La agenda de cambio del nuevo gobierno aterriza con proyectos legislativos con el respaldo de una coalición fuerte, que ya tuvo su primera victoria con la elección del contralor
Este viernes el presidente del Congreso, el curtido político Roy Barreras, dijo que había demostrado que el gobierno de su aliado Gustavo Petro tenía “gobernabilidad en el Congreso”. En entrevista con Blu Radio, dijo que hay “una coalición fuerte capaz de responder con las reformas de fondo que se vienen”. Ese parte de victoria es importante para cualquier gobierno, pero lo es más para el de Petro, que llegó al poder con la promesa de un cambio profundo y una batería de reformas constitucionales y legales que deben pasar por el Congreso, y cuando las mayorías legislativas no fueron elegidas por formaciones políticas de la izquierda de la que viene Petro.
Aunque Barreras había dicho lo mismo en junio, antes de que se instalaran el nuevo Congreso y el nuevo Gobierno, parecía una baladronada porque el Pacto Histórico, la agrupación de partidos y movimientos de izquierda por la que fueron elegidos Petro y Barreras, hasta ahora estaba definiendo la posibilidad de armar una coalición legislativa. Ya no es así: hay una coalición establecida y que pasó su primera prueba el jueves pasado, el día antes de las declaraciones victoriosas de Barreras.
Ese jueves estaba programada la elección del contralor general, la cabeza de la entidad encargada de revisar el buen uso de los recursos públicos en Colombia. Es uno de los cargos más poderosos del Estado, ya que maneja un presupuesto de más de 1,2 billones de pesos (unos 300 millones de dólares) y una nómina de centenares de cargos bien remunerados que puede llenar con libertad, puede conocer en tiempo real los contratos de todo el Estado y su entidad puede sancionar con multas millonarias a funcionarios o contratistas.
Como lo elige el Congreso en pleno ―de una lista de 10 finalistas tras un concurso de méritos―, los contralores han llegado tras tener origen, o por lo menos respaldo, en la política. Y como el Congreso los elige al inicio de cada cuatrienio presidencial para un período también de cuatro años, su selección es uno de los primeros pulsos de cualquier presidente da. Aunque institucionalmente y en teoría el contralor debe ser independiente al Gobierno, dado que lo elige el Congreso, los presidentes impulsan a un aliado, o por lo menos buscan evitar que llegue un opositor.
En este caso, a inicios de agosto quedó claro que la favorita para ser elegida era María Fernanda Rangel, una abogada que venía de tener uno de los cargos más importantes en la Contraloría con el saliente contralor Carlos Felipe Córdoba, a quien en el petrismo ven como un rival político. Córdoba había nombrado a Rangel en cabeza de la directora de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, un cargo creado recientemente tras una reforma a la entidad que lideró Córdoba.
El Pacto Histórico y su aliado más cercano, la Alianza Verde, estaban más cerca de otro candidato, Juan Carlos Cárdenas, mientras Rangel logró sumar el apoyo de las bancadas de los partidos tradicionales (Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical). Incluso estaban con ella 15 de los 16 representantes elegidos por las curules especiales de paz, que representan las zonas más azotadas por el conflicto y apoyaron a Petro en campaña. Eso significaba que aliados clave para la gobernabilidad de Petro en el Congreso que no se han declarado bancadas de oposición (liberales, conservadores y La U), apoyaban a una candidata que en el petrismo veían como una opositora. Rangel sumaba por lo menos 190 de los 296 votos. Era inminente una derrota del Gobierno en el primer pulso político que daría en el mismo Congreso por el que piensa tramitar sus reformas.
Barreras, apoyado por el Ministro de Interior de Petro, el antiguo representante verde Alfonso Prada, volteó el resultado. Como explicó este diario, a 24 horas de la votación del jueves pasado varias bancadas empezaron a cambiar su voto de Rangel no a Cárdenas sino a un tercer candidato, Carlos Hernán Rodríguez. El movimiento fue tan fuerte y abrupto que todas las bancadas, incluyendo las de la oposición de derecha, anunciaron su apoyo a Rodríguez, y la mañana de la elección Rangel desistió de su aspiración.
Rodríguez fue elegido con 260 de los 296 votos posibles y entonces fue que Barreras, un operador político por excelencia que antes de ser petrista fue alfil de políticos de derecha (como el expresidente Álvaro Uribe) y centroderecha (el ex vicepresidente Germán Vargas o el expresidente Juan Manuel Santos), reclamó esa victoria como propia. Y lo hizo porque se demostró que el poder de un presidente es tal que puede lograr mayorías contra los intereses y deseos iniciales de bancadas que en principio no son de su ideología. Sin embargo, soslayó que lo hizo más derrotando a la oposición que poniendo su candidato deseado, y que por lo tanto esa coalición no es a prueba de fuego, ni de reformas polémicas como las que vienen.
