Chile, que hasta comienzos de este siglo tenía fama de conservador —la ley de divorcio recién se promulgó en 2004, por ejemplo—, se ha transformado en una especie de laboratorio del feminismo. Por un lado, una propuesta de Constitución redactada por igual cantidad de hombres y de mujeres, como nunca antes ha sucedido en el mundo, con una marcada perspectiva de género que subyace en todas las normas. Por otro, el debut de un Gobierno como el de Gabriel Boric, que se estrena con un Gabinete con mayor número de mujeres que de hombres. Además, una generación de mujeres jóvenes que irrumpen —las que fueron niñas cuando la socialista Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile, en 2006—, que empujan las transformaciones con una velocidad mayor que las luchadoras que las antecedieron. Chilenas de todas las edades y ocupaciones, movimientos sociales y colectivos feministas, como Lastesis, que exportan su himno contra la violencia sexual: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú”, que se replicó en 2019 en diferentes continentes en un grito común contra el patriarcado. Un profundo cambio de la arquitectura social que, sin embargo, convive con múltiples y profundas brechas. En el país, por ejemplo, solo se pueden interrumpir los embarazos en tres causales bien definidas y se sigue abortando mayoritariamente en la clandestinidad.

En una semana, el 4 de septiembre, se celebrará el plebiscito sobre una nueva Constitución y no parece evidente que la ciudadanía la apruebe. Será un resultado estrecho, según las encuestas. En 2020, casi un 80% del electorado estuvo por cambiar la Constitución actual, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, aunque reformada en democracia. La convención constituyente trabajó un año para redactar una propuesta cruzada por las perspectivas de género, entre otros asuntos cruciales, como la declaración de un Estado social y democrático de derecho. Pero el texto tiene otros aspectos que han despertado la inquietud del electorado, como el sistema político, la plurinacionalidad o los sistemas de justicia. Las activistas del feminismo temen que, si se rechaza, se trate de una oportunidad perdida para las mujeres: “Es un momento de mucha expectativa. Lo que está en juego es muy grande”, dice Soledad Rojas, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, una agrupación con tres décadas de lucha que solo en 2021 contabilizó 55 feminicidios. Rojas reflexiona en el patio de una vieja casona del municipio de Independencia, en una zona céntrica de Santiago de Chile. La organización comparte techo con el Movimiento pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (Memch), que con casi un siglo de historia dieron batallas como el voto femenino, que se hizo posible en las elecciones presidenciales de 1949. Las pancartas cuelgan sobre las salas de trabajo: “¡Cuidado! El machismo mata”.

Las transformaciones que ocurren en Chile causan interés internacionalmente. ¿Cómo ha sido posible que se hayan producido cambios tan fuertes en un país donde han tenido tanta influencia la Iglesia católica y los sectores conservadores, que en las últimas décadas han dado duras batallas contra políticas públicas como la píldora del día después, que se implementó a la fuerza? Rojas habla de las luchas feministas históricas y del importante papel de las mujeres en la dictadura, que se organizaron para derrocar la pobreza y al régimen de Pinochet.

La académica Alejandra Castillo, filósofa especialista en feminismo, desmitifica que haya sido un proceso rápido. En una cafetería del centro cultural Gabriela Mistral, en Santiago centro, repasa lo que fue sucediendo en Chile desde, al menos, 2006. “En las escuelas y universidades —espacios que se suponían apáticos— se genera la interrupción de la República masculina del siglo XIX, excluyente. Se comienza a cuestionar el espacio político desde diferentes corporalidades, distintas a la masculina. Aparecen nuevas formas transgresoras. Empieza a imaginarse una nueva forma de hacer política, lejos de los movimientos sociales y los partidos que no dan las respuestas. Se empieza a gestar un acumulado feminista”, explica la investigadora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

