Las protestas climáticas no dejan de aumentar en Europa, espoleadas por el aumento de temperatura del planeta, y se vuelven cada vez más disruptivas: cortes en carreteras y puentes, ocupación de aeropuertos, boicoteo de grandes eventos… Las protagonizan nuevas organizaciones alejadas del ecologismo clásico, que usan la desobediencia civil pacífica para exigir frenar ya la emergencia climática y que ejecutan algunas acciones polémicas como, por ejemplo, ataques a obras de arte o monumentos. Como respuesta, ha aumentado la presión de las autoridades contra este tipo de activismo: en España, la policía ha detenido en las últimas semanas a 22 miembros de Futuro Vegetal, acusados de organización criminal, y ha informado de ello con el mismo lenguaje que usa ante organizaciones mafiosas o delictivas. Mientras, la Fiscalía pide 21 meses de cárcel para 15 personas que protestaron ante el Congreso en 2022 con pintura biodegradable. En la misma línea, el Reino Unido y Alemania han endurecido normas que regulan las manifestaciones —varios activistas británicos están ya en prisión—, mientras otros países se apoyan en leyes pensadas para protestas violentas o terrorismo. A la vez, Europol alerta a las policías europeas del riesgo de que el activismo climático se vuelva violento.

Los ecologistas denuncian un intento de criminalizar el movimiento, con la extrema derecha como punta de lanza. En España, Vox ha calificado como “ecoterroristas” a organizaciones como Greenpeace, y se ha querellado contra las activistas de Futuro Vegetal que se pegaron a los marcos de Las Majas de Goya en el Museo del Prado por delitos sobre el patrimonio, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos, entre otros. “Son tontos útiles de los multimillonarios globalistas que tanto interés tienen en empobrecer las economías nacionales, difundiendo miedo, como fanáticos religiosos. Estos actos terroristas contra el patrimonio artístico deberían estar más castigados penalmente”, ha arremetido la formación ultra.

Es algo que también preocupa a Michel Forst, el primer relator especial de Naciones Unidas para los defensores del medio ambiente: “No solo existe el riesgo de represión de los defensores del medio ambiente en toda Europa: se trata de una tendencia ya existente —y preocupante—, que no parece haberse librado de España”, explica a EL PAÍS. Y añade: “A través de mis visitas a muchos países europeos en el último año, incluida España, he tenido la oportunidad de evaluar el alcance de esta represión. He visto cómo se comparaba a manifestantes ecologistas pacíficos con terroristas, o cómo se les encarcelaba hasta tres años simplemente por ejercer su derecho a protestar. También he recibido muchos informes sobre movimientos ecologistas y manifestantes sometidos a vigilancia, escuchas telefónicas o redadas en sus domicilios: aunque el uso de la delincuencia organizada o de las leyes antiterroristas contra los movimientos ecologistas dista mucho de ser algo nuevo, me preocupa enormemente esta forma creciente de criminalización”.

El temor de los activistas es que esa criminalización permee en las instituciones y, por ello, alzaron la voz después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional introdujese al “ecologismo radical” bajo el epígrafe de amenazas “terroristas” en su memoria anual de dos ejercicios consecutivos (2022 y 2023), señalando explícitamente a Extinction Rebellion (XR) y Futuro Vegetal. Una inclusión que el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —quien fue fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia e impulsó la acusación en el caso Prestige—, se comprometió después a corregir. “Asumimos que la mención de estos grupos en ese apartado no resulta procedente”, apuntó el jefe del ministerio público en una carta, donde admitió “lo necesario que resulta el activismo ambiental para avanzar en la imprescindible protección del medio ambiente en su sentido más amplio”.

Sin embargo, los ecologistas no se fían. “La Fiscalía dijo que cambiaría esa denominación, pero en la práctica la policía está deteniendo a activistas considerándolos organización criminal”, dice Inés Díez, abogada de Greenpeace, que alerta además de que la última reforma del Código Penal aprobada hace un año es un cambio legal que puede aplicarse contra los activistas: “La reforma del artículo 557 para incluir los desórdenes públicos agravados puede suponer penas de tres a cinco años [de prisión]. Todavía no hay ningún escrito de acusación que pida esto, pero durante este año habrá algunos juicios y tememos que se pueda aplicar a estas protestas”.

