En una decisión que afecta a los puertorriqueños que viven en la isla caribeña, el Tribunal Supremo de EE. UU. no amplió la cobertura de los programas sociales a personas de escasos recursos con discapacidades, ancianos y personas ciegas. El gobernador de la isla reaccionó pidiendo que cese el trato colonialista y que la isla sea convertida en estado de Estados Unidos
En un revés para los puertorriqueños, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó ampliar un programa federal de ayudas sociales para la isla. El programa busca ofrecer prestaciones a ancianos, ciegos y discapacitados de bajos ingresos.
Los jueces de la Corte Suprema fallaron 8 a 1 al considerar que el Congreso tiene la autoridad para impedir que quienes viven en territorios estadounidenses reciban la misma ayuda como lo hacen los estados y determinó que actuó de forma constitucional.
El fallo fue una ponencia del juez conservador Brett Kavanaugh y revocó una decisión previa de un tribunal inferior que decía que, según una decisión del Congreso de 1972, no era posible excluir a Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, SSI, ya que se violaría un requisito de la Constitución de EE.UU. de que las leyes se apliquen a todos por igual.
Esta decisión niega las prestaciones sociales a unas 300.000 personas de la isla. Según el gobierno federal una ampliación que cubriera a Puerto Rico costaría unos 2.000 millones de dólares al año.
La apelación fue presentada originalmente por la administración del expresidente Donald Trump. La administración de Biden continuó con el proceso mientras también instaba al Congreso a extender el SSI a Puerto Rico.
Para el ponente Kavanaugh un fallo que extienda los beneficios a Puerto Rico podrían traer “consecuencias de gran alcance” que afectarían el bolsillo de los puertorriqueños, ya que tendrían que pagar el impuesto federal sobre la renta, algo que no sucede en la actualidad. “La Constitución no requiere ese resultado extremo”, resaltó Kavanaugh.
La jueza liberal, Sonia Sotomayor, cuyos padres eran de Puerto Rico, fue la única que votó en contra del proyecto. Ella dijo que la isla al no tener representación electoral en el Congreso, su pueblo no puede confiar en que el Congreso reconozca sus derechos y dijo que “la igualdad de trato de los ciudadanos no debe dejarse a los caprichos del proceso político”.
Una reacción sin precedentes
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en un inusual comunicado para un político de ese rango en la isla, tomó partido y dijo “lo mismo ocurre en otros programas transcendentales, tales como Medicaid, Medicare y asistencia nutricional. Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta a nuestra calidad de vida. La única y mejor solución es la estadidad”, refiriéndose a convertirse en otro estado de Estados Unidos
El gobernador y su Partido Nuevo Progresista quieren la anexión total de Puerto Rico a Estados Unidos y acabar con el actual estatus de Estado Libre Asociado.
La situación de Puerto Rico es un tema que divide a sus habitantes; hay algunos a favor de seguir siendo un territorio estadounidense, otros quieren que la isla se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, y algunos quieren la independencia total de la unión americana.
Los puertorriqueños tratados como si no fueran estadounidenses
Uno de sus habitantes de 67 años, Jose Luis Vaello Madero, recibió beneficios de SSI cuando vivía en Nueva York, pero al trasladarse a Puerto Rico en 2013 perdió la elegibilidad. El gobierno lo demandó en un tribunal federal en Washington en 2017, en busca de recuperar los más de 28.000 dólares por los pagos que recibió después de mudarse a la isla.
Para el abogado de Vaello, Hermann Ferre, el fallo de la Corte “es lamentable que el tribunal no haya visto la discriminación a la que se enfrentan los estadounidenses puertorriqueños más necesitados cuyo único rasgo distintivo es que deciden permanecer en Puerto Rico, su hogar en suelo estadounidense. Este es un día devastador para el Sr. Vaello Madero y para Puerto Rico”, resaltó.
Los puertorriqueños residentes en la isla se han quejado de recibir durante años un trato peor que el de otros estadounidenses, a pesar de ser ciudadanos de Estados Unidos. Puerto Rico es el más poblado de los territorios estadounidenses, con unos 3 millones de personas.
El Tribunal Supremo siempre ha decidido sobre el estatus legal de los puertorriqueños, con decisiones de hace un siglo que son denominadas Casos Insulares y que algunas están plagadas de lenguaje racista. Estas decisiones respaldaban que los habitantes de los territorios tuvieran un trato diferente al de los ciudadanos que vivían en los estados norteamericanos.
Las prestaciones del SSI solo están disponibles para los 50 estados, pero no para los territorios de Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses y Guam.
El gobierno de Joe Biden busca extender los beneficios del SSI a Puerto Rico como parte de la legislación de gasto social respaldada por los demócratas, pero la iniciativa se ha visto estancada en el Congreso.