Es lo que se visibiliza en mayo de 2018, conocido como el mayo feminista. La protesta global del MeToo, que revienta en Estados Unidos por las conductas sexuales del todopoderoso productor Harvey Weinstein, llega a Chile y se siente con fuerza entre las jóvenes. Es el contexto en el que las universitarias comienzan a movilizarse en reclamo por casos de acoso y abusos, por una educación no sexista. Arrancan las estudiantes de la Universidad Austral, en el sur del país, pero el movimiento pronto llega a la capital. Algunas, como Sofía Brito, de Derecho de la Universidad de Chile —una de las facultades de mayor prestigio—, se atreven a denunciar a un profesor emblemático. Lo recuerda Macarena Maggi, que era estudiante de cuarto año de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, una de las más reconocidas y conservadoras: “No se trataba solo de una misma, sino de una, la amiga, de todas. No ocurría solamente en mi universidad, sino en todas. Se sentía la sororidad, porque a todas nos había pasado lo mismo. Fue un despertar y, a diferencia de la generación de nuestras madres, no teníamos miedo”, explica la ingeniera que, poco antes de ese mayo feminista, había sido víctima de abuso en el contexto universitario.

Fue una de las portavoces de las protestas de la Universidad Católica que quedaron en la retina chilena por sus símbolos. Las estudiantes de esta institución tradicional reclamaban con furia y convicción en plena Alameda —la avenida más importante de la capital chilena— con capuchas rojizas y el torso desnudo. Las fotografías las retrataban junto a las esculturas mascu­linas del frontis de la sede central de la institución. Como no sucedía hace décadas, las jóvenes ocuparon las oficinas de la rectoría desde el viernes 25 de mayo de 2018. Un cartel anunciaba: “Toma feminista”. Como sucedía en la mayoría de las universidades movilizadas, en las ocupaciones solamente se permitía el ingreso de mujeres. La fiebre feminista se contagiaba por las facultades y en todas surgían demandas diferentes. Maggi recuerda que había desde peticiones sobre protocolos de prevención y seguimiento de casos de acoso y abuso hasta reclamos muy mínimos, como que en la escuela de ingeniería eléctrica de su universidad se habilitara un baño para mujeres. Hasta ese 2018, las estudiantes y profesoras debían buscar servicios en otros lugares de la casa de estudios.

Algo cambió en Chile a partir de ese mayo feminista. “Comenzó a observarse una mayor conciencia de las mujeres acerca de la violencia que marca nuestras vidas. Hoy existe más conciencia social, pero no suficiente”, dice Soledad Rojas, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Menciona el estudio de la Fundación Instituto de la Mujer que mostró en 2019 que la mitad de los encuestados, entre 14 y 29 años, piensa que los celos son una muestra de cariño, entre otros datos que dejan en evidencia que las nuevas generaciones están lejos de superar los estereotipos en el marco de las relaciones de pareja.

En Chile existe un amplio consenso de que las protestas feministas de mayo de 2018 fueron la punta de lanza de lo que sucedió el 18 de octubre de 2019: un estallido social que puso contra las cuerdas al orden institucional. Protestas multitudinarias que explotaron por el alza del precio del billete del metro. Un reclamo por mejores bienes públicos y mayores niveles de igualdad —se trata de un diagnóstico que todavía no tiene conclusiones acabadas— que dejó en evidencia una profunda fractura social. Hubo jornadas de tanta violencia —una buena parte de la red del metro que transporta a las clases obreras y medias fue quemada— que incluso estuvo en entredicho la democracia, recuperada en 1990 tras los 17 años de la cruel dictadura de Pinochet.

La clase política comenzó a buscar contra reloj una salida a la crisis, desatada en el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento firmaron el 15 de noviembre de 2019 un acuerdo por la paz y una nueva Constitución, para dar inicio a un proceso constituyente. El oficialismo y la oposición formaron un grupo de 14 especialistas para fijar las reglas del proceso. Uno de los debates centrales fue la paridad en la composición del órgano que tendría en sus manos la redacción de la nueva Carta Fundamental. Lo recuerda Pamela Figueroa, politóloga de centroizquierda que participó en las negociaciones y, luego, fue una importante articuladora en conseguir los votos en el Parlamento para respaldar la fórmula de paridad. En un pequeño restaurante de Providencia, a un lado de un edificio de la Universidad de Santiago, donde trabaja, explica las razones que lo hicieron posible: “Hubo una confluencia entre la larga tradición de los movimientos sociales de mujeres —feministas y promujer— con las que llegaron a la política y que comenzaron a tener conciencia de reformas para empujar la mayor presencia de las mujeres”, asegura Figueroa.

