El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este lunes que la justicia rumana debe hacer caso omiso de las decisiones del máximo tribunal nacional que han provocado el archivo de miles de casos de corrupción desde el año pasado.
Un fallo del Tribunal Constitucional de Rumanía en 2018 eliminó las excepciones a un plazo de prescripción para varios delitos, incluido el fraude. Después de que el Gobierno no reemplazara las normas anteriores con una nueva legislación durante cuatro años, el tribunal dictaminó el año pasado que los casos podían cerrarse retroactivamente.
El Tribunal de la UE dijo que las sentencias contradecían la legislación del bloque al crear un “riesgo sistémico de impunidad” para los casos graves de fraude.
“El Tribunal recuerda que los tribunales nacionales no deben aplicar la jurisprudencia nacional cuando conduce a la prescripción de la responsabilidad penal en un número tan elevado de casos graves de fraude que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea”, declaró.
Rumanía está considerada uno de los Estados más corruptos de la Unión Europea, según Transparencia Internacional, y Bruselas ha mantenido su sistema judicial bajo vigilancia especial desde su adhesión a la UE en 2007. La Comisión recomendó levantar el mecanismo de supervisión a finales del año pasado.
Las investigaciones de los fiscales anticorrupción han sacado a la luz conflictos de intereses, abusos de poder, fraudes y adjudicación de contratos públicos a cambio de sobornos en todos los partidos políticos. Miles de figuras públicas, incluidos ministros, alcaldes, diputados y ejecutivos de empresas, han sido condenados por corrupción.