Fuentes de la Fiscalía insisten en que no hay ninguna causa judicial abierta por terrorismo en la Audiencia Nacional contra estos grupos y admiten que es excesivo enmarcar las actuaciones desarrolladas hasta hoy por estos colectivos como delitos de terrorismo. Según se excusan, su inclusión en ese epígrafe de la memoria se debió a un automatismo derivado de que las Fuerzas de Seguridad del Estado los introdujeron en el paquete de análisis y datos que enviaron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre amenazas terroristas. Los equipos de Información de estos Cuerpos (especializados tradicionalmente en la lucha contra ETA) han comenzado a investigar al “ecologismo radical” dentro de su labor “de prevención y vigilancia”, ante el temor de que grupos violentos puedan aprovechar las actuaciones de estos colectivos para infiltrarse y provocar, recalcan esas fuentes.

Una activista: “Me desperté con la policía aporreando mi caravana”

En cualquier caso, la Fiscalía de Madrid ya solicita penas de cárcel para activistas climáticos: 15 de los miembros de Rebelión Científica que protestaron manchando con pintura biodegradable el Congreso se enfrentan a una petición de 21 meses. Uno de ellos es Javier de la Casa, científico del Creaf (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, un centro público): “No hay novedades sobre el caso, todavía no tenemos fecha para el juicio. Está claro que este tipo de acusaciones y las recientes detenciones son una forma de criminalizar protestas pacíficas, para que la gente no las apoye”.

Además, durante el pasado diciembre, la Policía Nacional detuvo a 22 miembros de Futuro Vegetal, bajo la acusación de ser una organización criminal. Se suman a otros tres detenidos unos meses antes. Los agentes indagan sus fuentes de financiación y les atribuyen daños por más de medio millón de euros. La médica y activista Mar González fue arrestada dos veces en España y otra vez más en Francia: “Me desperté una mañana con la policía aporreando mi caravana y todavía tengo pesadillas con eso. Pero tengo más miedo al futuro desolador que nos espera si no frenamos el cambio climático, y eso me hace seguir movilizándome”.

Y añade: “Las fuerzas del orden pretenden silenciarnos porque estamos poniendo sobre la mesa un problema grave que tenemos todos, y nuestras acciones van contra el interés de las grandes corporaciones. Quieren criminalizarnos para que no se sume más gente a las protestas y que no sigamos denunciando esta injusticia”. Coincide Bilbo Bassaterra, otro de los detenidos: “Somos una organización que hace protestas no violentas para que se tomen medidas contra la crisis climática. Los supuestos delitos que nos atribuyen son muy cuestionables. De hecho, no tenemos por ahora ninguna sentencia condenatoria”.

Bajo la lupa de Europol: detenciones y multas cuantiosas en Europa

El celo de la policía española coincide con la línea marcada en toda Europa por las fuerzas de seguridad, reflejada en el último informe de Europol sobre la situación y tendencia del terrorismo en la Unión Europea. Bajo el epígrafe “extremismo”, este dosier le dedica un apartado a los movimientos medioambientales: “La línea entre el activismo ambiental y el extremismo ambiental es a menudo confusa, pero algunas de las narrativas de los activistas ambientales podrían tener la potencia de incitar a la violencia entre los extremistas”. Europol revela que algunos Estados miembros temen que la “radicalización” de un sector de estos grupos se traduzca en una deriva “hacia la actividad terrorista y violenta, posiblemente llevada a cabo por grupos clandestinos”. Igualmente, señala sus presuntas conexiones con “otros fenómenos del extremismo, sobre todo con los de izquierdas y con los extremistas anarquistas”.

Line Niedeggen, de Climate Activist Defenders —una ONG que defiende a activistas climáticos por todo el mundo—, responde así: “Lo que estamos viendo en Europa es una continuación de lo que lleva pasando muchos años en el Sur Global. Los Estados tienen que proteger el capital y las infraestructuras que están produciendo esta injusticia climática. Así que ahora estamos viendo muchas leyes para reprimir a este tipo de activistas. En Alemania se están cambiando leyes regionales en los Estados para aumentar la represión. Y la gente que bloqueó el aeropuerto de Berlín se enfrenta a penas de millones de euros”.

