Estados Unidos guarda silencio. Un día ha pasado desde que México presentó una histórica demanda contra 11 de los principales fabricantes de armas de fuego. El litigio, que no incluye al Gobierno federal estadounidense, eleva la importancia del tema en la relación bilateral entre ambos países. En la nación más armada del mundo, las reacciones han llegado de la industria armamentística, pero también de los grupos de presión que esperan que la Administración de Joe Biden cumpla con su promesa, una regulación más estricta del sector y de las ventas de armas, algo que puede ganar impulso con el litigio iniciado este miércoles por el Ejecutivo mexicano.
La presentación de la demanda en un tribunal federal de Boston, Massachusetts ha sido considerada una acción sin precedentes. México pide reparar el daño con una compensación y garantizar la no repetición del tráfico ilícito de medio millón de armas cada año que están vinculadas a unos 17.000 homicidios en el país. El Gobierno considera responsables a las empresas Smith & Wesson, Colt’s, Barrett Firearms, Beretta Holding, Ruger & Co, y Glock, Inc., y algunas de sus subsidiarias. “De alguna manera va a priorizar el tema del tráfico de armas”, asegura Eugenio Weigend, director de prevención contra la violencia armada del Center for American Progress, un think tank progresista independiente.
El esfuerzo mexicano pone presión sobre uno de los temas que la Administración Biden se había fijado como prioritarios al inicio del mandato. La realidad legislativa, marcada por una alta polarización, ha obligado al presidente demócrata a poner en un segundo plano el trámite de algunas iniciativas anunciadas para regular la venta de armas. “Las iniciativas de ley que obligan a la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, conocidos como background checks, no ha pasado. Tampoco se vislumbra una iniciativa que retome la prohibición de armas de asalto, las armas preferidas por el crimen organizado mexicano”, señala Weigend, quien cree que el litigio es una clara señal política de que México no se quedará de brazos cruzados ante la inacción de Washington en el tema.
EL PAÍS intentó contactar con las empresas señaladas en la demanda. Smith & Wesson, Barrett y Rueger no respondieron a tiempo a las peticiones de entrevista. Colt y Beretta no pudieron ser contactados. La NSSF, la organización que agrupa a los fabricantes y distribuidores de armamento, calificó el miércoles de falsas las acusaciones que hace la cancillería mexicana. “El Gobierno mexicano es responsable del crimen y la corrupción rampantes dentro de sus fronteras”, dijo uno de los vicepresidentes de la NSSF, que aseguró que el arsenal de los grupos delictivos mexicanos proviene de Centroamérica y de los militares mexicanos que abandonan al Ejército para sumarse al bando de la delincuencia. La cancillería mexicana ha respondido a este mensaje afirmando que probarán que las empresas demandadas “incurren en prácticas ilícitas y negligentes”. “La corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, señala la comunicación diplomática.
El Departamento de Justicia anunció en mayo la hoja de ruta a una norma que prohibirá las “armas fantasmas”, unos kits que contienen piezas separadas que permiten ensamblar rifles en menos de 30 minutos. La venta de piezas sueltas hace más difícil el rastreo por parte de las autoridades. La norma propuesta por el fiscal Merrick Garland exigirá a los comercios, una vez aprobada, una búsqueda de antecedentes de todos los compradores de este tipo de paquetes. También obligaría a los fabricantes a incluir números de serie en el marco del rifle, la pieza más importante del artefacto. El número es fundamental para que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por las siglas en inglés) pueda rastrear las armas. La iniciativa, la más importante en la materia desde 1968, se suma a una serie de medidas que Biden planea para hacer más estrictas la venta de armamento. Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses creen que debe ser más difícil comprar un arma. Un 87% cree que toda compra debería estar sujeta a una revisión de antecedentes y el 74% está en favor de prohibir los rifles de asalto, de acuerdo al centro Pew. Las ventas de rifles y pistolas, sin embargo, se dispararon un 40% en 2020.
“Los criminales y otros que tienen prohibido comprar armas no deberían poder explotar vacíos legales para evitar la revisión de antecedentes y escapar la detección de las autoridades”, dijo entonces el fiscal general. La norma espera un complejo panorama legislativo gracias a una férrea oposición de los republicanos en un momento donde las elecciones intermedias de 2022 ya aparecen en el horizonte. Los conservadores se oponen a las regulaciones vinculadas a la posesión de armamento, una de sus banderas en los comicios del año próximo.
Es en este contexto donde la demanda de México puede encontrar un clima favorable en parte de la opinión pública estadounidense. La organización Stop US arms to Mexico celebra lo que califica una acción contundente que pretende combatir un dato contundente: siete de cada diez armas rastreadas en México desde 2010 son originarias de Estados Unidos, según la ATF. Según el Ejército mexicano, Colt produjo más de 8.500 de las armas incautadas desde ese entonces, más de 2.300 eran rifles de asalto. Smith & Wesson más de 3.800. Los militares también hallaron a los criminales 338 rifles Barrett de alto poder, uno de los favoritos de la delincuencia organizada mexicana.
