La victoria de la ultraderecha en la elección del Consejo Constitucional de Chile representó un nuevo golpe para el Gobierno del presidente Gabriel Boric, quien quedó más debilitado rumbo a lo que resta de su gestión. Además, los resultados de los comicios incrementaron la posibilidad de que, por segunda vez consecutiva, la ciudadanía rechace en un plebiscito una nueva Carta Magna. También fortalecieron a José Antonio Kast como líder de la oposición, el exdiputado y excandidato presidencial que perdió en 2021 frente a Boric, pero que ahora adquiere un mayor protagonismo y se perfila como firme precandidato opositor para 2026.
Estos escenarios forman parte de las repercusiones que hay en el país sudamericano luego de la jornada del domingo, en la que el Partido Republicano que lidera Kast obtuvo el 43 % de los votos, lo que le permitirá tener 23 de los 51 consejeros que redactarán el borrador de una nueva Constitución. A ellos se sumarán los 11 consejeros que alcanzó la alianza conservadora Chile Seguro.
Por el contrario, la coalición oficialista y de izquierda Unidad para Chile obtuvo un magro 28 % de los votos, lo que le permitirá tener solo 16 consejeros. El Gobierno aspiraba a contar con un mínimo de 21 para poder ejercer el derecho al veto e impedir que la derecha y la ultraderecha impongan su visión en el debate de los artículos constitucionales. No podrá hacerlo, ya que, juntos, los conservadores suman una amplia mayoría de 34 votos. Este desenlace electoral impacta negativamente en Boric, quien desde que comenzó a gobernar en marzo de 2022 arrastra bajos niveles de popularidad que, en sus mejores momentos, apenas si han alcanzado el 30 %.
La integración del Consejo representa la segunda derrota del oficialismo en el proceso constitucional, ya que en septiembre pasado el 62 % de los votantes rechazó el primer borrador de una nueva Carta Magna, que había sido redactada por una Convención integrada en su mayoría por dirigentes de izquierda o progresistas, cuyas propuestas no lograron convencer a la ciudadanía. Ahora, en cambio, la redacción correrá a cargo de un Consejo con amplia mayoría de políticos de derecha y ultraderecha, lo que anticipa tensiones en el debate de los próximos meses y que, según algunos analistas, podría desembocar en que, ante la falta de acuerdos, la ciudadanía sienta un hartazgo y rechace otra vez la propuesta constitucional en el plebiscito previsto de diciembre. De esta forma se complica uno de los principales objetivos de Boric, que era promulgar una Constitución que sustituyera a la que rige actualmente y que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
La eliminación de esa Carta Magna fue también uno de los principales reclamos del estallido social de 2018, que desembocó en el plebiscito de octubre de 2020 en el que un contundente 78 % votó a favor de redactar una nueva Constitución. Entonces parecía que el giro político de Chile sería radical, lo que luego se ratificó con el triunfo de Boric en las presidenciales.
Pero solo dos años después, el apoyo al progresismo se evaporó. Analistas atribuyen el fenómeno, en parte, por la decepción que implicó el rechazo al primer borrador constitucional y porque en la agenda pública se impusieron otros temas más concretos, como la seguridad y la migración, en los que la mayoría de los chilenos apuestan por soluciones conservadoras
Octavio Avendaño, analista político de la Universidad de Chile, aseguró en una entrevista con El Mercurio que, con estos resultados, el presidente ya no tiene margen para avanzar en sus programas.
“Podríamos decir que el Gobierno de Boric terminó, claramente“, dijo al coincidir con el tono catastrofista que rodea al oficialismo. “La fuerza con la que el Gobierno pueda proponer sus reformas se ve fuertemente disminuida”, agregó José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica.
El diario La Tercera, por su parte, realizó un sondeo entre los 51 consejeros electos y ratificó el perfil conservador del nuevo órgano. El 60 %, por ejemplo, está en contra del aborto, en tanto que un 88 % no cree que la salud deba ser un servicio totalmente público, ya que apoya la existencia del sistema privado; y un 35 % prefiere que el sistema de pensiones permanezca en manos de las privadas Administradoras de Fondos.Las posiciones comenzarán a quedar claras el 7 de junio, cuando asuman los 51 consejeros electos y comiencen a redactar la propuesta constitucional. No empezarán de cero, ya que recibirán el borrador que en marzo comenzó a delinear una Comisión Experta formada por 24 especialistas, que fueron elegidos por los partidos políticos.