Las protestas de Letzte Generation (Última Generación) en Alemania han dejado ya un reguero de condenas judiciales y cuantiosas multas, y la policía los considera sospechosos de organización criminal. La mayoría son cortes de carreteras, aunque también han pintado de naranja dos veces la Puerta de Brandemburgo, dañando el patrimonio. Christian Bergemann, portavoz del colectivo, explica: “Ha habido miles de arrestos en protestas pacíficas. Además, un centenar de personas fueron detenidas de forma preventiva durante varios días en Fráncfort, Hamburgo y Baviera para impedir su participación en protestas”. Es el caso del propio Bergemann, que pasó por prisión preventiva. “Casi veinte personas han sido condenadas a penas de prisión, una decena de ellas sin libertad condicional. La condena más dura hasta ahora ha sido la de ocho meses para una persona que había participado en tres cortes de carreteras, aunque todavía se puede apelar”, señala el portavoz.

Otro de los procesados en Alemania es el científico español Mauricio Misquero, que ha participado en acciones de Rebelión Científica en aquel país. “En 2022 hicimos varias acciones en Múnich, como bloquear una calle y entrar al Museo de BMW ante coches lujosos. Nos metieron en prisión provisional durante una semana. Y ahora nos enfrentamos a un juicio en el que nos piden miles de euros de multa, que si no pagas se convierte en cárcel. Ya han juzgado a varios y la sentencia ha sido de 1.200 euros de multa a cada uno”. Misquero ha participado también en acciones de Futuro Vegetal en España, y también ha sido detenido aquí. “Todos los países de Europa están agudizando la represión a los grupos más activos de desobediencia civil”, dice.

Un caso sangrante es el del Reino Unido, donde varios activistas de Just Stop Oil cumplen penas de prisión por este tipo de protestas —la organización no sabe precisar cuántos–. Marcus Decker y Morgan Trowland han sido condenados a casi tres años por colgarse de un puente de Londres —que hubo que cerrar al tráfico—, en la que se considera la sentencia más larga por una protesta pacífica. Mike Lynch-White fue condenado a casi dos años por otras dos acciones. Paralelamente, varios activistas han sido enviados a prisión por cortar el tráfico de diferentes urbes británicas, y no solo jóvenes: Stephen Gingell, de 57 años, acaba de ser condenado a seis meses por cortar una calle de Mánchester.

En Francia, el Ejecutivo se está apoyando en leyes creadas hace dos años para frenar el islamismo radical para tratar de ilegalizar y disolver al movimiento Les soulèvements de la terre (Los levantamientos de la tierra), que incluye numerosos grupos por todo el país, según explica un portavoz que pide anonimato. La justicia ha revocado esa decisión. “Además, hay al menos una persona en la cárcel por la manifestación contra las megabalsas del año pasado, y mucha gente tiene medidas cautelares por acciones contra empresas de hormigón. De hecho, hay una instrucción antiterrorista por esas acciones”, añade

En Italia, Ultima Generazione se enfrenta a varios juicios, tal y como explica una portavoz, Simona Bussi: “Dos miembros de la organización que protestaron en los Museos Vaticanos han sido sentenciados a nueve meses de cárcel y a una multa de 1.500 euros, aunque por ahora la sentencia está suspendida a la espera de la apelación. También se enfrentan a una petición de daños de 28.000 euros”. Además, “han detenido a 15 activistas que tienen medidas cautelares, como la obligación de firmar cada día en la comisaría, y a otros 13 se les mantuvo en prisión durante tres días antes de ir a juicio por cortar una carretera”. Quienes realizan protestas sin autorización se enfrentan a seis meses de arresto, mientras que un corte de carreteras puede suponer 4.000 euros de sanción.

La retahíla de detenciones y multas cuantiosas avanza en una Europa donde, hasta hasta hace poco, los activistas climáticos estaban bien vistos. “Existe un incremento notable y muy rápido de la represión al movimiento climático en general. En muy pocos años han pasado de ser considerados jóvenes concienciados a peligrosos criminales, y esto se enmarca en una restricción al espacio democrático en la UE”, resume Javier Raboso, portavoz de Greenpeace. Michel Forst, relator de la ONU, concluye: “Me preocupa mucho que se esté produciendo una represión de los movimientos ecologistas también en Europa”.