Poco antes se había producido un hecho crucial: la ley de cuotas de 2015 impulsada por la presidenta Bachelet, que obligaba a los partidos a tener al menos un 40% de candidaturas de mujeres al Parlamento. Si antes de esta ley había un 16% de congresistas, luego se llegó a un 23%. Era un avance, pero no suficiente. Políticas de todos los sectores —de la derecha y de la izquierda— comenzaron a empujar la paridad. Solo cuando medio país estaba en llamas en 2019, con protestas y niveles de violencia inéditos en las últimas décadas en Chile, la clase política aceptó que la convención que redactaría la nueva Constitución estaría conformada por igual número de hombres que de mujeres. La paridad se había logrado y se haría realidad con una fórmula electoral inédita en el mundo, que en estos meses ha sido explicada globalmente por expertas como Figueroa. La propuesta que redactó la convención y que fue entregada a la ciudadanía el pasado 4 de julio “tiene una visión transversal de los temas de género”, dice la experta que integra la Red de Politólogas.

Figueroa piensa que, aunque la propuesta se rechace, la agenda de género quedará en el debate público. “Está instalada y se va a expresar en la política y en la sociedad”, reflexiona. No todas están seguras. Camila Vallejo es la ministra portavoz del Gobierno feminista de Boric, el primero que se declara como tal en Chile. Forma parte de un Gabinete con 14 de las 24 carteras lideradas por mujeres, donde por primera vez llega una política al Ministerio del Interior. Para Vallejo —militante comunista, líder estudiantil de las protestas de 2011 y luego diputada—, “los derechos hay que conquistarlos y defenderlos porque, de otra forma, se corre el riesgo de perderlos”. La ministra sabe de inequidades de género en la política y en la sociedad. Cuando se transformó en la segunda mujer en liderar la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2011, sus mismos compañeros atribuían el triunfo a un “voto hormonal”. Cuenta que, ya en el Congreso, iniciativas de ley propias eran repetidas por diputados hombres y que la opinión pública se las atribuía siempre a sus colegas. “Es una pelea permanente”.

En un paisaje lleno de contradicciones para las chilenas —avances y grandes pendientes, como la valoración de los cuidados y el trabajo doméstico—, las transformaciones han representado un impulso importante para generaciones diferentes de mujeres. La reconocida académica Rosa Devés, bioquímica, se convirtió este año en la primera mujer en llegar a la rectoría de la principal institución de educación del país, la Universidad de Chile, en sus 179 años de historia. Luego de una larga trayectoria, se animó a postular al cargo en buena parte por el compromiso con el movimiento feminista liderado por las estudiantes. “Me gusta la imagen de abrir puertas, más que de quebrar ciertos techos de cristal. No es un logro propio, sino colectivo, y debe ser pensado así: si llego acá es para que otras mujeres accedan a estos lugares”, cuenta Devés.

Las puertas se abren en Chile y llevan a las jóvenes a soñar. Julieta Martínez tenía 13 años cuando, víctima de acoso escolar en un colegio privado y católico de la capital chilena, quiso conocer a niñas con ganas de trabajar por la innovación y desarrollar proyectos con impacto social. Poco antes de la pandemia fundó Tremendas, plataforma que conecta a niñas, adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años para empujar en conjunto proyectos colectivos en áreas como el feminismo y la acción climática, temas que se enlazan y complementan. Recién salida del colegio, con 19 años, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, hoy lidera esta red que comenzó con 14 chicas y que ya conecta a cerca de 3.000 voluntarias en 18 países del mundo, sobre todo de América Latina y el Caribe. Tiene sueños muy concretos: “Que en las escuelas chilenas se cuente la historia de las mujeres y no solo de los hombres y que, en el futuro, mi hermana pequeña no tenga la necesidad de convertirse en activista”.