Los sindicatos franceses han querido aprovechar la fecha del 1 de mayo para organizar su décimo tercera jornada de movilizaciones contra la reforma de las pensiones del presidente, Emmanuel Macron, con manifestaciones y paros en el transporte que supondrán la anulación de cientos de vuelos.
Las centrales sindicales han convocado 300 manifestaciones por todo el país que se prevén muy concurridas. Las fuerzas de seguridad calculan que saldrán a la calle entre 500.000 y 650.000 manifestantes, de los cuales entre 80.000 y 100.000 lo harán en París, es decir cuatro veces más que el pasado año.
Las protestas se adelantaron dos días, coincidiendo con la final de la Copa de Francia de Fútbol, celebrada el sábado en Saint-Denis. Miles de aficionados le sacaron la ‘tarjeta roja’ a Macron.
Antes del inicio del partido, los sindicalistas repartieron a los aficionados cartones de color rojo con la inscripción “tarjeta roja a la jubilación a los 64 años” y silbatos para utilizarlos en el minuto 49, para hacer referencia al artículo de la Constitución que ha utilizado el Gobierno para aprobar la reforma de las pensiones (sin un voto de la Asamblea Nacional, donde no tenía la mayoría necesaria). El efecto intimidatorio del público provocó que el presidente se saltara el protocolo y no bajara al césped a entregar la copa a los ganadores, evitando así ser abucheado.
El líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, primera central del país), Laurent Berger, dijo este domingo esperar “cientos de miles de manifestantes, tal vez un millón”. Los cuerpos de seguridad temen que en algunas de las concentraciones se infiltren grupos radicales con intención de generar altercados. Por eso el Ministerio del Interior ha decidido movilizar a 12.000 agentes, 5.000 de ellos en París.
El principal mensaje de las centrales es que, más allá de exigir a Macron que no aplique la ley que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, es probar que su oposición no se desinfla y que tienen intención de seguir el movimiento. Un seguimiento que decidirán una vez más todos los sindicatos juntos el martes, sobre la base de la movilización del lunes.
Por su parte, la primera ministra, Élisabeth Borne, ya ha avanzado que tiene intención de convocar a los sindicatos para hablar de cuestiones laborales, incluidos aspectos sobre la aplicación de la reforma de las pensiones –que entrará en vigor en septiembre-, pero sin cuestionarla.
Una forma para Borne de intentar pasar página para salir del bloqueo social, pero también del político, que impide a su gabinete sacar adelante proyectos que tenía entre manos como una nueva ley sobre inmigración. Una tentativa complicada teniendo en cuenta que un 60% de las personas interrogadas para una encuesta publicada por Le Figaro consideran que las protestas contra la reforma de las pensiones deben continuar después del 1 de mayo.
La situación se le podría complicar todavía más el miércoles. El Consejo Constitucional decidirá si acepta una propuesta de la oposición de izquierda, que solicita la posibilidad de celebrar un referéndum bajo un mecanismo similar a la Iniciativa Legislativa Popular española. Si se concede, con un quinto de los miembros del Parlamento y las firmas del 10% del electorado, se podría presentar una proposición de ley que fuese sometida a referéndum, sobreescribiendo la iniciativa de Macron. Esto abriría un frente de varios meses de duración para conseguir las firmas necesarias.
Por su parte, la Agrupación Nacional (RN) de la ultraderechista Marine Le Pen celebra la jornada del 1 de mayo con una manifestación en el puerto industrial de Le Havre, que quiere ser un símbolo de su anclaje en los medios obreros. Le Pen, a la que los sondeos de las últimas semanas dan como la gran ganadora en términos electorales de la crisis de las pensiones (una de las encuestas le atribuía la victoria en unas eventuales presidenciales con el 55% de los votos en la segunda vuelta), espera seguir aprovechando esa coyuntura para criticar al Gobierno.
La movilización sindical va de la mano de una serie de paros en el transporte, que se hará sentir en particular con la huelga de controladores aéreos que obliga a las compañías que operan en los nueve mayores aeropuertos franceses, incluidos los dos de París, a anular entre una cuarta parte y un tercio de los vuelos.
La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) les ha pedido que supriman un 33% de las operaciones en el aeropuerto parisino de Orly, así como en los de Marsella, Lyon, Burdeos, Nantes y Toulouse. Además, han de cancelar un 25% de los vuelos en Charles de Gaulle, también en París, que es el aeropuerto de mayor tráfico de Francia, así como en los de Niza y Beauvais (a las afueras de París).
