El tribunal considera que sus actos durante el asalto al Capitolio encajan en la definición de “insurrección” y lo invalidan, en virtud de la decimocuarta enmienda, para aspirar a la Casa Blanca. La sentencia, de aplicación solo en Colorado, es recurrible ante el Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora
En una decisión bomba sin precedentes que podría alterar el futuro político de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Colorado decidió este martes que no permitirá a Donald Trump presentarse a las primarias presidenciales en ese Estado del Oeste del país. La reñida resolución, que salió adelante con cuatro votos a favor y tres en contra, da por buena la teoría jurídica que considera que la participación del entonces presidente republicano en los hechos que condujeron al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, que califican de “insurrección”, son suficientes, en virtud de la decimocuarta enmienda, para desautorizarlo como candidato.
La decisión implica en la práctica que el nombre de Trump no puede aparecer en las papeletas de las primarias de Colorado, ni, por tanto, resultar elegido. Puede ser recurrida ante el Supremo de Washington, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis contra tres. De sus nueve magistrados, tres fueron además nombrados durante la única legislatura del magnate en la Casa Blanca. No está, con todo, garantizado que estudien el caso: también pueden decidir que no les compete ocuparse del asunto.
Inmediatamente después de conocerse la decisión judicial, la campaña del republicano la calificó de “completamente defectuosa” y anunció que buscaría “enérgicamente” justicia ante la más alta instancia judicial del país. De momento, la decisión de Colorado concede una moratoria a los abogados del magnate para que puedan apelar hasta el 4 de enero. Trump perdió en Colorado en 2016 y 2020, así que la prohibición no afectaría por sí sola a sus opciones como candidato, pero podría servir de precedente para ataques judiciales parecidos en Estados más decisivos.
La Constitución estadounidense no impide ser presidente a un investigado por un delito federal; tampoco aspirar a ello, aunque, como es el caso, se enfrente a 94 cargos en cuatro causas distintas, por su presunta implicación en el ataque al Capitolio, por delitos electorales y por su manejo de papeles clasificados en su residencia privada de Mar-a-Lago. Ni siquiera existe esa salvedad en el texto fundamental si este acaba en la cárcel.
Pero la decimocuarta enmienda sí aporta una excepción en su sección tercera, pensada para los “insurrectos”. Es la “cláusula de descalificación”, y dice: “Ninguna persona podrá ser […] presidente […] si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. El texto también advierte que el Congreso puede levantar ese veto si reúne una mayoría de dos tercios.
Tras la Guerra de Secesión
Aprobada en 1868, es una de las enmiendas más influyentes de la historia de la democracia norteamericana, y sirvió para otorgar la ciudadanía a toda persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos”, también las que habían sido esclavizadas, y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La sección tercera estaba pensada para evitar la reincidencia de los sublevados de la Confederación, vencidos en la Guerra Civil (1861-1865). Se ha aplicado en muy contadas ocasiones, solo dos desde 1919.
La teoría legal que hay tras la decisión de Colorado empezó a tomar fuerza en verano, tras la difusión de un artículo académico de 126 páginas para la revista jurídica de la Universidad de Pensilvania. Titulado La extensión y la fuerza de la sección tercera, lo firmaban William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos reputados académicos conservadores. En él, argumentaban que la cláusula tercera encaja con los actos de Trump, sobre todo por su arenga a la turba que se concentró el seis de enero en Washington y acabó asaltando el Capitolio, así como por la presión que ejerció sobre su vicepresidente Mike Pence para que interrumpiera la transferencia de poder a Joe Biden, legítimo vencedor de las elecciones de noviembre de 2020, pese a que su rival aún sigue poniendo en duda sin pruebas el resultado.
La teoría de la decimocuarta enmienda, algo así como el botón nuclear para quienes temen las consecuencias para la democracia en este país de una vuelta de Trump al poder, se ha empleado para abrir causas parecidas, desestimadas por motivos de procedimiento o de competencia, en Nuevo Hampshire y Minesota. En Michigan, un magistrado se excusó ante otra demanda similar alegando que veía motivaciones políticas en ese intento de inhabilitación. Su decisión está recurrida en el Supremo del Estado.
“No hemos llegado a estas conclusiones a la ligera”, se puede leer en la opinión mayoritaria del Supremo de Colorado. “Somos conscientes de la magnitud y el peso de las preguntas que ahora tenemos ante nosotros. También de que es nuestro deber solemne de aplicar la ley, sin miedo ni favoritismos, y sin dejarnos llevar por la reacción del público a las decisiones que la ley exige que tomemos”.
Sarah Wallace, jueza de un circuito inferior, había dictaminado el mes pasado en el distrito de Denver que la decimocuarta enmienda no se debía aplicar en el caso de Trump. La cláusula tercera habla de senadores y congresistas, pero no alude específicamente al cargo de presidente, opinó en su argumentación Wallace. Su decisión sí concluía que este “participó en una insurrección el 6 de enero de 2021, que él mismo incitó”. Y no escatimó en su reprimenda, al decir que Trump sabía que “[su] retórica incendiaria [de aquel día], viniendo de un orador que habitualmente abrazaba la violencia política y que había inflamado la ira de sus partidarios antes de la certificación [del triunfo legítimo de Biden], probablemente incitaría a la anarquía y el desorden inminentes”.
La demanda la había presentado una organización de Washington llamada Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW son sus siglas en inglés), con experiencia en enfrentarse judicialmente a Trump. En una entrevista con EL PAÍS en septiembre pasado, Donald Sherman, su vicepresidente, declaró: “Hay evidencias abrumadoras de que la cláusula puede activarse en este caso. El concepto es sencillo de entender, aunque la litigación no lo vaya a ser”. CREW logró que se aplicara el año pasado la cláusula para impedir en Nuevo México el desempeño de un cargo público a Cuoy Griffin, fundador del grupo Cowboys for Trump.
El expresidente, que tenía programado para la noche del martes un mitin en Waterloo (Iowa), encabeza con un notable margen todas las encuestas de intención de voto para ser designado candidato por el Partido Republicano en la cita con las urnas de noviembre de 2024.
A pocas semanas del inicio del proceso, con los caucus de Iowa de mediados de enero como pistoletazo de salida, solo una decisión como la conocida este martes en Colorado, un auténtico bombazo para la política estadounidense, parece capaz de detener a estas alturas su camino hacia la Casa Blanca, donde le espera, del lado demócrata, el actual presidente, Joe Biden, que también aspira a repetir como candidato.
