Harris tiene mucho trabajo por delante. Aunque la guerra civil de Guatemala terminó de manera oficial con la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de 1996, en el país hay profundas divisiones raciales y de clase. La pandemia de coronavirus exacerbó una situación económica de por sí funesta. En los últimos meses, cada vez más migrantes guatemaltecos se han encaminado a Estados Unidos atraídos por las promesas de los traficantes de personas de un pasaje seguro y acceso a las vacunas contra la COVID-19.
Sin embargo, a pesar de sus enormes desafíos, Guatemala también ofrece al gobierno de Joe Biden la oportunidad de replantear su estrategia migratoria en la región. Durante demasiado tiempo, la política estadounidense se ha guiado por la suposición de que todos los que se encuentran al sur de la frontera aspiran hacer una nueva vida en Estados Unidos y que la lucha contra la inmigración indocumentada requiere una estrategia regional unificada. Pero este criterio no ha servido de mucho para frenar los innumerables factores que impulsan la migración desde la región. El gobierno de Biden haría bien en examinar más de cerca por qué tantos guatemaltecos abandonan su país y determinar qué haría falta para que se queden.
Una encuesta de 2018 a más de 1800 migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, a cargo del banco central de desarrollo de la región, registró un crecimiento constante de la migración irregular proveniente de Centroamérica desde 1990. Puso de relieve la mezcla de factores de expulsión y atracción —como la pobreza, la violencia y la reunificación familiar— que motivan a la gente a irse. También destacó el papel fundamental que desempeñan las remesas en el mantenimiento de las economías, las comunidades y las familias.
Sin embargo, un análisis más detallado de la encuesta evidencia diferencias sorprendentes que distinguen a los inmigrantes guatemaltecos de otras personas de Centroamérica. Los guatemaltecos encuestados, a diferencia de sus vecinos del Triángulo Norte, citaron con más frecuencia los factores económicos como su principal razón para emigrar, mientras que un número relativamente menor señaló la violencia y la inseguridad como motivos determinantes.
En comparación con dos terceras partes de todos los encuestados salvadoreños y casi la mitad de los hondureños, solo una cuarta parte de los guatemaltecos manifestó que tenía la intención de quedarse en Estados Unidos de manera permanente. En consonancia con sus intenciones a largo plazo, son muchos más los guatemaltecos que ahorran sus ingresos y los invierten en su país.
Estos datos coinciden con lo que ocurre en la práctica. En las últimas décadas, muchos guatemaltecos han hecho las maletas y se han ido a Estados Unidos. Sus ingresos cubren las necesidades básicas de sus familias en su país y poco a poco ayudan a financiar la construcción de viviendas de varios pisos. En las entradas de las casas aparece una creciente flotilla de autos y camionetas y hasta en las aldeas rurales más pequeñas abren tiendas de abarrotes.
Los futuros migrantes nos dicen que no buscan el sueño americano. Lo que buscan es el sueño guatemalteco, pero para alcanzarlo necesitan ir a Estados Unidos. Describen una mezcla de desesperación y ambición que los lleva a embarcarse en un viaje costoso y peligroso a sabiendas de que al otro lado les espera un trabajo agotador y la posibilidad de ser detenidos y deportados. Nos dicen que están decididos a hacer algo por su propio bien, así como por el de sus hijos y sus comunidades. La meta es pagar sus deudas, cuidar de sus familias y ahorrar lo necesario para salir adelante en su país.
Si pudieran, los agricultores de las comunidades situadas alrededor del pintoresco lago de Atitlán construirían alojamientos ecoturísticos que mostraran las tradiciones mayas y el cuidado del medioambiente. Los trabajadores agrícolas que viven en las exuberantes tierras altas volcánicas de Huehuetenango están cansados de solo recolectar café; aspiran a tostar, empacar y enviar sus granos directamente a los cafés de moda en Ciudad de Guatemala, San Salvador y Los Ángeles. Los cultivadores de naranja y cardamomo en la fértil región de Las Verapaces quieren embotellar jugos, enlatar mermeladas, envasar especias y destilar aceites terapéuticos y perfumes para que llenen los estantes de las tiendas de lujo de Estados Unidos.
Pero nada de esto parece ni remotamente posible en una Guatemala regida por un gobierno corrupto e indiferente y una élite rapaz que se empeña en ver al país como su plantación y a sus agricultores como sus peones. Los legisladores estadounidenses con un ojo en los datos, un oído en la tierra y una inclinación por la creatividad tienen un conjunto de herramientas que pueden ayudar a empoderar a esta ciudadanía.
El gobierno de Biden se ha comprometido a invertir 4000 millones de dólares en Centroamérica para hacer frente a la inseguridad económica, la violencia, las crisis medioambientales y la corrupción gubernamental. Conseguir resultados en Guatemala requiere invertir en el andamiaje económico y comercial que los agricultores emprendedores del país necesitan con urgencia, incluido el acceso a la tierra, los fertilizantes, el agua, las carreteras, el crédito, la asistencia técnica, el internet de banda ancha y la capacidad de vender sus productos a los consumidores sin intermediarios.
Estados Unidos también debería ampliar la disponibilidad de las visas H-2B para trabajadores temporales y privilegiar a los guatemaltecos para su otorgamiento. La decisión bien recibida de aumentar la cantidad de centroamericanos elegibles a 6000 en el año fiscal 2021, en comparación con los 467 del año pasado, dista mucho de satisfacer la demanda. Muchos agradecerían la oportunidad de participar en un programa que les permita entrar y salir de Estados Unidos con regularidad y seguridad, para evitar las deudas agobiantes, contar con un ingreso anual y perfeccionar habilidades transferibles y vínculos con los mercados estadounidenses.
Y lo que es más importante, Estados Unidos debe romper un patrón en el que la ayuda extranjera se canaliza a través de contratistas gubernamentales con muy poca transparencia, demasiados gastos generales y escasa conexión con las prioridades de la comunidad. Debemos aprovechar la oportunidad para trabajar de manera directa con las comunidades locales a fin de financiar proyectos de desarrollo sostenible.
Si la intención de frenar la inmigración indocumentada del gobierno de Biden va en serio, debería insistir en que el gobierno guatemalteco proporcione los recursos y las competencias que sus ciudadanos pobres en las zonas rurales tanto necesitan. En lugar de asociarse con el mismo grupo de ejecutivos empresariales de siempre, Washington debería buscar empresarios guatemaltecos que estén a favor de una mayor inclusión económica y que estén dispuestos a pagar impuestos, invertir capital, aportar experiencia y compartir el acceso al mercado.
Nada de esto será fácil ni rápido, pero la visita de la vicepresidenta Harris señala una estrategia potencialmente nueva en Guatemala. Su invocación a la esperanza como antídoto para la migración plantea una posibilidad interesante: con la ayuda de Estados Unidos y un compromiso sostenido, Guatemala podría convertirse en un país donde la visión maya de utz k’aslemal, que consiste en una vida plena, abundante y digna, por fin pueda estar al alcance de todos sus ciudadanos.
