La exlíder birmana ha sido inculpada por aceptar dinero y oro, la imputación más grave de los siete cargos que hay contra ella
Los militares que se hicieron con el poder en Myanmar (antigua Birmania) el pasado febrero no quieren dejar ningún cabo suelto en su persecución a la líder de facto del Gobierno civil depuesto, Aung San Suu Kyi. A cuatro días de que sea juzgada, el próximo 14 de junio, el régimen castrense ha presentado este jueves una nueva acusación contra la Nobel de la Paz de 1991, esta vez por corrupción. Se trata de la séptima y la más grave de las imputaciones en su contra —que lleva aparejada una condena de hasta 15 años de cárcel— de una letanía de cargos que sus abogados consideran fabricados políticamente para apartarla del poder
Según un comunicado de la Comisión Anticorrupción birmana, controlada por los uniformados, Suu Kyi aceptó de forma ilegal 600.000 dólares (unos 493.000 euros) y una cantidad indeterminada de oro por parte del gobernador de Yangón, la mayor ciudad del país. También la acusa de utilizar su autoridad para facilitar el alquiler de una propiedad en esa misma urbe a una organización de caridad que ella fundó en 2012, y que habría supuesto pérdidas a esta municipalidad por valor de 3,15 millones de dólares.
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“La Comisión Anticorrupción ha investigado los casos de corrupción contra la exconsejera de Estado Aung San Suu Kyi. Ha sido hallada culpable de incurrir en actos de corrupción aprovechándose de su título”, se lee en el comunicado. Los altos cargos del Gobierno pueden enfrentarse a un máximo de 15 años de prisión si son hallados culpables de este delito. Suu Kyi fue consejera de Estado de Myanmar desde 2015, cuando su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), ganó los comicios. Al no poder ser investida presidenta porque la Constitución —redactada por los militares en 2008— prohíbe que lo sea alguien con cónyuge o hijos extranjeros —una cláusula pensada contra Suu Kyi, viuda de un académico británico—, se creó el título de consejera de Estado, bajo el que gobernó de hecho.
La hija del general Aung San, considerado el héroe de la independencia birmana, se encuentra detenida desde el 1 de febrero, cuando los militares dieron un golpe de Estado, alegando sin pruebas un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, ganados holgadamente por la NLD. Desde entonces, ha sido acusada de distintos delitos, siendo hasta ahora el más grave el de violar la ley de Secretos Oficiales, que puede suponer un máximo de 14 años de cárcel. También ha sido acusada de importar ilegalmente unos walkie-talkies y de vulnerar las normativas impuestas para frenar la propagación de la covid-19 durante la campaña electoral, entre otras supuestas infracciones.
Unas acusaciones que sus abogados consideran infundadas y pergeñadas para apartarla de unas posibles elecciones en el futuro, que los militares prometieron convocar en los próximos dos años. Khin Maung Zaw, uno de sus letrados, ha tildado los cargos de corrupción de “absurdos” y ha denunciado que su objetivo es “mantenerla fuera de la escena política”, según dijo a la agencia AFP.
La política birmana, que pasó 15 años bajo arresto domiciliario durante el medio siglo de poder del antiguo régimen militar (1962-2011), solo ha sido vista una vez desde su detención, durante una vista judicial el 24 de mayo en la capital, Naypyidó. Aunque en principio la junta la mantuvo recluida en su vivienda en esta ciudad, la pasada semana el autonombrado Gobierno civil clandestino birmano —formado por aliados de Suu Kyi que se oponen a los militares— aseguró que había sido trasladada y se hallaba en paradero desconocido.
El juicio comienza el próximo lunes y se espera que concluya el 26 de julio. Pese a los intentos de los militares por hacerse con el poder y apartar a Suu Kyi, la política sigue siendo muy aclamada por la población, que ha pedido en masa su liberación en manifestaciones multitudinarias casi diarias desde la asonada. Unas protestas aplacadas con violencia por las fuerzas de seguridad, responsables de la muerte de al menos 849 civiles y la detención de casi 5.000 personas —entre ellas, Suu Kyi y otros miembros de su Gobierno—, según la Asociación para la Protección de los Presos Políticos birmana.
