Parte del problema es que el asilo es una de las pocas vías legales a las cuales las personas que están en una situación económica desesperada pueden recurrir para vivir y trabajar en Estados Unidos. Conforme a la legislación estadounidense y a las convenciones de las Naciones Unidas establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, las personas que expresan un “temor fundado a ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política” pueden esperar la resolución de sus casos de asilo dentro de Estados Unidos, donde pueden solicitar autorización para trabajar 150 días después de haber solicitado el asilo. Los documentos de autorización de empleo deben renovarse cada dos años, lo cual genera otro montón de papeleo que la burocracia debe mantener al día.
Los solicitantes de asilo cuyos casos son auténticos son los más afectados por estas peticiones falsas, que aumentan de manera considerable el tiempo que deben esperar protección jurídica.
El gobierno de Trump puso en práctica diversos métodos encaminados a disuadir a los inmigrantes de presentar solicitudes de asilo, como obligar a algunas personas a permanecer en México mientras presentaban su solicitud en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de ello, las solicitudes de asilo aumentaron bastante durante su presidencia, en parte debido a un aumento en la migración, pero también como defensa contra su esfuerzo intensificado para deportar a las personas.
El brote mundial de COVID-19 supuso una nueva oportunidad de disminuir las solicitudes de asilo. El título 42, la política de salud pública relacionada con la pandemia que el gobierno de Trump implementó en marzo de 2020, ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar con rapidez a los migrantes en la frontera sin otorgarles la oportunidad de presentar una solicitud de asilo. A muchos de ellos se les regresa a México, lo cual los expone a más peligro. El gobierno de Biden anunció que reabriría el procesamiento de asilo en la frontera y buscaría poner un alto al uso del título 42, pero más de 20 fiscales generales republicanos presentaron demandas para mantener en vigor dicho título, aun cuando algunos de ellos se opusieron a otros esfuerzos para prevenir la COVID-19 e insistieron en que la pandemia se estaba sobredimensionando. Hasta ahora, un juez federal ha bloqueado los esfuerzos del gobierno para cambiar la política.
El título 42 acabará por eliminarse; en ese momento, el país se apoyará en el título 8, la regla que prevalecía antes de la pandemia en virtud de la cual los agentes estadounidenses pueden deportar o multar de inmediato a las personas que sean sorprendidas entrando al país de manera ilegal, a menos que se considere que cumplen los requisitos para solicitar asilo. Esto es justo; un sistema bien gestionado debe estar facultado para descartar y expulsar sin demora a las personas con solicitudes infundadas, al tiempo que conecta a los que tienen casos auténticos con redes de apoyo social.
En este frente, el gobierno de Biden no ha recibido el crédito que merece por un importante, aunque subestimado, cambio de reglas que podría reformar el sistema. Este verano, los funcionarios de asilo capacitados han aceptado algunas solicitudes de asilo en un puñado de centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en Texas, lo cual alivia a los tribunales migratorios. La esperanza es que las adjudicaciones rápidas de nuevos casos eviten que el retraso aumente y desalienten las solicitudes falsas o carentes de méritos.
La nueva norma no es el tapete de bienvenida que muchos activistas de los derechos de los migrantes querían del gobierno de Biden después de cuatro años del mandato de Trump. Tampoco es el tratamiento de tolerancia cero que muchos republicanos ven como la única manera de disuadir que los migrantes se acumulen en la frontera. Pero es una política sólida basada en recomendaciones y una extensa investigación de grupos respetados, incluido el Instituto de Política Migratoria, que es apartidista. En una era en la cual casi todo lo que un presidente hace en relación con la migración es motivo de una demanda, la regla se redactó con sumo cuidado para evitar los litigios. En combinación con los esfuerzos bipartidistas para aumentar la capacidad de procesar a los no ciudadanos en la frontera en los centros de recepción que tienen todos los departamentos y agencias pertinentes bajo un mismo techo, podría por fin transformar un sistema roto en uno mucho más eficiente, moderno y justo.
En una época en la que los estadounidenses ya están en desacuerdo sobre lo que podríamos llamar valores fundamentales —las creencias culturales que mantienen unido al país— es razonable preocuparse de que la llegada de más migrantes complique la tarea de forjar un futuro común. Sin embargo, también es una cuestión que afecta la esencia de lo que somos y si seguiremos siendo un lugar donde los cansados, los pobres y las masas hacinadas del mundo puedan tener una segunda oportunidad. Para ser fieles a nuestra identidad como país pluralista, necesitamos un sistema de asilo que garantice que las personas que reúnen los requisitos para recibir protección puedan obtenerla, al tiempo que se minimiza el abuso del sistema por parte de quienes solo intentan saltarse la fila.
Fuente: The New York Times