Lo que viene
La cantidad de reformas que tiene proyectadas el gobierno es tal que desde mediados de julio, antes de que se posesionaran el nuevo Congreso y el Presidente, Barreras anunció que no presentarían todas las más urgentes este semestre, pues aplazarían algunas para el primer semestre del próximo año, para alcanzar a debatir y sacar adelante todas las prioritarias. En principio, este semestre irían la reforma fiscal, la creación de los ministerios de igualdad y de paz (al que quedaría adscrita la Policía Nacional), las leyes para la reforma rural integral, leyes para lograr su política de “paz total” y la discusión del presupuesto para 2023. El próximo semestre vendrían reformas a la salud, la justicia, la educación superior, el sistema laboral, el pensional y la Procuraduría General de la Nación. Ese denso menú de reformas ya se ha empezado a mover, en diferentes sentidos que muestran que su futuro no está asegurado.
Uno de esos sentidos es el afán del Gobierno por sacar adelante la que suele ser más polémica en cualquier sociedad, la de impuestos. No solo la presentó oficialmente al Congreso al día siguiente a la posesión de Petro, sino que ya presentó mensaje de urgencia al Congreso, usando un derecho del presidente de pedir al Legislativo que de un trámite más rápido a un proyecto de ley con debates conjuntos entre las comisiones de Senado y Cámara. Es inusual presentar una reforma fiscal tanto antes de diciembre, para dar menos tiempo a que los afectados hagan maniobras para evitar las subidos de impuestos, y también lo es usar el mensaje a cuatro meses del fin de una legislatura; por ejemplo, el Gobierno de Iván Duque presentó su primera reforma tributaria el 31 de octubre de 2018, a mes y medio del cierre de la legislatura, y le puso mensaje de urgencia en noviembre.
A pesar del mensaje de afán, la tributaria no tiene su camino tan fácil. Por ejemplo, el Partido Conservador, que tiene representación en el gabinete de Petro con Guillermo Reyes, un jurista rodeado de polémicas por plagio en la cartera de Transporte, ya oficialmente presentó sus críticas a la propuesta. En una carta pública, señaló que comparte la idea general pero hizo críticas a varios de los puntos que más ha defendido el Gobierno, como los los cambios a los impuestos a la renta y a los dividendos. Los próximos días otras bancadas irán presentando sus posturas y propuestas, y la pregunta es sobre todo si el Gobierno logrará sacar una reforma que logré subrayar su mensaje de lucha por la equidad o si las bancadas llevarán a un resultado más fiscalista que afecte el capital político de Petro.
También se notan las dudas sobre el futuro de las reformas en la reticencia del Gobierno de presentar algunas, lo que evitaría dar muchas peleas políticas en simultáneo pero también puede llevarlo a recibir más presiones. Por ejemplo, aplazó la reforma a la salud para el próximo año y la ministra del ramo, Carolina Corcho, ha guardado un prudente silencio. Pero Piedad Correal, vocera de la bancada más grande de la Cámara ―la del Partido Liberal― ha pedido que se priorice esa reforma. O la vicepresidente Francia Márquez y su movimiento político Soy Porque Somos piden con urgencia que Petro presente el proyecto para crear el Ministerio de la Igualdad a fin de que ella lo ocupe y sea más que un símbolo, pero nada que ocurre. En situaciones similares están otras propuestas como la de la reforma a la educación superior o la de la reforma rural (que perdió oxígeno pues la ministra del ramo, Cecilia López, dijo que lo que se necesita es aplicar leyes que ya existen), que alientan debates fuertes en distintos sectores.
Esas y decenas de reformas que ya han sido presentadas, como prohibir el fracking, eliminar el servicio militar obligatorio, reducir la edad para ser congresista o reformar el Código Electoral, prometen agitar el debate. Las preguntas son si la coalición variopinta por la que sacó pecho Barreras, que va desde la izquierda dura hasta la derecha tradicional de los conservadores, se mantendrá unida en torno a ellas. Y sobre todo si saldrán con el sello de Petro de que sean parte de un cambio para lograr más igualdad, una democracia más profunda y un sistema económico a la vez más humano y más productivo.
Con muchos políticos tradicionales pensando en qué poder tendrán en el Gobierno, y en mantener vivas sus maquinarias clientelares en las elecciones locales de octubre de 2023, la elección de contralor muestra que más que una aplanadora que asegura que Petro logrará sus objetivos, lo que hay en el Congreso es una tendencia a no chocar con el presidente y buscar acuerdos. Algo para lo que el tono conciliador, el pragmatismo o la moderación que ha mostrado el nuevo presidente en sus primeras semanas puede caer como anillo al dedo.
