La Fiscalía de Ecuador dijo el viernes que ordenó la detención de los directores de dos cárceles en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y otros funcionarios luego de encontrar droga y armas en áreas administrativas, poco después de que la nación sudamericana enfrentara episodios de violencia en algunas de sus prisiones.
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas ha realizado operativos de control en la Penitenciaría del Litoral y otras cárceles en el marco del estado de excepción declarado a fines de julio por el presidente saliente Guillermo Lasso en medio de enfrentamientos entre reclusos.
Al menos 31 presos fallecieron y más de 130 funcionarios fueron tomados como rehenes en la cárcel más peligrosa de Ecuador ubicada en la ciudad de Esmeraldas durante el último enfrentamiento entre bandas criminales al interior de la cárcel,según datos de la oficina del fiscal.
“Los directores del Centro de Detención Provisional y de la Penitenciaría del Litoral, junto a 5 funcionarios administrativos y 2 guías penitenciarios (todos del @SNAI_Ec) fueron aprehendidos en Guayaquil”, escribió la fiscalía en la plataforma X, antes conocida como Twitter (NYSE:TWTR).
La fiscalía agregó que habían encontrado droga, armas de fuego, explosivos y municiones en las oficinas durante un operativo de la fuerza pública, y la acompañó con fotografías de uniformados picando el techo de una oficina.
En las próximas horas formulará cargos para los aprehendidos, acotó la entidad.
La agencia penitenciaria SNAI no informó sobre la detención de los funcionarios, pero reconoció que se había encontrado “una serie de objetos prohibidos” al interior de las oficinas de la cárcel Guayas N°5 en Guayaquil.
La violencia carcelaria se atribuye a luchas internas entre grupos delictivos por el control del territorio al interior de las prisiones y las rutas del tráfico de drogas, según el gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la violencia también se debe a elevadas tasas de sobrepoblación, la reducción de presupuesto para rehabilitación y los sistemas de cobros ilegítimos a los internos.
