Este martes se cumplen 20 años desde la apertura de la prisión de la bahía de Guantánamo. La polémica institución está concebida como el centro penitenciario más seguro del mundo, pero también la más opaca: se ha visto manchada por acusaciones de tortura y de violaciones de derechos humanos. Durante su campaña, el presidente Joe Biden prometió cerrar la cárcel, algo que los activistas por los derechos humanos reivindican desde hace años.
El 11 de enero de 2002, hace veinte años, la prisión de Guantánamo abrió sus puertas al mundo. El centro penitenciario, diseñado para ser el más seguro del planeta, vio llegar a los primeros reclusos, arrastrando los pies en sus monos naranjas. Sospechosos de terrorismo y calificados como “criminales extraordinariamente peligrosos”, los primeros 20 prisioneros ingresaron en la base localizada en el sureste de Cuba, donde más tarde verían sus derechos humanos seriamente violados.
El entonces presidente, George W. Bush, anunció una “guerra contra el terrorismo” y, efectivamente, los principales sospechosos de los atentados del 11-S, que costaron la vida a 3.000 personas, desfilaron ese día por la entrada de la prisión.
“Con Guantánamo, Estados Unidos se ha convertido en un país que no respeta los principios del Estado de derecho”, sostuvo Nancy Hollander, abogada del recluso Mohamedou Ould Slahi, sobre la prisión.
Y es que en la Bahía de Guantánamo los reos no gozaban de las leyes y garantías básicas aplicadas en Estados Unidos, no tenían derecho a las visitas de abogados y familiares y la Convención de Ginebra no era aplicable. En Guantánamo todo valía.
“Esta prisión está pensada para lo peor de lo peor”, expresó el propio Pentágono de Estados Unidos en un comunicado.
Este martes, 20 años después de la apertura de la cárcel más polémica del mundo, todavía son 39 los prisioneros que siguen allí. Y, a pesar de las repetidas demandas de cierre de la penitenciaria, ni las organizaciones de derechos humanos ni el propio Gobierno estadounidense ha conseguido clausurar el centro y trasladar a sus prisioneros, principalmente debido a la oposición del Congreso nacional.
“Veinte años después, el gobierno de Estados Unidos sigue perpetuando graves violaciones de derechos humanos en la bahía de Guantánamo”, declaró Amnistía Internacional el 7 de enero, mientras pedía al presidente Joe Biden que “cumpla su compromiso de cerrar Guantánamo de una vez por todas”.
La misma organización señala a Estados Unidos de haber privado a los detenidos deun juicio justo, además de que la duración de su detención sigue siendo indefinida, lo que viola las garantías procesales y otros derechos humanos reconocidos internacionalmente.
El demócrata Barack Obama intentó cerrar Guantánamo sin éxito durante su mandato, por lo que recibió duras críticas; el republicano Donald Trump frenó el proceso; con su entrada a la Casa Blanca, Joe Biden ha prometido ser el último presidente que verá Guantánamo en funcionamiento. No obstante, lo único que ha conseguido hasta el momento es transferir a uno de sus presos.
¿Quiénes están y han estado en Guantánamo?
Los presos eternos. Así denominan a algunos de los reos que llevan más de una década en Guantánamo. Entre ellos, algunos de los responsables del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Precisamente, estos reos están entre los diez presos de un total de 39 que tienen cargos imputados.
Jaled Sheij Mohammed se declaró cerebro de la organización del atentado, pero todavía no está juzgado. Una situación diferente a la de Ali Hamza Sulayman al Bahlul y Majid Khan, ambos colaborados de Bin Laden, el primero condenado a cadena perpetua y el segundo a punto de salir en libertad tras cumplir su condena.
El resto de los prisioneros no han sido juzgados y condenados a lo largo de estos 20 años, pero siguen en la prisión. Una situación que activistas tachan como “inhumana”, pero que el Gobierno de Estados Unidos justifica amparándose en el argumento de que son detenidos de guerra dentro del conflicto con Al-Qaeda, por lo que pueden estar un tiempo indefinido en prisión.
Pero la falta de procesamientos no es la parte más oscura de Guantánamo. Ahogamientos simulados, uso de técnicas de privación del sueño y exposición a temperaturas extremas son algunos de los métodos de tortura que el Gobierno de Estados Unidos empleó en el complejo de Guantánamo.
“Han llegado a registrarse incluso desapariciones forzadas, cuando ingresas en Guantánamo dejas de ser un ser humano”, contaba Blanca Hernández, portavoz de la organización Amnistía Internacional sobre temas de EE. UU., a France 24.
Testimonios de antiguos reos, como el de Mohamedou Ould Slahi, que estuvo encarcelado injustamente en la base estadounidense durante 14 años, dejan en evidencia la situación de impunidad y el mal funcionamiento de la institución.
El primo Slahi, Mahfouz Ould al-Walid, era uno de los asesores espirituales de Osama bin Laden. La primera acusación de la CIA contra el mauritan, sin pruebas ni indicios criminales, se basa en que Slahi ayudó a al-Walid a mandar 8.000 dólares a su familia.
Más tarde, Slahi se mudó a Qebec, Canadá, donde supuestamente conoció a Ahmed Ressam, implicado en el Complot del Milenio, un plan para transportar explosivos de Canadá a EE. UU. y detonarlos en un aeropuerto de Los Ángeles.
“No sólo no hay pruebas de la participación de Ould Slahi en la planificación y preparación de los atentados, sino que tampoco hay indicios de que Ressam y Salahi se conocieran”, señalaba uno de los informes de la inteligencia alemana al respecto.
