Los militares formados en democracia toman distancia de la reivindicación de las Juntas que promueve el candidato ultra a la presidencia
Javier Milei, el candidato presidencial de la ultraderecha argentina, ha puesto patas para arriba los consensos que desde hace 40 años mantienen a flote la democracia en el país. Pretende terminar con la educación y la salud públicas, desfinanciar universidades y se opone a las leyes del aborto y el matrimonio igualitario. Parte de esa “guerra cultural”, como la llama, supone una relectura condescendiente con la última dictadura (1976-1983) y el terrorismo de Estado. Al frente de este negacionismo está su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, una nieta, hija y sobrina de militares que pide una “memoria completa” que incluya a las víctimas de las guerrillas de los setenta y ponga fin a las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. Su discurso, sin embargo, no tiene el predicamento esperado en los cuarteles. Las nuevas generaciones de militares, algunos ya nacidos en democracia y todos educados en ella, consideran que poner el tema de la represión en la agenda atenta contra años de esfuerzos por limpiar su imagen.
Las Fuerzas Armadas controlaron la política argentina durante más de 50 años. En 1930 iniciaron con el primer golpe de Estado una larga serie que intentó reprimir, primero, al primer partido de masas de América Latina, la Unión Cívica Radical (UCR), y luego, a partir de 1955, al peronismo. Cuando entregaron el poder en 1983 habían sacado por la fuerza de la Casa Rosada a cinco gobiernos democráticos, sin contar los cambios de mando de palacio. El presidente de la transición, el radical Raúl Alfonsín, juzgó a los jerarcas de la dictadura en 1985. En 1991, un peronista, Carlos Menem, los indultó. Con el menemismo, sin embargo, se inició también un proceso de desfinanciación de las Fuerzas Armadas y el repliegue de las tropas a los cuarteles. Hoy los militares argentinos no quieren saber nada con la política. Y el consenso democrático alrededor del “nunca más” neutralizó cualquier intento de reescritura de la historia o glorificación política del terrorismo de Estado. Hasta ahora.
Cuando Javier Milei fue interpelado sobre la dictadura en el primer debate de candidatos, repitió las palabras del almirante Emilio Massera durante el juicio a las Juntas. Dijo que en los setenta hubo “una guerra” en la que se cometieron “excesos”, pero nunca un plan sistemático de exterminio. Era el primer aspirante a la Casa Rosada que se animaba a tanto y el primero que no perdió votos por ello. Villarruel va más allá. Pretende terminar con los juicios por delitos de lesa humanidad, convertir el Museo de la Memoria que funciona en el mayor centro de detención y torturas de la dictadura, la Esma, en una escuela “para disfrute de todos” y depurar el programa de pensiones que reciben las víctimas. Durante esta semana, defendió públicamente a un militar que celebró en redes que en el baúl de un Ford Falcón verde, como los usados para secuestrar militantes, cabían siete personas “aunque un poco incómodas”. Dice, además, que los desaparecidos no fueron 30.000, como sostienen los organismos de derechos humanos, sino “solo” los 8.961 que registró la comisión de la verdad, Conadep, que instaló Alfonsín en el inicio de su Gobierno.
El discurso de Villarruel cala entre los militares retirados, con cargos durante la dictadura y muchos de ellos condenados o con procesos abiertos por delitos de lesa humanidad. Pero no en los actuales, formados ya en democracia. “Somos otra generación y estamos molestos”, aclara una fuente de la Armada en estricta reserva porque están impedidos por reglamento de expresar cualquier opinión política. “Los que estuvieron en esa época [la dictadura] ya pagaron, fueron condenados ¿Para qué volver atrás con un discurso que te sigue jugando en contra después de 40 años?”.
La misma pregunta se hace la politóloga argentina Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. “Partidos como el Frente Nacional en Francia [de Marine Le Pen] buscaban en el inicio influenciar en la agenda de políticas públicas. Una vez que la agenda de políticas públicas cambia, es para ellos más fácil acumular votos. Cuando un tema se vuelve normal, el partido extremo resulta menos extremo”, explica.
Villarruel, de hecho, ha traspasado varias líneas rojas, como la de proponer que las Fuerzas Armadas argentinas se sumen a las tareas de seguridad interior, a la par de la policía o la gendarmería. Hoy lo tienen prohibido por una ley de Alfonsín que garantizó la sumisión de los militares al poder civil. “Las Fuerzas, después de la dictadura, no quieren meterse en ese juego, que nos hizo perder credibilidad, fondos, propiedades”, dice la misma fuente de la Armada. Desde el Gobierno también consideran que los militares actuales no quieren saber nada con involucrarse en el combate contra el narcotráfico o la delincuencia común. “Hay mucha renovación, con camadas de jóvenes profesionales. Nadie se quiere involucrar en cuestiones de seguridad nacional, porque lo consideran un problema y saben que no están preparados para eso”, dice una fuente oficial conocedora del sector. Para Villarruel, las reticencias tienen sentido, porque en los casos en los que el ejército se ha metido en la seguridad interior “creció la corrupción”.
¿Y quiénes son los militares que apoyan públicamente a Villarruel? “Son retirados antes de tiempo que no cobran beneficios por su retiro, casos individuales con poca ascendencia interna”, responden desde el Gobierno. Todas estas reticencias no impiden que muchos de ellos voten, finalmente, por Milei. La candidata a vicepresidenta les ha prometido una importante subida del presupuesto en caso de llegar a la Casa Rosada. Está por verse si eso será suficiente para sumar apoyos en los cuarteles.
