Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a cargar contra la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), a la que tildó de “intervencionista”.
El mandatario cayó en la cuenta de que la agencia estadounidense había aumentado los fondos para financiar a organizaciones de la sociedad civil que, según su perspectiva, se han constituido en oposición a su Gobierno: entre ellas, México Evalúa y Artículo 19.
Luego de enviar una carta al presidente Joe Biden, en la que denunció que la USAID se ha dedicado a financiar asociaciones “abiertamente opositoras”, López Obrador exculpó al inquilino de la Casa Blanca como responsable de las transferencias de la agencia.
El mandatario mexicano dijo estar convencido de que su homólogo estadounidense no estaba enterado. No obstante, pareció olvidar que, hace apenas dos años, ya había enviado una nota diplomática en la que, además de cuestionar el papel de la USAID, solicitaba una explicación sobre las transferencias de recursos. A lo largo de su gestión, varias han sido las ocasiones en que López Obrador ha expresado su rechazo hacia organizaciones de la sociedad civil que obtienen fondos del exterior y que, según su punto de vista, juegan un rol de opositores a su proyecto de Gobierno. El más emblemático, pero no el único caso, es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C., una organización que fue fundada por Claudio X. González Guajardo, a quien el mandatario considera uno de los integrantes de lo que denomina la “mafia del poder”.
La participación de González Guajardo fue motivo suficiente para que el presidente mexicano desconfiara de la organización, que asegura tener un desempeño imparcial a la hora de publicar reportajes. González Guajardo fue presidente de la asociación civil hasta julio de 2020, cuando anunció su renuncia para dedicarse de lleno a apoyar la alianza electoral ‘Va por México’, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Meses después de su renuncia, cuando se reveló que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. financiaba sus actividades con recursos de la USAID, López Obrador se quejó ante el Gobierno norteamericano. En mayo de 2021, el mandatario envió una nota diplomática a Biden, solicitando una explicación y argumentando que ese financiamiento violaba la Constitución y atentaba en contra de la soberanía. Pasaron casi dos años y aún no ha obtenido una respuesta formal de la Casa Blanca. En los encuentros que ha mantenido desde entonces con Biden, tanto presenciales como virtuales, no se le ha ofrecido una explicación. Desde esa fecha, las transferencias de la USAID hacia Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. no se han interrumpido un solo año.
De acuerdo con la base de datos donde se reportan los gastos del Gobierno estadounidense, los recursos transferidos entre los años fiscales 2018 y 2021, alcanzaron un total de 4.250.000 dólares. En 2022 la USAID realizó un donativo por un millón de dólares. Para este año todavía no hay información actualizada. Combatir la corrupción, promover la transparencia y la rendición de cuentas, así como hacer valer el Estado de derecho, son algunos de los objetivos que persigue la USAID en los países donde le permiten operar.
Estas mismas son las razones que fundamentan su financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C., organización que entre sus funciones contempla realizar investigaciones que revelen casos de corrupción.
Constituida como una asociación civil sin fines de lucro en noviembre de 2015, no fue sino hasta junio de 2016 cuando recibió la autorización del Sistema de Administración Tributaria para recibir donativos en México y el extranjero. Llama la atención, sin embargo, que no fue sino hasta el año fiscal 2018, esto es, durante el primer año de Gobierno de López Obrador, que la organización comenzó a recibir transferencias de la USAID. La imparcialidad de la organización ha quedado no pocas veces en duda dado el proceder de sus directivos, así como de los integrantes de su Consejo consultivo, quienes abiertamente se han dedicado a hacer política contra la denominada ‘Cuarta Transformación’.
Por ejemplo, antes de renunciar a la presidencia de la organización, Claudio X. González Guajardo convocó en su casa, varias veces, a los dirigentes de los partidos del viejo régimen para articular un frente de oposición contra el Gobierno, violando así el principio de no perseguir objetivos político-electorales.
Ese mismo principio hoy lo transgrede también uno de sus principales aliados, Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De Hoyos Walther, quien aspira a convertirse en el candidato presidencial de la oposición en 2024, se dedica a hacer campaña contra el Gobierno federal y, sin consecuencia alguna, sigue formando parte del Consejo consultivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. Durante la década de los 2000, varios fueron los mandatarios latinoamericanos que rechazaron el ‘modus operandi’ de la USAID en sus países y que, en última instancia, procedieron a su expulsión. En múltiples ocasiones, la agencia estadounidense ha sido acusada de llevar a cabo operaciones encubiertas dirigidas a socavar la legitimidad de Gobiernos que han sido elegidos democráticamente.
