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Gustavo Petro defiende su visión de país ante el Congreso: “Es el momento de un acuerdo nacional”

El presidente instala el segundo año del Legislativo defendiendo su apuesta para la transición energética y su política de paz total. No mencionó su reforma más cuestionada, la de salud, pero pide un acuerdo político para hacer “una sociedad más justa y productiva”

En la Colombia que tiene Gustavo Petro en la cabeza, en el caribe colombiano habrá moto-taxis impulsados por energía solar y aeropuertos internacionales en medio del desierto de La Guajira. El presidente lo ha dicho este jueves cuando ha instalado las sesiones para arrancar el segundo año del Legislativo, un órgano de poder donde él fue representante, senador, y del que ahora depende para hacer los cambios sociales que se propone, pero donde ya no tiene aseguradas las mayorías. Se ha comprometido, por primera vez para un presidente, a sentarse a escuchar la réplica de la oposición después de su discurso, quienes tampoco alcanzan una mayoría. El pulso del segundo año será una pelea entre los dos bandos, para ver cuál logra consolidarse. Ante ese escenario, Petro volvió a hablar de un “acuerdo nacional”, un tono más cercano al del principio de su periodo que a los discursos desafiantes que ha hecho desde el balcón en los últimos meses para defender sus reformas. El discurso del 20 de julio sirve normalmente para que los presidentes hagan una rendición de cuentas del año de Gobierno que termina, y algo de eso tuvo también el mensaje de Petro. Sin embargo, mucho más tiempo ocupó la explicación de los sueños que él tiene para Colombia, el país que quiere convertir en tres años en “una potencia mundial de la vida”.

“Lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida”, dijo Petro, quien habló durante todo su discurso de casi dos horas con un lápiz en su mano izquierda, como si llegara a dar una lección a los congresistas y senadores presentes. Habló de la posible sexta extinción del planeta, si no se frena el cambio climático, de las altas temperaturas este verano en China o Alemania, para luego defender su propuesta por descarbonizar, lo antes posible, la economía colombiana. Una propuesta que recientemente “costó una ministra excelente”, dijo, en referencia a Irene Vélez, la filósofa y activista ambiental que hasta esta semana estuvo a cargo de la cartera de Minas y Energía. Petro no mencionó el nombre de Vélez pero dice que ella avanzó, en este primer año de Gobierno, en comprometer a 134 empresas en proyectos de energías limpias, y en su programa de “comunidades energéticas”: una iniciativa en la que cualquier casa o escuela de sectores aislados de las urbes pueden generar su propia energía.

“Al Congreso le digo: la demanda de petróleo y carbón va a caer en los próximos años”, añadió el mandatario, dejando claro que la prisa de descarbonizar no era un capricho de Vélez, sino que él mismo considera una prioridad dejar de depender de esos combustibles fósiles —así buena parte del presupuesto colombiano dependa de las exportaciones petroleras–. Petro dice que en este primer año el turismo, que él ve como una economía más sustentable a desarrollar, ha aumentado a 5 millones de turistas extranjeros, y él espera que siga subiendo a 7 millones. Esa es una de las economías que, agregó, espera ayuden a reemplazar la dependencia del petróleo. Ambientalmente, además, repitió el que quizás ha sido el logro más importante de su primer gobierno: la reducción de la deforestación en un 29%.

“No se industrializa si no se hace reforma agraria”, dijo Petro sobre su segundo gran proyecto para Colombia, uno de los más ambiciosos para un político de izquierda que entiende la desigualdad de la tierra como uno de los combustibles para la guerra. Aseguró que su Gobierno ya ha logrado titular un millón de hectáreas (buena parte de estas a grupos indígenas en zonas selváticas), y reconoció al Congreso que aprobó, en su primer año, la ley que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. Pero esa titulación no equivale a reforma agraria, en la que los terrenos amplios y no explotados podrían ser adjudicados a campesinos sin tierra. “No estamos expropiando la tierra, estamos comprándola a precio comercial”, dijo sobre el acuerdo que tiene con la federación nacional de ganaderos para comprar tres millones de hectáreas. Sin embargo, apuntó, no puede moverse lo suficientemente rápido para cumplir esa cifra con las normas actuales en los tres años que le quedan. “Les propongo mirar el cambio de normas”, añadió, para que pueda comprar de forma más efectiva 500 mil hectáreas anuales. En su primer año, dice, ha logrado 30 mil hectáreas.

No hubo tiempo para mencionar la reforma legislativa que ha sido más polémica en su primer año de Gobierno, la de la salud, que generó más de una crisis de gabinete, en las que salió primero el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, despertó duras críticas de partidos tradicionales que se habían unido al oficialismo, y eventualmente también cobró la cabeza de la ministra encargada de la reforma, Carolina Corcho. La reforma solo lleva un debate de los cuatro que necesita en el Legislativo. Tampoco tuvo mención especial la reforma pensional, que también lleva un solo debate. El presidente solo se refirió a la reforma laboral, al sugerir que los medios de comunicación fueron aliados de los empresarios para que se hundiera en el primer año legislativo. “En todo lo demás, vamos bien”, dijo optimista. No mencionó otras reformas que se hundieron, como la política.

Un espacio especial tuvo la política de paz del Gobierno, que ha querido sentarse a negociar con grupos rebeldes y encontrar alguna salida de sometimiento a la justicia para bandas criminales. Celebró que haya un cese al fuego con la guerrilla del ELN, que arrancará a principios de agosto. “Se está acabando la guerra entre el Estado e insurgencias”, dijo el presidente que hace más de tres décadas hizo parte de la guerrilla del M-19. Pero viene ahora “la violencia del siglo XXI”, añadió el mandatario, aquella que genera violencia “por la codicia, la riqueza, por las rentas”. La violencia que no busca derrocar un Estado sino fortalecer economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, o la trata de personas. Su misión en los tres años que le quedan, dijo el presidente, “es convocar a quien quería enriquecerse con algo que ya no tiene futuro”. Se refiere en particular a la cocaína, cuyo precio bajó dramáticamente y ya no se vende tanto en Europa y Estados Unidos desde que ha ido en auge el fentanilo.

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