La misión central de la comisión ha sido descubrir todo el alcance del intento sin precedentes de Trump de detener el traspaso de poder al presidente Joe Biden. Esto incluye los intentos de Trump de anular su derrota en 2020 presionando a funcionarios estatales y federales, y lo que los miembros de la comisión dicen que fue su “dejación de funciones” el 6 de enero mientras sus partidarios saqueaban el Capitolio de Estados Unidos.
Los legisladores tratarán de condenar a Trump en el tribunal de la opinión pública, que es todo lo que pueden hacer, porque no está dentro de sus competencias acusar realmente a Trump. Pero tienen una base legal emergente para afirmar que Trump infringió la ley, gracias a un fallo judicial histórico de un juez federal que dijo que “lo más probable” era que Trump cometiera delitos en relación con el 6 de enero.
Estas audiencias altamente coreografiadas serán la primera oportunidad del panel para mostrar al público lo que han aprendido de más de 1.000 entrevistas a testigos y 135.000 documentos. Una avalancha de nueva información sobre el 6 de enero ha salido a la luz desde el juicio de destitución de Trump en febrero de 2021, donde fue absuelto de un cargo de “incitación a la insurrección.”
“Vamos a contar la historia de una conspiración para anular las elecciones presidenciales de 2020 y bloquear el traspaso de poder”, dijo a The Washington Post a principios de esta semana el representante Jamie Raskin, un demócrata de Maryland que forma parte de la comisión, y añadió que éste “ha encontrado pruebas de una planificación concertada y una actividad premeditada” relacionada con los acontecimientos del 6 de enero.
A continuación, un desglose de lo que el panel —y la prensa— desenterró sobre el papel de liderazgo de Trump en el esquema antidemocrático, y cómo todo encaja en las investigaciones criminales en curso.
La subversión electoral de Trump antes del 6 de enero
La comisión ha entrevistado a funcionarios de Michigan y Georgia, entre otros estados, donde Trump intentó sin éxito engatusar a los funcionarios locales para que anularan los votos de Biden y le nombraran ganador. Trump también trató de reclutar a altos funcionarios del Departamento de Justicia para que le ayudaran en estos esfuerzos.
Los legisladores también han escarbado en la trama de los “falsos electores”, dirigida por funcionarios de la campaña de Trump y que fue un intento de socavar el proceso del Colegio Electoral en diciembre de 2020.
Los investigadores del Congreso han obtenido cientos de correos electrónicos del abogado derechista John Eastman, quien aconsejó directamente a Trump que siguiera métodos legalmente dudosos para mantenerse en el cargo. Esto incluyó un plan para que el entonces vicepresidente Mike Pence arrojara las elecciones a Trump el 6 de enero mientras presidía una sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria de Biden en el Colegio Electoral.
En otra victoria para la comisión, el juez del caso civil de Eastman dijo este martes que el esquema potencialmente criminal entre Trump y Eastman para obstruir los procedimientos del Colegio Electoral se formó en diciembre de 2020, semanas antes de lo establecido previamente. El fallo allana el camino para que el panel obtenga correos electrónicos adicionales que Eastman trató de mantener en secreto.
Trump y sus aliados siguieron adelante con estos esfuerzos, y promovieron la “Gran Mentira”, incluso después de que altos funcionarios le dijeran, incluido el entonces fiscal general Bill Barr, que los resultados de las elecciones eran legítimos y que él había perdido. Incluso Eastman reconoció en correos electrónicos en ese momento que sus planes no eran legalmente sólidos. Los legisladores han dicho que esto sugiere que Trump tenía un estado mental corrupto.
“Los datos van a ser convincentes por parte de la comisión”, dijo el exrepresentante Denver Riggleman, que fue asesor republicano de la comisión, en el programa “Anderson Cooper 360°” de CNN la semana pasada. “Creo que le corresponde al pueblo estadounidense, después de que se presente eso, llegar -usando hechos, no fantasías u opiniones- a cuál es la culpabilidad del presidente y de la gente que lo rodea”.
Trump, Eastman y las otras figuras del Partido Republicano que se vieron involucradas han negado haber actuado mal. Los portavoces de Trump no respondieron a una solicitud de comentarios para esta historia.
La dejación de funciones de Trump durante los disturbios en el Capitolio
Una vez que Trump fracasó en impedir que los estados certificaran sus resultados, empezó a centrarse en el 6 de enero como su última oportunidad para aferrarse al poder. Los hechos de ese trágico día son bien conocidos, pero el panel va a tratar de llevar a casa una narrativa clara del caos: Trump sabía que sus partidarios podían volverse violentos, pero los incitó de todos modos, y fue negligente cuando no intentó detener la violencia.