En 2008, las relaciones entre Washington y Bolivia se tensaron a una escala sin precedentes. Primero, el presidente Evo Morales expulsó al embajador de EE.UU., Philip Goldberg, ante una supuesta injerencia en los asuntos políticos de la nación suramericana.
Meses después, Morales expulsó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), una agencia con la que también ha tenido desencuentros López Obrador por considerarla injerencista.
Finalmente, en mayo de 2013, Evo Morales anunció el fin de la presencia de la USAID en Bolivia, agencia que, según denunció, operaba no con fines sociales, sino políticos, absorta en una “mentalidad de sometimiento y dominación. La relación entre la USAID y Ecuador fue otro caso. En 2012, el presidente de aquel momento, Rafael Correa, la acusó de injerencia por financiar a grupos que consideraba opositores—supuestamente, algunos grupos indígenas y ambientalistas—a su Gobierno. Toda vez que no se pudo llegar acuerdo para renovar el convenio de cooperación con el país suramericano, la agencia estadounidense se vio obligada a abandonar territorio ecuatoriano en diciembre de 2013. Con todo, Correa puntualizó que dar por terminada la cooperación con la USAID no implicaba necesariamente una afectación de las relaciones con el Gobierno norteamericano, mucho menos un rompimiento. El Gobierno de López Obrador, por su parte, se ha limitado a lanzar llamados a la Administración de Joe Biden para que ponga un alto al financiamiento de la USAID a organizaciones que considera “opositoras”. Pero desde Washington no hay respuesta.
Así las cosas, todo indica que, de parte del presidente mexicano, hasta la fecha no existe la menor intención de dar un ultimátum a la agencia estadounidense, o de por lo menos condicionar su presencia al cumplimiento de ciertas normas. El Gobierno mexicano mantiene una estrecha cooperación con diversas agencias estadounidenses, que se dedican desde la promoción del desarrollo, hasta la seguridad y operaciones de inteligencia. En el caso de la USAID, a mediados de 2021 los Gobiernos de México y EE.UU. firmaron un memorándum de entendimiento con la mira puesta en profundizar los vínculos entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la USAID.
A contrapelo de la narrativa que se reproduce desde el Palacio Nacional, que deja entrever la necesidad de establecer límites, la USAID ha venido aumentado el número de programas de cooperación lo mismo con el Gobierno federal que con los Gobiernos estatales.
De hecho, el financiamiento a organizaciones que considera “opositoras” no ha sido la única inconformidad del presidente López Obrador, sino también la suscripción de acuerdos entre la USAID y los mandatarios de los estados. Basta recordar que, apenas en octubre del año pasado, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, surgido del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibió a una delegación del Gobierno estadounidense encabezada por el embajador Ken Salazar.
Entre quienes acompañaban a Salazar había personal de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la USAID, ávidos todos de estrechar vínculos con el Gobierno a cargo de una entidad federativa que es clave para el narcotráfico. Y aunque el gobernador morenista negó haber firmado documentos oficiales tras la desaprobación del presidente, lo cierto es que se ha venido convirtiendo en práctica común de los mandatarios estatales amarrar acuerdos con el Gobierno y las agencias estadounidenses, contraviniendo el artículo 117 de la Constitución.
La USAID opera en el ámbito local a través de diversos programas. Entre ellos, Projusticia, que brinda asistencia técnica en materia de impartición de justicia en 12 entidades federativas; y Surges, orientado a fomentar empleo y garantizar sustentabilidad en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz. López Obrador amenaza con una “protesta diplomática” a EE.UU. por financiar a ONG
También participa en ‘Sembrando Oportunidades’, un marco de cooperación bilateral anunciado en diciembre de 2021, que propone hacer frente a la migración irregular que proviene de Centroamérica a través de iniciativas de desarrollo agrícola y empleo juvenil. En el documento ‘Estrategia de cooperación para el desarrollo del país’, publicado por la USAID y que fue actualizado en junio del año pasado tras una revisión de riesgos y desafíos a nivel estratégico, se establece que en los próximos años se continuará afianzando la relación estratégica con México. Para conseguirlo, la USAID propone coordinar esfuerzos con autoridades federales en el trabajo con los Gobiernos estatales y locales. Sobre este plan, el Gobierno mexicano no ha expresado objeciones. Así las cosas, aunque en el discurso el presidente López Obrador reprueba el ‘modus operandi’ de la USAID, en los hechos, su Gobierno no ha sino intensificado la cooperación.
