CC0 / Joe Gratz / Courtroom One Gavel
BILBAO — El Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) aprobó por unanimidad un duro informe sobre el anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, impulsado por el Gobierno.
El informe de los jueces, que no es vinculante para la tramitación de la ley, rechaza los dos aspectos más destacados del texto:
la definición del consentimiento,
la eliminación de la distinción entre abuso sexual y violación, integrándolos en un delito único de agresión.
Sobre este primer aspecto que dio origen a que el proyecto legislativo fuera bautizado como “ley del solo sí es sí”, los jueces consideran que “la definición contiene elementos contradictorios al admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa”, según una nota emitida este 25 de febrero.
Además, sostienen los jueces que los cambios en el Código Penal en torno al asunto del consentimiento podrían afectar al principio de la presunción de inocencia.
“Esa definición determina un aparente desplazamiento de la carga probatoria, pues parece configurar un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad”, dicen los jueces.
Es decir, con este cambio legislativo, el acusado debería demostrar que hubo consentimiento y probar así su inocencia; y no será la acusación la que deba demostrar el delito con pruebas, como se hace en el sistema de justicia español.
Respecto a la integración del delito de abuso sexual en el de agresión, cuestionan entre otros aspectos que “se incurre en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad”.
El anteproyecto pretende mediante esta eliminación evitar que se considere abuso una violación en la que no se logre probar la existencia de violencia o intimidación, como hasta ahora.
Los jueces proponen que se castigue con mayor pena a quienes cometan actos más graves “una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (claramente, con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior”, según explicaron.
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El informe fue redactado por tres de los miembros del CGPJ, cuya renovación está pendiente desde hace dos años y se considera inminente en las últimas horas en España, tras el acercamiento en las negociaciones entre los dos principales partidos: Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP).
Los ponentes del texto fueron Roser Bach y Pilar Sepúlveda, del sector progresista del Consejo y Juan Manuel Fernández, del conservador.
Los 21 vocales del Consejo respaldaron el texto por unanimidad.
El pasado martes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora del proyecto legislativo, se mostró convencida en el Senado de que la ley saldría adelante.
El informe del CGPJ se unirá ahora al de otros organismos consultivos que serán estudiados en el Consejo de Ministros, antes de pasar al Parlamento en forma de proyecto de ley.
La Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, por su nombre completo, provocó en el pasado choques entre PSOE y Podemos, ya que estos últimos acusaron a los socialistas de obstruir su tramitación, y forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición de ambas fuerzas