Pero, la falta de pruebas no le libró de un destino cruel: más de una década en la prisión más dura del mundo. Hasta que, finalmente, en 2009 y con Barack Obama en el poder, Salahi consiguió recuperar su libertad.
Tras su reincorporación a la vida civil, el mauritano publicó sus memorias en la cárcel en un libro titulado ‘Diario de Guantánamo’, donde relataba lo duro de sus años allí.
“Si hubiera hecho aquello de lo que me acusaban, me habría liberado el primer día. Pero el problema es que no puedes admitir sin más algo que no has hecho; tienes que dar los detalles, cosa muy difícil cuando no has hecho nada. No se trata simplemente de decir: ‘Sí, lo hice'”, cuenta en su libro sobre las repetidas sesiones de tortura a las que fue sometido para confesar algo que nunca hizo.
En esta línea, un informe de Wikileaks, publicado en 2011, remarcaba la extrema precaución con la que se deben tratar las declaraciones que inculparon a muchos de los prisioneros de Guantánamo, ya que estas eran -en su mayoría- confesiones de sus propios compañeros. Presos que pudieron ser sujetos a torturas -como se ha probado- o dar testimonios falsos para garantizarse un mejor trato en la penitenciaria.
“Mientras más cooperaba, más me torturaban”, dijo el pakistaní Majid Khan ante un jurado militar, según recoge el periódico ‘El País’.
Más testimonios como el de Khan propulsaron la puesta en marcha de un Comité de EE. UU. para la investigación de diferentes tipos de tortura. No obstante, todavía no han hecho públicos los resultados de la investigación.
Mucho más allá de “criminales extraordinariamente peligrosos”
En 2011, filtraciones de Wikileaks arrojaron luz sobre lo que ya se sospechaba que sucedía en Guantánamo. Los 759 informes secretos que publicaron destaparon las vejaciones cometidas en la prisión, donde el 60 % de las personas que enviaban no suponían una amenaza “probable”.
Y es que la inteligencia estadounidense clasificaba a los presos por su nivel de peligrosidad. El más alto implicaba que la persona detenida “probablemente” suponía “una amenaza para EE. UU., sus intereses y aliados”; el medio, que “quizá” la suponía; y el bajo catalogaba a las personas como una amenaza “improbable” para la seguridad del país.
Fueron muchos los “improbables” encarcelados en la bahía cubana. Un anciano con demencia senil que vivía en un edificio en el que encontraron un teléfono satelital, un comerciante sin documentación o un hombre que hacía autostop para comprar medicinas. Encarcelaciones arbitrarias que, como se demostró más tarde, atentaban contra los derechos humanos.
Y algo por lo que muchos presos buscaron responsabilidades en el Gobierno de Bush, blindado ante la justicia por el momento.
“En una sentencia del 13 de enero de 2021, el Tribunal de Casación, que había reconocido que el expresidente estadounidense George W. Bush y otros funcionarios del Gobierno eran ‘susceptibles de haber participado como autores o cómplices en los presuntos delitos de tortura y detención arbitraria en el marco de las operaciones antiterroristas de Guantánamo’, decidió muy desacertadamente que, sea cual sea la gravedad de estos delitos, no podían ser procesados ante el tribunal francés por razones de inmunidad”, señaló Jeanne Sulzer, responsable de la Comisión de Justicia Internacional de Amnistía Internacional en Francia, durante una entrevista con France 24.
Algo que, como sostuvo Sulzer, atenta contra el derecho internacional de los derechos humanos, que establece que la inmunidad parlamentaria no puede prevalecer sobre la tortura y los crímenes contra la humanidad. Y aún más en el caso de Bush, que ya no forma parte del Ejecutivo estadounidense.
Del otro lado del océano Atlántico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha fallado algunas condenas al respecto. Durante el mandato de Bush, el modus operandi de la CIA era capturar a los sospechosos de terrorismo y retenerlos en terceros países antes de trasladarlos a EE. UU., en lugares conocidos como “puntos negros”, escenarios de torturas en la mayoría de las ocasiones. Complicidad por la que el TEDH ha condenado a países como Italia, Lituania, Rumanía, Polonia y Macedonia.
Pero, además de los gobiernos republicanos, sus equivalentes demócratas también han tenido problemas respecto a la gestión de este centro carcelario. Amnistía Internacional ha criticado la actuación del Gobierno de Joe Biden hasta el momento, y la ha tachado como insuficiente, ya que el proceso de cierre de Guantánamo sigue suspendido.
“El Gobierno de Biden no ha reinstaurado la figura del encargado del proceso de cierre de Guantánamo, presente durante el mandato de Obama, y es algo que nos preocupa”, dijo Blanca Hernández a France 24.
Y lo cierto es que, a pesar de ser una de sus promesas de campaña, Biden tiene difícil cerrar la prisión en suelo cubano durante su mandato. El Congreso prohíbe el traslado de los presos a Estados Unidos por su “peligrosidad” y también veta el uso de fondos públicos para mandarlos a países extranjeros o al mismo Estados Unidos.
Además, el sector republicano de las dos cámaras se opone fervientemente al cierre de la institución, algo que pone contra la cuerdas al Ejecutivo de Biden y que hace difícil incluso mandar a los presos de vuelta a sus países de origen.
En medio de estas disputas políticas y burocráticas, son 39 las personas que siguen recluidas en la famosa bahía cubana 20 años después de su creación, sin certezas sobre su futuro y sin las garantías que tienen todas las personas en una prisión estándar. Muchos, que perecieron entre las rejas de Guantánamo y sus torturas, nunca volverán a ver el mundo exterior.
