Concluye que no hay indicios de delito ni en el contrato ni en la adjudicación y el cobro que calificativo tiene, aquí se llama coima.
«No consta intervención ni directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid»
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación que abrió el pasado febrero tras las denuncias de los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid sobre un posible tráfico de influencias en la compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid a una empresa regentada por un amigo del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El decreto, notificado este jueves, concluye que «el análisis de la tramitación del contrato, de su objeto, precio y ejecución no permite concretar ilegalidad alguna, al menos en lo concerniente a las conductas incluidas en el perímetro de esta investigación», que no abarca el posible delito de malversación o de fraude a las subvenciones de la UE que sigue investigando por el mismo contrato la Fiscalía Europea.
En concreto, se trataba de dirimir si hubo algún ilícito de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad porque Tomás Díaz Ayuso facturó de Priviet Sportive, empresa adjudicataria de un contrato de 1,5 millones de euros para adquirir 250.000 mascarillas en la primera ola de la pandemia.
El PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid cuestionaban la limpieza de ese contrato y planteaban que la comisión pudo deberse a su intermediación para conseguirlo, habida cuenta de la amistad del hermano de la presidenta con el administrador de Priviet, Daniel Alcázar.
«No consta intervención de la presidenta»
Anticorrupción, por contra, concluye que «no consta intervención directa ni indirecta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna».
«Las declaraciones prestadas por todos los testigos que han tenido alguna intervención relevante en la tramitación del expediente y han depuesto en estas diligencias son contestes en el sentido de no haber recibido indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación o por la empresa Priviet», dice el decreto que firma el fiscal jefe Alejandro Luzón.
Tampoco aprecia que concurriese alguna causa de abstención para Isabel Díaz Ayuso en este caso o que Priviet Sportive tuviese vetado contratar con la administración pública, pues aunque su hermano ha tenido una relación comercial con la empresa «por la que ha percibido una comisión» tendría que ser acreedor de más del 10% de su accionariado para entrar en algún tipo de causa de incompatibilidad o incurrir en conflicto de interés, lo que tampoco habría ocurrido porque no es la Presidencia de la Comunidad de Madrid ni el Consejo de Gobierno quienes dieron la adjudicación.
En todo caso, afirma que «la investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que D. Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet».
Añade que «tampoco consta que los distintos órganos administrativos intervinientes siguieran en la adquisición de las mascarillas un procedimiento distinto al legalmente previsto ni que se diera a esta empresa un trato de favor». «Ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos», añade.
Facturación total: 234.103,52 por varios servicios
En cuanto al dinero que facturó a la empresa Tomás Díaz Ayuso, Anticorrupción concluye que «el procedimiento seguido debe calificarse de transparente» porque «en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real (comisión comercial)» , mientras «Priviet transfiere el importe» a su cuenta «y ambos cumplen con sus correspondientes obligaciones tributarias».
Conforme la documentación analizada, Tomás Díaz Ayuso emitió los días 30 de abril, 30 de mayo y 30 de junio de 2020 las facturas para el pago de «un importe fijo acordado» con Priviet: 175.000 euros. El día 15 de junio de 2020, giró la factura por un bonus de aproximadamente el 4% del importe de la adjudicación. «En las cuatro facturas figura como concepto «comisión comercial»», detalla el decreto.
En total, Priviet Sportive «abonó las anteriores facturas mediante cuatro pagos fraccionados por importe total de 234.103,52 euros que transfirió a la cuenta de ING Bank titularidad de D. Tomás Díaz Ayuso». «Por lo tanto, la comisión percibida por el Sr. Díaz Ayuso corresponde, en una parte -175.000 euros-, a los trabajos realizados para Priviet en relación con distintas ofertas, entre ellas la analizada; y, en otra parte -59.203,52 euros-, al bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid», detalla la resolución.
La cifra no se ajusta ni a los 55.850 que dijo en público la presidenta de la Comunidad de Madrid ni tampoco a los 283.000 que señaló el expresidente del PP Pablo Casado cuando en una entrevista radiofónica criticó que el hermano de Isabel Díaz Ayuso estuviese facturando de material sanitario en la primera ola de la pandemia. En todo caso, los 234.103 euros de los que habla Anticorrupción son por servicios diversos, no sólo por los relativos a este contrato con la Comunidad de Madrid.
«Una explicación coherente»
«Como ha quedado expuesto, el cobro de la comisión investigada por parte de D. Tomás Díaz Ayuso trae causa de su trabajo para Priviet, consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados», señala la Fiscalía.
Y añade: «Esta aportación se produjo en la operación de venta de 250.000 mascarillas al SERMAS pero también en otras. Lo ha acreditado la representación del Sr. Díaz Ayuso mediante la aportación a la causa de documentación relacionada con seis ofertas realizadas por Priviet con distintos clientes no institucionales, dentro y fuera de España».
Para Anticorrupción, Tomás Díaz Ayuso «ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas» que «no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que, tras la práctica de las diligencias reseñadas, no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria».