“Se les advirtió que el 6 de enero podría, y probablemente se volvería violento”, dijo la representante de Wyoming Liz Cheney, vicepresidenta republicana del panel, en una audiencia de la comisión en marzo.
El personal de Pence estaba tan preocupado antes del 6 de enero que advirtió al Servicio Secreto de EE.UU. que Trump podría avivar la violencia contra él, porque no estaba dispuesto a anular las elecciones, según The New York Times. (El Servicio Secreto ha afirmado desde entonces que “no tiene conocimiento” de que esa conversación se produjera). Algunos de los principales asesores de Pence, que han cooperado con la investigación de la comisión, podrían ser llamados como testigos durante las audiencias públicas.
Destacados funcionarios republicanos y figuras de la derecha de los medios de comunicación sabían en tiempo real que sólo Trump podía detener a la turba y poner fin a la carnicería mortal en el Capitolio, según los mensajes de texto que estos aliados de Trump enviaron al jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, el 6 de enero. CNN obtuvo sus textos después de que él cumpliera parcialmente con una citación para entregar los mensajes.
A pesar de esas súplicas, según los miembros de la comisión, Trump pasó 187 minutos durante la revuelta viendo la televisión y trabajando con los teléfonos, aparentemente complacido por cómo sus partidarios estaban luchando por él en el Capitolio. Reaccionó con aprobación cuando se enteró de que algunos de los alborotadores cantaban “colgar a Mike Pence”, según el testimonio que el panel obtuvo de un asesor de Meadows.
Para centrarse en esas horas cruciales dentro de la Casa Blanca, el panel entrevistó a personas que estaban allí con Trump ese día, incluyendo a su hija Ivanka Trump y a su yerno Jared Kushner. Es probable que en las audiencias públicas se reproduzcan por primera vez clips de sus declaraciones grabadas en video, que son solo algunos de los detalles nunca vistos que los legisladores han bromeado.
Exasesor de Trump, detenido por desacato ante Comisión del 6 de enero 5:34
Trump es investigado penalmente en Georgia
Las audiencias probablemente profundizarán en uno de los episodios más infames de los intentos de Trump por subvertir las elecciones: su llamada telefónica con el principal funcionario electoral de Georgia, en la que Trump afirmó falsamente que las elecciones estaban amañadas y le rogó que “encontrara” suficientes votos para dejarle ganar.
La explosiva llamada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, fue lo suficientemente grave como para desencadenar una investigación penal por parte de los fiscales estatales de Atlanta. El fiscal del distrito de esa ciudad ha convocado un gran jurado especial y ha comenzado a emitir citaciones, y ha ampliado la investigación para analizar también la trama de los “falsos electores” para subvertir los resultados en Georgia.
La fiscal del condado de Fulton, la demócrata Fani Willis, ha dicho que no se atiene a un calendario político con su investigación y que seguirá los hechos dondequiera que le lleven. Trump ha negado haber actuado mal. La investigación está considerada como una de las amenazas legales más graves para Trump.
¿Llegará la investigación del Departamento de Justicia a Trump?
Los investigadores federales han acorralado febrilmente a más de 800 presuntos alborotadores, realizando detenciones en casi todos los estados. Pero la pregunta sigue siendo (especialmente entre los demócratas): ¿Irá el Departamento de Justicia a por Trump?
Hay algunos indicios de que los fiscales están subiendo en la cadena alimentaria. Los agentes del FBI entrevistaron a los republicanos de Michigan y Georgia que participaron en la trama de los “falsos electores”, lo que sitúa la investigación un paso más cerca de la órbita de Trump. El Departamento de Justicia está preguntando a testigos sobre el papel de Eastman y del exabogado de Trump Rudy Giuliani, según The New York Times.
Se han emitido citaciones del gran jurado federal para al menos una figura que planificó las concentraciones pro-Trump en Washington el 6 de enero. El organizador, Ali Alexander, dice que está cumpliendo. El interés de los investigadores en Alexander muestra que no solo están buscando a los propios alborotadores.
Por otro lado, el Departamento de Justicia ha acusado a los exasesores de Trump Steve Bannon y Peter Navarro de desacato al Congreso por desafiar las citaciones de la comisión. (Ellos mantienen su inocencia.) Los fiscales se negaron a acusar a Meadows y a otro alto asesor de la Casa Blanca de Trump, Dan Scavino, que alegaron que el privilegio ejecutivo les protegía de tener que testificar.
No está claro hasta dónde llegará el Departamento de Justicia para investigar a Trump. El fiscal general Merrick Garland dijo que está “comprometido a hacer que todos los autores del 6 de enero, a cualquier nivel, rindan cuentas ante la ley”, pero muchos analistas legales han expresado su escepticismo de que vaya a perseguir a Trump, basándose en la lentitud de la investigación y en los desafíos de acusar a un ex presidente.
