El alto tribunal buscaba un castigo ejemplar en un megacaso que incluye 1.300 imputados y en el que el expresidente Bolsonaro es investigado
El informático y funcionario Aécio Lucio Costa Pereira, de 51 años, que entró a la fuerza en el Senado de Brasil con una turba bolsonarista y vestido con una camiseta que decía “intervención militar federal”, se ha convertido este jueves en el primer condenado por el intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Los jueces del Tribunal Supremo le han impuesto, con nueve votos a dos, una condena de 17 años de cárcel por cinco delitos incluidos los de abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, además de daños al patrimonio. Los dos jueces discrepantes consideran que el acusado no cometió un delito de golpe de Estado, por lo que solicitaban penas más leves. Ambos fueron designados por el expresidente Jair Bolsonaro, investigado en el caso.
El acusado ha seguido el juicio desde la cárcel donde lleva preso desde el mismo 8 de enero. Quiso estar presente en la sala del Supremo, en Brasilia, a dos pasos de las sedes del Congreso y la Presidencia, pero el instructor del caso, el juez Alexandre de Moraes, no se lo permitió. Moraes se ha convertido en un héroe para medio Brasil, que considera que su labor ha sido crucial en el último año para salvar la democracia brasileña de los ataques bolsonanaristas.
Costa Pereira, el primero de los cuatro acusados que el Supremo pretendía juzgar esta semana, se declaró inocente. Asegura que él no cometió ninngún destrozo y que solo participó de una manifestación que se fue de las manos.
En sus alegatos, varios de los jueces han argumentado que el acusado se autoincriminó al grabarse y difundir tres vídeos en los que amenazaba con defecar en el pleno del Senado y darse un baño en uno de los estanques, presumía ante sus amigos y les decía que no tuvieran miedo, que todo iba a salir bien. El atentado más grave contra la democracia brasileña desde la dictadura fracasó. Lula sigue gobernando en su tercer mandato. Y más de 200 de los acusados de golpismo siguen en prisión a la espera de juicio, además del millar que está en libertad condicional.
Los jueces del Supremo querían enviar un mensaje contundente en esta primera sentencia, imponer un castigo ejemplar con la vista puesta en disuadir para el futuro a posibles imitadores. Los jueces discrepantes abogaban por condenarlo por cuatro delitos, no por cinco, y por imponerle penas más leves.
Arranca con esta primera condena una fase crucial para los más de 1.300 procesados que aquel domingo invadieron las sedes de los Tres Poderes convencidos de que, creando una situación de anarquía en la capital, podían lograr que los militares asumieran el poder y apartaran al presidente democráticamente elegido, Lula. Fracasaron.
El proceso es también clave para el polarizado Brasil porque el resultado definitivo del proceso judicial fijará, a nivel institucional, si los actos protagonizados por la turba bolsonarista fueron un intento de golpe de Estado, como sostiene la mayoría del tribunal en esta primera sentencia (aunque no hubiera armamento pesado ni movilización de tropas) o mero vandalismo contra las principales instituciones del Estado.
Las deliberaciones de los once jueces del Supremo de Brasil son públicas, se retransmiten en directo por televisión. De manera que son tan conocidos como la selección de fútbol, pero además permite a cualquiera asistir a intercambios que en otros muchos países se producen sin testigos.
Este jueves, el instructor del caso de los actos antidemocráticos, Moraes, y su compañero André Medonça, al que Bolsonaro eligió por ser un jurista “terriblemente evangélico”, han chocado durante la sesión. Cuando el segundo argumentaba su voto, el primero le ha interrumpido con dureza pero sin desmerecer el ritual de la corte: “Su excelencia, pretender decir que el 8 de enero es culpa del ministro de Justicia es absurdo”, “¿su excelencia ha venido al plenario a decir que hubo una conspiración del Gobierno contra el Gobierno?”, ha disparado Moraes visiblemente molesto. Mendonça le ha respondido airado diciendo “no ponga en mi boca palabras que no he dicho”.
Uno de los togados más veteranos ha intervenido en apoyo de Moraes para recodar que, antes del asalto, hubo acampadas golpistas e incluso un intento de atentado con explosivos en el aeropuerto de Brasilia que falló por la torpeza de sus autores.
Uno de esos enfrentamientos cuerpo a cuerpo que en Brasil tarda poco en convertirse en un torrente de memes que hacen las delicias de los internautas.
La fiscalía recordó durante el juicio el relato que el ahora condenado hizo a sus interrogadores. Les contó que viajó a Brasilia invitado por un grupo de amigos a los que conocía del campamento instalado al día siguiente de la victoria de Lula ante la sede del Ejercito en São Paulo; el grupo se hacía llamar los patriotas. Costa Pereira, casado y padre de dos hijos, aportó 380 euros para el viaje. El propósito de desplazarse a la capital unos días después de la toma de posesión de Lula era “luchar por la libertad”. Tras ser detenido dijo no saber si alcanzar ese objetivo implicaba derrocar al presidente o no. Aseguró que él siempre creyó que la movilización sería pacífica, que fue cacheado al llegar la zona pero que después le sorprendió no encontrar ningún impedimento para entrar hasta el interior del Senado, ubicado junto al Congreso, a la Presidencia y al Supremo en la plaza de los Tres Poderes.
La multitud invadió a las bravas los edificios y arrasó con cristaleras, mobiliario e incluso obras de arte. El Tribunal Supremo exhibe en la entrada a su sede un ejemplar de la Constitución dañado por el fuego y otros objetos damnificados el día del asalto. Junto al pequeño santuario, una estatua de Don Quijote. La sede de la máxima corte es el edificio que con más virulencia atacaron los invasores. Se cebaron en la sala de los juicios y en el despacho del juez Moraes, considerado por el bolsonarismo su gran bestia negra.
