“Ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que allí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, una pura ola de delincuencia, fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad, que la política -de la cual somos parte- no ha sabido interpretar ni dar respuesta”.
Esas fueron las palabras con las que el Presidente Gabriel Boric descartó que las protestas ocurridas a partir de octubre de 2019 hayan correspondido a un reclamo en contra del modelo capitalista. “Cuando leemos el estallido solo para reafirmar nuestras concepciones estamos eludiendo su mensaje y enseñanza”, añadió el martes en La Moneda, en el marco del tercer aniversario del estallido social. Sus dichos generaron inmediatas reacciones, tanto en la oposición como en los partidos de gobierno, en consideración de que, en el contexto de las protestas, las críticas al modelo neoliberal -derivado de un sistema capitalista- de personeros del Frente Amplio, el Partido Comunista y otras colectividades -antes de que Apruebo Dignidad se consolidara como coalición- eran frecuentes durante la época del estallido social.
Hoy, como coalición base del Presidente, los partidos que integran Apruebo Dignidad toman distancia de los diagnósticos previos y valoran la autocrítica del Mandatario. Aunque en privado reconocen que en su momento se concibió como que era una revuelta anti el modelo neoliberal, ahora dicen que el contundente resultado del plebiscito del 4 de septiembre en favor del Rechazo puso paños fríos a ese diagnóstico. Eso sí, precisan que la frase en particular no ha sido analizada al interior de la coalición.
Así, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), quien comparte partido con Boric, argumentó que “ninguna revuelta ha sido ideológicamente anticapitalista. Son pulsiones de revocación de las élites, que son antiabusos. Fue una ruptura popular entre la sociedad y las instituciones, donde la gente siente que si no toma partido, hay riesgos para su propia proyección vital, por tanto, sale a buscar resolver el problema y rompe con las instituciones representativas (…)”.
El presidente de Comunes, Marco Velarde, sostuvo que “su posición (del Presidente) es que finalmente esto no puede tratarse de una competencia por quién hace la mejor interpretación de ese momento y lo capitaliza para su sector. Muchos de quienes miraron el estallido como una interpretación favorable para sus propias agendas, terminaron sufriendo ante un análisis apresurado y una miopía del escenario completo. Yo creo que lo que el Presidente nos está tratando de decir es que ese peligro también prevalece hoy y debemos sacar lecciones del período previo (…)”.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider (Comunes) manifestó que “el estallido social fue una expresión de un profundo malestar social por la sensación de abusos y de abandono de las personas por parte del Estado (…). En ese sentido, el estallido en sí no tiene color político, pero sí requiere respuestas a las cuales sectores como la derecha se han negado (…). Espero que la oposición entienda que el descontento de la gente sigue presente y no podemos ignorarlo”.
Además de afirmar que coincide con Boric, la timonel del Frente Regionalista Verde Social (Frevs), Flavia Torrealba, sostuvo que “la expresión de malestar de la sociedad chilena, que tuvo su mayor intensidad durante el mes de octubre del 2019, no estuvo articulado en torno exclusivamente a un modelo económico, ni siquiera ideológico. Fue la suma de causas que tenían en común el abuso en los distintos planos de la vida personal, política y social”.
Eso sí, Torrealba hizo un alcance: “Más que el capitalismo, el problema es el sistema neoliberal que acabó con el capitalismo. Para que se desarrolle la riqueza y la iniciativa empresarial tienes que tener condiciones de igualdad básicas para el emprendimiento. En Chile eso se perdió. La economía especulativa desplazó a la economía real y ha favorecido la acumulación de capital en poquísimas manos, mientras el resto de las iniciativas empresariales, artesanado, manufactura especialmente ha desaparecido casi por completo”.
En esta misma línea, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, afirmó que, “en rigor, no lo fue (una revolución anticapitalista). Sí fue una rebelión contra un modelo de desarrollo neoliberal que niega derechos elementales a la población. Fue una movilización que levantó la demanda de salarios del trabajo decentes, justos y dignos, levantó la demanda del derecho a la salud, la educación, la vivienda. Desde esa perspectiva, es claramente una plataforma programática antiliberal. Planteó una demanda de primer nivel del punto de vista político, que es una nueva Constitución que termine (…) con el Estado subsidiario y que impide el Estado social de derecho”.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática) agregó que “el estallido social fue, sobre todo, una expresión de la crisis del modelo económico neoliberal chileno. Una critica estructural, contra el abuso empresarial y político y una demanda de mejora en las condiciones materiales de vida de las familias. A eso se sumó una crisis de representación que impidió que la política institucional fuera capaz de canalizar el descontento y ofrecer salidas, pudiendo solo habilitar el camino constituyente, que derivaba en la deliberación política a la ciudadanía”.
