La Corte Suprema deberá decidir, a partir de esta semana, sobre al menos dos de las cientos de demandas contra la norma ejecutiva que impuso el presidente para desregular la economía
La Corte Suprema argentina ha vuelto esta semana de sus vacaciones de verano con pilas de trabajo tras la asunción de Javier Milei y tendrá que decidir sobre uno de los temas que han encendido el debate en el país: el gran decreto de desregulación económica que presentó el presidente el pasado 21 de diciembre, más de 300 reformas que tocaron desde el despido de miles de empleados estatales hasta el régimen de alquiler de propiedades. La norma ejecutiva está vigente desde el 29 de diciembre, pero acumula al menos un centenar de demandas en su contra y algunos tribunales ya han frenado reformas, como la flexibilización laboral o los aumentos sin discreción en los seguros de salud privados. Hay todavía demandas abiertas, incluso contra la totalidad del decreto, que empezarán a ser tratadas por el máximo tribunal para definir el futuro del decreto.
Al decreto se han opuesto actores de todo tipo. Desde la provincia de La Rioja, en el noroeste del país, que busca frenar el decreto en su totalidad, hasta la Confederación Central del Trabajo (CGT), cuyo amparo contra la reforma laboral fue avalado por la Cámara del Trabajo. En el caso de esta última, el pasado 30 de enero, el tribunal de apelaciones decidió dejar sin efecto toda la reforma laboral que limitaba el derecho de huelga, eliminaba las sanciones a empleadores por contratos irregulares, autorizaba jornadas de hasta 12 horas diarias o habilitaba cambios en las indemnizaciones. El Gobierno apelará a esta última en la Corte Suprema. “Se va a apelar cada una de las instancias”, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
La Corte también anunció durante la feria judicial que tratará a partir de febrero el recurso de la provincia de La Rioja. El gobernador, el peronista Ricardo Quintela, presentó a fines de diciembre una acción declarativa de certeza, es decir, un recurso para controlar la constitucionalidad del megadecreto. Quintela consideró que la iniciativa “produce perjuicios irreparables” en la sociedad argentina y afecta “múltiples actividades productivas y económicas” y “relaciones jurídicas” en la provincia. La Procuración General de la Nación dictaminó esta semana que la Corte debe intervenir en la demanda que presentó la provincia. Los jueces la estudiarán a partir de ahora y no tienen un plazo para resolver la causa.
Además, ha sido validado en tribunales un amparo de la Liga Deportiva de Salto, una asociación de fútbol de la provincia de Buenos Aires que se opuso al desembarco de los capitales privados en el fútbol profesional argentino, y ha sido suspendida la desregulación de los aumentos de los precios de los seguros de salud privados en casos puntuales, como la demanda de un jubilado de 78 años que reclamó no poder afrontar las cuotas con su pensión. Incluso los veteranos de la Guerra de Malvinas se han movilizado contra el decreto: un centro de excombatientes de la ciudad de La Plata, al sur de la ciudad de Buenos Aires, logró la suspensión de la derogación de la ley de tierras, que limita la venta de territorio argentino a empresas o particulares del extranjero. Estas son solo algunas de las demandas contra el decreto que han encontrado curso en los tribunales. Hay más de un centenar pendiente.
La justicia federal rechazó, en cambio, dos amparos contra el decreto en su totalidad, uno del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una ONG de Buenos Aires, y otro de la asociación civil Gente de Derecho, una organización de abogados de la capital argentina. Para el juez federal que los revisó, Enrique Lavié Pico, ninguno cumplía con probar la “ilegalidad y arbitrariedad” que fundamentaban ambas demandas.
“Es muy dinámico, todo el tiempo se siguen presentando [recursos judiciales]. Holgadamente hay ya más de 100”, explica Pablo Salinas, politólogo y consultor político. Para Salinas, la Corte empezará a dar “novedades concretas” sobre sus resoluciones la próxima semana y la jurisprudencia, explica, es contraria a la voluntad del Gobierno. “Las veces que ha ocurrido que el Poder Ejecutivo quiere avanzar sobre determinadas materias, principalmente laborales y algunas de derecho administrativo, [la Corte] lo ha tirado para atrás para que [el Gobierno] recurra al Poder Legislativo. Si la Corte accede a determinadas cuestiones del DNU, sería un cambio de 180 grados”, afirma Salinas.
