El fallo emitido por el máximo tribunal de justicia frena los repetidos intentos del Ministerio Público de revertir el triunfo del presidente electo y torpedear al Movimiento Semilla
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió este jueves un recurso de amparo definitivo que frena la pretensión del Ministerio Público (MP), dirigido por la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, de impedir la investidura del presidente electo, Bernardo Arévalo, y su fórmula, Karin Herrera. El máximo tribunal del país centroamericano exhortó al Congreso a “materializar” la toma de posesión de “todo funcionario electo en el proceso electoral de 2023″. El fallo ha sido dictado un mes antes del traspaso de mando, cuya realización peligra debido a los repetidos intentos de los fiscales por anular al Movimiento Semilla, el partido del nuevo mandatario y sobre quien también pesan un ramillete de casos judiciales para intentar revertir su triunfo.
“Se estudió la situación denunciada, directamente relacionada con la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica de uno de los partidos participantes, así como la coyuntura nacional. El análisis, desde lo jurídico-constitucional, se realizó para proveer de certeza al actuar que compete en esta situación futura inminente, especialmente al Congreso de la República, para que pueda dicho Organismo proceder con certeza en su tarea de materializar la toma de posesión de los cargos, y desvanecer la amenaza denunciada”, reza el amparo difundido.
“La situación denunciada” que menciona el máximo tribunal hace referencia a una solicitud de amparo interpuesta por un grupo de abogados, encabezados por el constitucionalista Edgar Ortiz Romero, que exigió garantizar la democracia en Guatemala ante la amenaza de que “se desobedezca la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones, mediante cualquier acción u omisión tendiente a afectar la toma de posesión y ejercicio de sus respectivos cargos”.
“Hoy es un día histórico para la democracia guatemalteca. La Corte nos ha otorgado un amparo definitivo, refrendando que el 14 de enero de 2024 debe haber una transición de gobierno, y deben asumir sus cargos tanto el binomio electo como los diputados electos”, celebró el abogado Ortiz Romero.
El Ministerio Público, recurriendo a toda una serie de casos judiciales, intenta deslegitimar los resultados del balotaje guatemalteco del pasado 20 de agosto, cuando el progresista Arévalo ganó los comicios con el 58% de los votos. El triunfo del Movimiento Semilla significó la imposición de un contundente mensaje ciudadano contra la corrupción y la impunidad que campean en Guatemala, específicamente contra el denominado “pacto de corruptos”, conformado por un grupo de políticos, militares, empresarios y personas vinculadas al narcotráfico que han cooptado la mayoría de las instituciones del Estado desde que lograron la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo de la ONU que desmanteló más de 200 estructuras de corrupción.
Desde que Arévalo ganó los comicios, los fiscales también han atacado al Tribunal Supremo Electoral. El Ministerio Público pidió el ocho de diciembre anular los comicios por supuestas “irregularidades administrativas del ente electoral”. La magistrada electoral, Blanca Alfaro, catalogó la petición de la Fiscalía como “una ruptura del orden constitucional”. Mientras que el presidente electo ha insistido que Consuelo Porras y su fiscalía ejecutan un “golpe de Estado” en su contra junto a “otros actores corruptos”.
La Corte de Constitucionalidad, después de mucha presión nacional e internacional sobre las autoridades de Guatemala para garantizar el traspaso de mando, destaca en el amparo que el Congreso y su Junta Directiva no deben desconocer los resultados de las elecciones.
“Se le exhorta [al Congreso] preservar el régimen democrático del Estado, observar los valores de la justicia, la seguridad y la paz, observando que, imperativamente, la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se lleve a cabo el 14 de enero de 2024, fecha prevista en la Constitución, con las personas electas conforme los resultados avalados por el Tribunal Supremo Electoral, procurando la materialización de la unidad nacional, de los intereses de la población guatemalteca, por medio de un proceso pacífico de transición”, conminó el máximo tribunal.
El constitucionalista Ortiz Romero señala que el fallo enfatiza la autonomía del Ministerio Público, “pero deja totalmente claro que sus investigaciones no pueden impedir la finalización del proceso electoral, que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos”.
Giammattei, “injerencia” y presión internacional
El mismo amparo insta al presidente saliente, Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”. Este martes 12 de diciembre, el mandatario difundió una carta en la que asegura que no hay ninguna “acción” que impida que Arévalo asuma el poder. Sin embargo, Gianmmattei ha sido criticado por no hacer nada para frenar los zarpazos del Ministerio Público contra el proceso electoral.
En cambio, en su carta, Giammattei criticó a Estados Unidos por las sanciones que ha impuesto a funcionarios –entre ellos fiscales– por atentar contra la democracia. El presidente acusó a Washington de “injerencia”. Arremetió contra “la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral”.
Aunque no lo mencionó de manera específica, el comentario del mandatario está relacionado con la retirada del visado a más de un centenar de diputados guatemaltecos ordenada el pasado lunes por el Gobierno de Joe Biden por “socavar la democracia”. Según el Departamento de Estado, la Fiscalía de Guatemala está llevando a cabo “acciones antidemocráticas” en contra del presidente electo, como evidencian las órdenes de arresto contra funcionarios electorales, la solicitud de retirar la inmunidad judicial a Arévalo y la pretensión de anular los resultados electorales”.
Algunos gobiernos latinoamericanos, como el de Chile y Costa Rica, han dado su apoyo al presidente electo Arévalo. La Organización de Estados Americanos (OEA) también condenó el accionar del Ministerio Público de Porras. Luis Almagro, secretario general del organismo, dijo que si la Fiscalía logra su objetivo, “se perfeccionaría un golpe de Estado, hoy en grado de tentativa”.
De hecho, el Consejo Permanente de la OEA instó a Almagro a solicitar con “urgencia” el consentimiento del Gobierno de Giammattei para enviar “cuanto antes” una comisión a Guatemala. Este procedimiento supone la activación del artículo 18 de la Carta Democrática.
