LA PAZ — El FBI estadounidense detiene a un exministro boliviano por lavado de dinero y esto reaviva en La Paz la interminable polémica sobre fraude y golpe de Estado.
El Senado boliviano aprueba la designación de un nuevo embajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el debate parlamentario no gira en torno a la figura del representante sino que se refiere a golpe y fraude.
Resultaría muy larga la lista de las polémicas que en Bolivia terminan convertidas en una especie de debate entre sordos sobre las causas de la crisis política de 2019. Todo fue causado por un fraude electoral de Evo Morales (2006-2019), dicen unos; por el contrario, todo fue solo un montaje para un golpe de Estado, sostienen otros.
La polémica —instalada desde los días de noviembre de 2019 que siguieron al derrocamiento de Evo Morales y su relevo por la autoproclamada presidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020)— ha ganado más fuerza en las últimas semanas tras el arresto en Estados Unidos de una de las figuras más controvertidas del año de transición, el exministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo.
Duro crítico de la corrupción, narcotráfico, autoritarismo, nepotismo y otros delitos que achacó a Morales, y a su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS), Murillo cayó en Miami, no por una denuncia boliviana sino por una investigación de la policía federal del país en el que creía que tenía refugio seguro.
Polarización
“La polarización política ya estaba bien asentada en Bolivia y ha sido remachada, si eso era aún posible, con la caída de Murillo, que curiosamente no se deriva de los supuestos fraude o golpe, sino de lo que sucedió después de la ruptura democrática”, dijo a Sputnik el politólogo Mauro Echenique.
El docente de la universidad Andina afirmó que las elecciones de octubre de 2020, marcadas por las causas y efectos de la crisis del año anterior, arrojaron un amplio ganador, Luis Arce (MAS), pero no borraron la polarización expresada en dos versiones contrapuestas del corte democrático de 2019.
Ahora el Gobierno democrático de Arce quiere hacer que una condena a Murillo por corrupción, fuera o dentro del país, equivalga a una condena a todo el gobierno de Áñez.
Echenique anotó que ésta puede ser “una estrategia ganadora” del oficialismo, frente a la cual la oposición conservadora trata de diferenciar entre Murillo y Áñez, “algo muy difícil porque Murillo era el hombre fuerte y verdadero gobernante de la transición”.
“Por eso la oposición insiste en mantener la idea de que lo que hizo en 2019 no fue un golpe sino una respuesta constitucional a una crisis provocada por lo que llama fraude electoral de Morales”, añadió.
Versión oficial
En la renovada confrontación de versiones sobre golpe o fraude, el oficialismo pareció tomar la delantera en los últimos días al aprovechar el contraste que significó para los opositores la caída de Murillo.
En una interpelación en el parlamento, el ministro de Justicia, Iván Lima, desafió a las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos a presentar al menos una prueba de su repetida denuncia de fraude, que sustentan en un informe de la Organización de Estados Americanos que señaló supuestas irregularidades en el proceso electoral de 2019.
“No digan que hubo fraude, cuando no tienen una sola prueba que sostenga su afirmación”, “presenten las actas falsificadas, las pruebas; no existe un solo elemento que demuestre el supuesto fraude”, dijo.
Lima reforzó la versión oficial con la constatación de que nueve de los 10 juicios penales abiertos contra los tribunales electorales, durante el año del gobierno transitorio de Áñez, han concluido con sobreseimiento de las autoridades regionales procesadas.
El décimo proceso, contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral de 2019, está paralizado por falta de pruebas, añadió.
Los parlamentarios opositores presentes en el debate no respondieron al desafío.
Sobre el cambio de gobierno de 2019, Lima afirmó que no había duda de que fue una violación constitucional y denunció, poniendo como prueba al arresto del exministro Murillo, que “una estructura corrupta ha construido una teoría de fraude para robar con esa excusa las arcas del Estado”,
El titular de Justicia dijo que la autoproclamación presidencial de Áñez, siendo segunda vicepresidenta del Senado durante la crisis, fue inconstitucional porque no asumió previamente la presidencia de esa cámara ni dirigió sesión parlamentaria alguna para convertirse en gobernante, y terminar recibiendo la banda presidencial de manos de un militar en traje de combate.
“Tampoco ha existido un pronunciamiento [del Tribunal] Constitucional que avale esa situación. Nadie puede decir que era constitucional acortar el mandato de Evo Mortales (…). Nadie puede estar por encima del dolor de las víctimas. Lo que ha ocurrido en el país ha sido un golpe de Estado”, remarcó.
Lima añadió que, por estas razones, Áñez está en detención preventiva desde marzo pasado, en espera de un juicio penal ordinario por el golpe de 2019, por delitos cometidos en su condición de senadora, antes de ejercer la Presidencia.
Según Echenique, la polémica sobre el fraude podría terminar extinguiéndose a corto plazo, pero la que se refiere al golpe persistirá mientras haya juicios en desarrollo.
Contra Áñez y sus colaboradores se realizan también los trámites preliminares de juicios de responsabilidades por delitos que incluyen masacres y otras violaciones de derechos humanos.
