Naciones Unidas despide a nueve empleados de la UNRWA, su principal organismo en Gaza, tras ser acusados de participar en el ataque de Hamás del 7 de octubre, mientras peligran los fondos para alimentos y centros médicos en la Franja
La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, (UNRWA, por sus siglas en inglés) se ha convertido en el último daño colateral de la guerra en Gaza. Israel y algunos sectores del partido republicano de Estados Unidos mantienen desde hace años una campaña para su cierre, al considerar que contribuye a perpetuar el conflicto de Oriente Próximo y educa en el odio en sus escuelas. Ahora, el despido de nueve de sus 12 empleados locales (uno está muerto y se está aclarando la identidad de los otros dos) por supuesta implicación en el ataque de Hamás el 7 de octubre ha generado una cadena de anuncios de cese de la financiación que le privaría de la mayor parte de sus ingresos, justo en un momento crítico en Gaza, donde gestiona refugios que acogen a un 40% de la población y sigue proveyendo ayuda alimentaria y sanitaria.
El primero en anunciar que cortará el grifo fue su principal donante el año pasado, Estados Unidos, el jueves. Desde entonces se han sumado al menos otros nueve: Alemania ―segundo mayor contribuyente―, el Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Australia, Canadá y Estonia. El presupuesto de la UNRWA depende principalmente de aportaciones voluntarias de países, por lo que el secretario general de la ONU, António Guterres, les ha rogado este domingo que “al menos garanticen la continuidad de las operaciones” de la agencia mientras se investigan unas acusaciones que le han “horrorizado”. Estudia llevar incluso a juicio penal ―una iniciativa inusual― a cualquier trabajador cuya implicación en “actos de terrorismo” quede probada. “Las decenas de miles de hombres y mujeres que trabajan para la UNRWA, muchos de ellos en las situaciones más peligrosas para trabajadores humanitarios, no deberían ser penalizados. La aguda necesidad de las poblaciones desesperadas a las que atienden deben ser cubiertas”, ha pedido el secretario general en un comunicado.
La UNRWA fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949, al terminar la primera guerra árabe-israelí y a consecuencia de la Nakba, la huida o expulsión de dos tercios de los palestinos del territorio del Estado de Israel que acababa de nacer. Su mandato es proporcionarles asistencia humanitaria y protección hasta que se resuelva su situación. Durante la existencia de este organismo los refugiados han pasado de 750.000 a casi seis millones, porque los descendientes heredan el estatus.
La agencia no solo opera en Gaza, sino que también provee servicios a otros 4,4 millones de refugiados palestinos en Cisjordania, Jerusalén Este, Siria, Líbano y Jordania. El principal dominio es la educación, al que destina más de la mitad de sus fondos, pero también gestiona clínicas, entrega comida y ropa o da microcréditos. Casi todo su personal es local.
El miedo al cese de la actividad se centra sobre todo ahora en Gaza, donde miles de palestinos hacen su enésimo desplazamiento forzoso para huir de la ciudad de Jan Yunis, en la que opera con fuerza el ejército israelí, hacia Rafah, más al sur y en la frontera con Egipto. En sus refugios se apiñan un millón de personas. Como casi toda Gaza, muchos de los miles de empleados de la UNRWA son refugiados y al menos 150 han muerto en la ofensiva israelí.
El máximo responsable de la agencia, Philippe Lazzarini, lamentó el sábado la decisión en cadena, no solo por las implicaciones para la población, sino porque la propia agencia despidió enseguida a los empleados implicados antes incluso de determinar su culpabilidad. “Estas decisiones amenazan nuestro trabajo humanitario en toda la región, incluida, y especialmente, en Gaza. Es impactante ver una suspensión de fondos como reacción a las acusaciones contra un pequeño grupo de personal, especialmente dadas las medidas inmediatas que tomó la UNRWA al rescindir sus contratos y solicitar una investigación independiente y transparente”, agregó antes de recordar que unos 3.000 de los 13.000 miembros del personal básico en Gaza siguen trabajando, pese a la guerra. Es, a juicio de Lazzarini, una decisión ”inmensamente irresponsable”.
La Unión Europea, tercer mayor donante, ha asegurado que “evaluará nuevas medidas” y espera el resultado de “una investigación completa y exhaustiva”. Francia, que aportó casi 60 millones de euros a la UNRWA en 2023, no tenía previsto ningún pago este primer semestre del año, así que “decidirá cuando llegue el momento qué medidas tomar”, ante la “gravedad excepcional” de las acusaciones, ha indicado su Ministerio de Exteriores en un comunicado.
“Por favor, dimita”
Israel, que proveyó a Naciones Unidas la información que motivó el despido de los empleados, ha elevado el tono. Su nuevo ministro de Exteriores, Israel Katz, respondió a un tuit del máximo responsable de la UNRWA lamentando la decisión con una sola frase en inglés: “Sr. Lazzarini, por favor, dimita”. Previamente había pedido que la dirección de la agencia sea despedida e “investigada en profundidad sobre su conocimiento” de los “lazos con Hamás” y ―algo particularmente relevante cuando se debate la faz de la Gaza post-guerra― su reemplazo por “agencias dedicadas a la paz verdadera y desarrollo” para la reconstrucción de la Franja.
La polémica ha vuelto a poner en evidencia la brecha entre los países occidentales, principalmente los más cercanos a Israel (aquellos que han cortado la financiación), y el mundo árabe-musulmán en torno a Gaza. La Liga Árabe ha emitido un comunicado tras una reunión de sus delegados permanentes en el que pide a los países que han anunciado el tijeretazo que den marcha atrás para no “cargar a la UNRWA con el peso de las injustas acusaciones israelíes contra algunos” de sus trabajadores, alerta del “peligro” que supone para varias generaciones de refugiados palestinos y enmarca la medida en las “campaña sistemática israelí para dañar” a la agencia.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, acusó a Israel de querer “liquidar el asunto de los refugiados palestinos” con su “campana” contra la UNRWA, y a los países que dejarán de financiarla de “castigar desproporcionadamente a millones de personas”. Uno de sus hombres fuertes, Hussein Al Sheij, llamó a los países a “revertir de inmediato” la decisión, por los peligros “político y humanitario” que entraña en un momento en el que los palestinos necesitan “el máximo apoyo” de la agencia. En un tono más duro, el ministro egipcio de Exteriores, Sameh Shoukry, se manifestó “sorprendido” y se preguntó en voz alta si la acción está “vinculada a la política de castigo colectivo contra los civiles en Gaza”.
La UNRWA lleva años haciendo equilibrismos para mantener sus fuentes de ingresos y, de hecho, tuvo que hacer recortes y despidos. Ya vivió una crisis similar en 2018, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos (también entonces principal donante) solo aportaría ese año 60 millones de dólares (56 millones de euros), frente a los 364 millones de 2017. La mitad del agujero lo cubrieron de urgencia cuatro países del Golfo: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí y Kuwait. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aplaudió al entonces presidente por “empezar a resolver el problema” y pidió el fin de la UNRWA, mientras que su diplomacia la calificó de “instrumento ilegítimo dirigido a la destrucción del Estado de Israel”.