El politólogo señala que si eso ocurre se estaría “generando un antecedente muy complicado para Argentina”: “Cambia 100 años de historia jurídica del país”. “Hoy lo hace La Libertad Avanza, pero mañana lo podría hacer otro Gobierno. El Ejecutivo tiene que dialogar y tener una convivencia con el Poder Legislativo y Poder Judicial”, señala. Lo expresó así el dirigente social peronista Juan Grabois después que Milei impuso el DNU: “Si el día de mañana me toca ser presidente y defino una reforma agraria, una reforma urbana, poner topes a los precios de los alquileres, nacionalizar empresas estratégicas y lo hago por DNU, ¿también voy a poder hacerlo?”.
El Congreso, otro cortafuego
El frente judicial no es el único dolor de cabeza de Milei. El Congreso discutió todo enero la otra pata de su refundación argentina: la ley ómnibus con la que persiguió otras 600 reformas, como la privatización de 41 empresas públicas, mayores impuestos a las exportaciones o hasta facultades legislativas de emergencia para el presidente durante todo su mandato. La ley se desinfló mientras el Gobierno cedía en sus pretensiones buscando consensos y fue aprobada el viernes con casi la mitad los artículos del proyecto original. La iniciativa será sometido a una segunda votación en la que los legisladores votarán aprobar o rechazar uno a uno los artículos el próximo martes; después pasará al Senado. El debate en la Cámara de Diputado transcurrió mientras crecía la tensión en las calles: el miércoles y el jueves las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas ante el Congreso.
El debate ha tenido a la ciudadanía enganchada durante unas amargas vacaciones de verano y ocupados a los propios legisladores, que no conformaron en el plazo establecido la comisión bicameral para analizar el decreto. Después de que entró en vigor la norma ejecutiva, a fines de diciembre, el Congreso tenía 10 días para conformar una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados para analizar si la “necesidad” y la “urgencia” de la norma ejecutiva están justificadas. Vencido el plazo para hacerlo, el peronismo de Unión por la Patria pidió una sesión especial para abordar el jueves el megadecreto, pero la vicepresidenta, Victoria Villarruel, retrasó la convocatoria. Por eso, la validez de la norma ejecutiva, por ahora, está en manos de la justicia.
La distracción y el aturdimiento han sido las formas de Milei durante sus dos primeros meses de Gobierno. El decreto y la ley han impulsado a la calle a sindicalistas, jubilados, inquilinos, artistas, activistas climáticos y miles de autoconvocados, cada uno con un punto en contra de la gran reforma que planea llevar a cabo el Gobierno. Incluso a los fanáticos del fútbol. En diciembre, los socios de Boca Juniors, uno de los equipos más populares del país, se movilizaron de a decenas de miles para elegir como presidente del club al exjugador Juan Román Riquelme, que se presentó como dique de contención a las aspiraciones de Mauricio Macri, expresidente de la nación y del club, que aspiraba volver al poder como uno de los impulsores del desembarco de las sociedades anónimas en el fútbol argentino.
Mientras la oposición más crítica con Milei repudia las pretensiones del presidente de concentrar el poder público, el Gobierno reclama que les permitan gobernar. El presidente ha planteado que existe en el país hoy “dos Argentinas”. “Hay una que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y otra que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos”, dijo en una entrevista televisiva. Es cierto que otros presidentes argentinos han gobernado imponiendo una gran cantidad de decretos: lo hicieron los peronistas Eduardo Duhalde, tras la crisis de 2001, o Alberto Fernández, durante la pandemia de covid-19, cuando la emergencia estaba claramente justificada; también usaron esta herramienta de la Constitución Néstor y Cristina Kirchner y el conservador Mauricio Macri. Pero la cantidad de artículos que reúne el DNU de Milei —cientos de artículos impuestos en menos de un mes de Gobierno— es excepcional.
