, el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña; Raül Romeva, quien estaba a cargo de los asuntos exteriores del anterior gobierno catalán; Jordi Sànchez, quien encabezaba un grupo independentista, y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, una organización cultural con sede en Barcelona.

La decisión de los indultos acarreó riesgos para el presidente del gobierno, Sánchez, líder de los socialistas, quien ha recibido críticas de que el partido no ha mostrado suficiente fuerza frente al separatismo, a cuyos líderes muchos españoles ven casi como delincuentes. Los separatistas aseguran que son perseguidos políticos.

Luego de que Sánchez empezó a barajar la idea de los indultos con más seriedad este mes, tres de los principales partidos políticos —que representan a los votantes del centro, la derecha y la extrema derecha española— se manifestaron en Madrid, en una protesta que reunió a unas 25.000 personas.

Las encuestas muestran que la mayoría de los españoles se oponen a los indultos.

“Los indultos son un premio a los que han roto familias en Cataluña, a los que se saltaron las leyes”, dijo Inés Arribadas, una política catalana que lidera el partido centrista Ciudadanos y quien encabezó a un contingente de manifestantes. “Es una humillación, a los que seguimos desde Cataluña siendo leales a la Constitución y cumplimos las leyes”.

Arrimadas señaló que, hasta hace poco, Sánchez y miembros de su gobierno sostenían que los separatistas debían responder por sus crímenes, pero que su partido ahora necesita el apoyo de los nacionalistas catalanes para aprobar leyes.

Muchos analistas, sin embargo, observan que es un momento propicio para un gobierno que busca ganar simpatías en Cataluña.

Los socialistas de Sánchez obtuvieron la mayor parte de los asientos en un voto regional en Cataluña celebrado en febrero, después de años de quedar rezagados en las elecciones. Los partidos independentistas al final formaron un gobierno sin ellos, pero apoyaron a un líder moderado, Pere Aragonès, quien promueve un diálogo con Madrid en lugar de un nuevo referéndum.

Joaquim Coll, un historiador y columnista de Barcelona, dijo que en los años transcurridos desde el referéndum de 2017, el impulso del movimiento independentista ha decaído en toda la región, lo que significa que puede haber poca amenaza en la liberación de los prisioneros.

“Yo creo que del punto de vista del Estado es un gesto que reconfirma la victoria del Estado”, dijo, y añadió que es “el gesto que quiere el vencedor”.

Coll también comentó que al liberar a los prisioneros, el gobierno privó a los independentistas de línea dura de mártires que podrían ser utilizados para impulsar una mayor confrontación con Madrid. Eso le quita presión a los moderados en Cataluña.

Los encarcelamientos resultaron de un antiguo conflicto sobre quién debería gobernar Cataluña, una región que es hogar de 7,5 millones de personas, en donde está albergada Barcelona y que es poseedora de un idioma y una cultura distintas.

Luego de que las cortes españolas anularon buena parte de un decreto que debía otorgarle poderes autonómicos más amplios a la región, un movimiento separatista regional empezó a ganar impulso.

El referéndum de 2017 se llevó a cabo a pesar de una decisión del tribunal que determinaba que era ilegal. Los separatistas declararon victoria a pesar de que las encuestas de opinión mostraban una gran división del público en torno al tema y el gobierno de Cataluña declaró la independencia, solo para suspender la medida y ser disuelto a través de la intervención del gobierno español.