Familiares y víctimas de las masacres de Senkata y El Pedregal, en noviembre de 2019, reclamaron ante el juzgado donde se realizaría la primera audiencia a la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020). Exigieron que al actual proceso judicial se sumen los asesinatos de quienes protestaron en las calles contra la ruptura del orden constitucional. Observaron que Áñez y dos de sus ministros están detenidos solamente por haber tramado el golpe de Estado, pero no por su responsabilidad en la muerte de 37 personas.

Cientos de manifestantes se reunieron en la mañana de este domingo (14 de marzo de 2020) frente al edificio donde Áñez enfrentará por primera vez a la justicia, en el centro paceño. Llevaban carteles, del tipo “Áñez asesina”. Cantaban a coro: “Esto es justicia. Esto no es venganza”.

Allí también estaba Sonia Quispe, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata. Dijo a Sputnik que Áñez, sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán “fueron detenidos por el golpe de Estado. Pero nosotros no estamos aquí por un golpe de Estado. Vemos que se están olvidando de las masacres de Senkata, Sacaba y otros departamentos”.

En la causa por el golpe, hay 13 personas involucradas. Además de los tres primeros detenidos, también son buscados Arturo Murillo (exministro de Gobierno) y Luis Fernando López (exministro de Defensa, quienes desde fines de 2020 estarían afuera del país, según la Policía Nacional.

Y agregó: “Pedimos que también nos den importancia, porque nosotros no podemos permitir que se nos olvide”.

Áñez y sus ministros fueron detenidos bajo los cargos de “terrorismo, sedición y conspiración”. Pero los familiares de las víctimas de Senkata exigieron que también se los juzgue por “asesinato, homicidio, lesiones graves y leves”.

El reclamo ante la puerta del juzgado es concreto: “Pedimos un juicio de responsabilidades contra la señora Áñez y sus ministros”, afirmó. Y consideró que “aquí tendría que estar preso el señor Arturo Murillo, ya que ese 19 de noviembre (fecha de la masacre de Senkata) él estuvo vestido de militar y ha ordenado disparar a nuestros compañeros”.

Ese día fueron asesinadas 10 personas en ese barrio de la ciudad de El Alto. El día anterior habían muerto por balas policiales -según denunciaron los vecinos- otras tres personas en la zona de El Pedregal, en el sur de la ciudad de La Paz.

Para Quispe, también tendrían que estar tras las rejas el exministro López, “incluso el señor Luis Fernando Camacho (gobernador elector del departamento de Santa Cruz) también debería estar aquí, ya que en su momento él ha llevado la Biblia al Palacio“, cuando se consumó el golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019).

La presidenta de la asociación de víctimas fue enfática: “Pedimos que a esta causa se incorporen también los crímenes cometidos en las masacres. Estamos en la puerta del juzgado para escuchar la audiencia. Esto no puede quedar en la impunidad, porque lo que ha pasado no tiene olvido ni perdón”.

La hermana de Antonio recordó con amargura ese 21 de noviembre de 2019, cuando ella junto a miles de personas bajaron desde El Alto hasta la ciudad de La Paz. Caminaron más de 20 kilómetros cargando los ataúdes de sus seres queridos asesinados. No se les permitió llegar a la plaza Murillo, como esperaban. Porque cinco cuadras antes, en la zona del Obelisco, fueron reprimidos por policías y militares.

Y explicó: “Solamente estaba pidiendo justicia, lo mismo que busco hasta hoy, junto con todos los familiares de fallecidos. Porque ya nada nos va a devolver a nuestros seres queridos, ni los pies ni los brazos de los heridos, muchos de los cuales aún tienen esquirlas en sus cuerpos”.

Quispe pidió: “No se olviden de las masacres, porque no solamente hemos tenido el golpe de Estado”. Por ello, se mostró esperanzada en que al cabo de la audiencia contra Áñez “se ponga en la causa que hubo masacres, asesinatos y heridos, que hemos sufrido y seguimos con esta lucha”.

Y aseguró: “No hemos bajado la cabeza. Seguimos de pie y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Hemos pedido que Áñez esté tras las rejas, lo cual está muy bien por el golpe. Pero también tiene ir presa por las masacres”.

Quispe argumentó que la expresidenta de facto fue quien firmó el decreto 4078, que dio impunidad a policías y militares para matar sin que por ello deban responder ante la justicia.

Según los familiares dolientes, el caso por las masacres y el caso por el golpe de Estado “presentan diferentes delitos y diferentes víctimas, pero denuncian como posibles autores intelectuales, materiales, cómplices o encubridores a las mismas autoridades”, que asumieron tras el golpe.